Carbunión anuncia que no se pagarán las nóminas mientres no se aprueben las ayudas al carbón
Los gobiernos de Asturias y de Castilla y León, que junto a los empresarios agrupados en la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión) han decidido constituir un «frente común» para luchar por el futuro de la única fuente energética autóctona con que cuenta España.
Hace unos días tuvo lugar en Oviedo la primera reunión para coordinar este «grupo de presión» y tras la misma, el presidente de la patronal minera, Victorino Alonso, dejó claro que hasta que las empresas consigan liquidez a través de los mecanismos establecidos en el real decreto paralizado ahora por Bruselas no podrán hacer frente a los gastos corrientes, incluidos los salarios de los trabajadores. La mayor parte de las compañías mineras, entre ellas Coto Minero del Cantábrico y Unión Minera del Norte (Uminsa), con 570 trabajadores en sus explotaciones asturianas de Degaña, Tineo y Cangas del Narcea, dejaron de pagar las nóminas de julio a sus trabajadores, por la falta de liquidez ante la paralización del real decreto que obliga a las eléctricas a comprar carbón autóctono. La patronal considera que podrán estar afectados los 2.150 trabajadores directamente en la nómina de las empresas mineras, además de los cerca de mil de las subcontratas.
Hace diez días el Gobierno decidió prorrogar un mes el almacenamiento estratégico de carbón autóctono para dar un respiro a las empresas, pero Carbunión considera «irrisoria» la cantidad de carbón que Hunosa va a comprar. También aseguró que que las ventas a la empresa pública previstas por el Consejo de Ministros no permitirían pagar las nóminas. La patronal, que asegura que el sector acumula un déficit de 250 millones después de seis meses sin facturar, pidió a Hunosa que asuma el excedente de cuatro meses de rendimiento, entre marzo y junio. Lo que más preocupa ahora a los empresarios es la paralización por Bruselas del real decreto, pero tras este apremiante problema está otro mayor aún: la prórroga del reglamento de ayudas de la UE. Termina el próximo 31 de diciembre y la propuesta de los comisarios europeos, que aún no es definitiva, habla de conceder únicamente ayudas al cierre de empresas.
El real decreto es ahora, sin embargo, lo que provoca los mayores dolores de cabeza a las empresa mineras. El texto que insta a las eléctricas a consumir carbón nacional está pendiente de la aprobación definitiva por parte de los comisarios europeos, y pese a que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de la UE desde hace tiempo, el colegio de comisarios no acaba de aprobarlo.
