El sector viario español presenta un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas para superar la crisis del COVID-19

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha presentado el 1 de junio, en rueda de prensa virtual, el Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas, una propuesta que podría absorber buena parte de los empleos que van a perderse en sectores que en otro momento fueron claves para superar situaciones críticas, favoreciendo simultáneamente la activación de nuevas formas de ocio y disfrute vacacional, como el turismo rural, y contribuyendo a implementar, en último extremo, las transformaciones y adaptaciones que la movilidad del futuro exige y que, más tarde o más temprano, habrán de tener prioridad en la agenda política.

En la rueda de prensa han intervenido Juan Francisco Lazcano, presidente de la AEC, Jacobo Díaz, director general, y Elena de la Peña, subdirectora general técnica.

El colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2006 fue el detonante, dos años más tarde, de una crisis financiera global que puso en jaque el sistema bancario internacional e hizo tambalear los cimientos de los mercados bursátiles. En el caso español, la situación se vio acentuada, además, por un elevado déficit público y el deterioro de la productividad, entre otros factores. El PIB registró en el primer año de la crisis (2008-2009) una caída del 3,8%, lo que condujo a la economía a una gran recesión tras quince años ininterrumpidos de crecimiento.

Programa 1 Interurbano.- 2+1. Mejora de la seguridad de las carreteras convencionales.

El Instituto Nacional de Estadística no dio por superada esta crisis financiera hasta 2014, si bien variables como el empleo no han logrado alcanzar aún niveles similares a los de su inicio. Así, en el sector de la construcción, entre 2008 y 2019 se han perdido 1.175.000 empleos y 200.000 empresas han desaparecido.

Tomando como referencia la realidad descrita, los datos que arroja la crisis a la que nos enfrentamos en este momento como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 presentan un panorama mucho más desolador. Según las últimas previsiones del Banco de España, el coronavirus destruirá entre un 9,5% y un 12,4% de la economía, un colapso sin precedentes concentrado en el primer semestre de 2020, con una subida del paro hasta el 21%. Los sectores más afectados, hostelería, restauración, transporte de viajeros, ocio, turismo, entretenimiento y comercio, que dan empleo al 20% de la población activa.

Según estima la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su tercer informe sobre los efectos de la pandemia, la crisis sanitaria se llevará por delante 3.500.000 puestos de trabajo a tiempo completo en España.

Por grupos de cotización a la Seguridad Social, los más expuestos serán los trabajadores con menos formación, unos grupos que cubren –de acuerdo a los datos aportados por el Banco de España- el 75% del empleo en las actividades relacionadas con el turismo, el ocio y el pequeño comercio.

Las infraestructuras en general y la carretera en particular han sido las grandes damnificadas por las políticas de los sucesivos gobiernos para afrontar la crisis financiera de 2008, políticas que han priorizado el cumplimiento del déficit público exigido por Bruselas y el gasto social.

Programa 2 Interurbano.- Repavimentación para la reducción de emisiones de CO₂.

Y precisamente porque en la última década las carreteras no han sido objeto de la atención necesaria, el sector viario ofrece un amplio campo de actuación que le posiciona como oportunidad cierta de recuperación económica frente a la crisis provocada por el COVID-19, absorbiendo buena parte de los empleos que van a perderse en sectores como la hostelería, los viajes y el pequeño comercio, favoreciendo simultáneamente la activación de nuevas formas de ocio y disfrute vacacional, como el turismo rural, y contribuyendo a implementar, en último extremo, las transformaciones y adaptaciones que la movilidad del futuro exige y que, más tarde o más temprano, habrán de tener prioridad en la agenda política.

Varios son los hechos que justifican esta afirmación:

1. El hecho cierto de que, de no actuar en el campo viario, los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de la Agenda 2030 pueden verse seriamente amenazados: Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2020-2030, Estrategia 'Sistema Seguro' –que se propone reducir a la mitad el número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030-, Pacto Verde Europeo, y Ley de Movilidad y Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada. Cuatro grandes desafíos a los que dar respuesta en este momento puede convertirse, además, en el principal revulsivo para superar la crisis provocada por la pandemia.
2. El hecho cierto de que, por cada millón de euros invertido en construcción, se generan 14 nuevos puestos de trabajo directos y 18 indirectos, según cálculos de las asociaciones de construcción y conservación de carreteras.
3. El hecho cierto de que la construcción y conservación de carreteras pueden absorber con rapidez y eficacia –a través de los programas de formación de la Fundación Laboral de la Construcción- buena parte de los perfiles laborales que se van a ver afectados por el desempleo sobrevenido por el coronavirus, y cuya recolocación en otros campos podría ser mucho más compleja.
4. El hecho cierto de que la falta de inversión y actuaciones en los últimos años han incrementado exponencialmente el déficit en conservación de las carreteras, cifrado en más de 7.000 millones de euros según el último 'Informe sobre Necesidades de Inversión de las Carreteras Españolas', publicado por la Asociación Española de la Carretera en 2018.

España se enfrenta a una crisis laboral sin precedentes. Hay pronósticos, como el de la consultora ManpowerGroup, que apuntan a que en 2021 el 25% de las personas protegidas actualmente por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) podrían acabar perdiendo su trabajo.

En este contexto, se impone la necesidad urgente de adoptar medidas que absorban los puestos de trabajo que la pandemia global afectará con mayor virulencia: hostelería, restauración, ocio, turismo y entretenimiento.

Por ello, desde la Asociación Española de la Carretera y en el marco de las 20 medidas trasladadas al Gobierno el pasado 29 de abril, pone sobre la mesa un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas que, con una inversión total de algo más de 32.000 millones de euros, podría generar más de 1 millón de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, para los perfiles más vulnerables (oficiales, peones y trabajadores con poca formación).

Programa 6 Interurbano.- Creación de una Red de Movilidad Turística en la España vacía.

El Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas se estructura en doce programas de actuación, seis en el ámbito interurbano y otros seis en los entornos urbanos, con una inversión cercana a los 24.700 millones de euros y la creación de 345.000 puestos de trabajo directos en el primer caso, y 7.360 millones y 103.000 empleos directos en el segundo.

La AEC estima, además, que este Plan podría generar otros 577.000 empleos indirectos, sumando un total de 1.025.000 nuevos puestos de trabajo.

Los doce programas se detallan a continuación.

• ÁMBITO INTERURBANO

Este programa se divide en tres líneas de actuación que requieren una inversión total de 2.852 millones de euros, contribuyendo a crear 40.000 nuevos empleos directos.

En concreto:

a. Carreteras 2 +1

Se trata de construir en vías de un solo carril por cada sentido de circulación un carril adicional que se alterna en uno y otro sentido, permitiendo los adelantamientos y eliminando el accidente frontal y frontolateral.

El informe 'Seguridad en carreteras convencionales: un reto prioritario de cara a 2020', elaborado por la Asociación Española de la Carretera y Seopan, identifica un total de 114 kilómetros de vías convencionales estatales y autonómicas (en Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana) en los que sería preciso acometer esta actuación, la cual requeriría una inversión de 126 millones de euros y permitiría crear 1.765 empleos directos.

b. Carreteras que perdonan

Estas carreteras permiten disminuir la probabilidad de accidente, compensando los errores humanos y generando un entorno más seguro para los usuarios a través de la delimitación de los márgenes o la mejora de la adherencia del pavimento, al tiempo que pueden reducir las consecuencias de los siniestros, dotando a la carretera de una 'zona de seguridad' en su margen, suavizando las pendientes de los taludes laterales, eliminando los obstáculos del borde de la calzada y, cuando no sea posible, instalando los sistemas de contención más adecuados.

Tomando como base el citado informe 'Seguridad en carreteras convencionales: un reto prioritario de cara a 2020' se puede concluir que actuar en este sentido sobre un total de 540 kilómetros de la red convencional de todo el país requeriría una inversión de 326 millones de euros y se generarían 4.560 empleos directos.

c. Tramos de especial peligrosidad

Extrapolando a toda la red convencional los resultados del estudio referido anteriormente y en lo que respecta a tramos de especial peligrosidad, habría que intervenir en 4.000 kilómetros, con una inversión de 2.400 millones de euros que darían trabajo de forma directa a 33.700 personas.

Estas intervenciones contemplan desde actuaciones de bajo coste, como instalación de bandas sonoras, panales direccionales, limitación de adelantamientos o señalización inteligente en cruces peligrosos, a medidas de mayor envergadura, como la ejecución de circunvalaciones en poblaciones, lo que evitaría, de media, un 25% de los accidentes con víctimas que se registran en estos puntos.

El 53% de la red de carreteras española presenta deterioros superficiales y estructurales en el pavimento.

Si el pavimento muestra un deterioro estructural importante (grietas en las rodadas, baches, deformaciones, agrietamiento grueso, desintegraciones graves...), los vehículos ligeros llegan a emitir hasta un 9% más de CO₂ (un 6% los pesados). Si el deterioro es superficial (agrietamiento fino, desintegraciones ligeras, descarnaduras, exudaciones...), las emisiones se incrementan un 5% y un 4% para cada tipo de vehículo.

Acometer un programa de repavimentación de un total de 90.000 kilómetros de carreteras en España (54.000 en las redes estatal y autonómica, y 33.800 en las vías provinciales) reduciría las emisiones de CO₂ un 6%, lo mismo que emite todo el tráfico de Madrid durante 8 meses.

La inversión necesaria es de 8.200 millones de euros y se crearían 114.400 empleos directos.

La movilidad conectada y autónoma es uno de los grandes retos del futuro inmediato. La optimización de la movilidad requerirá una adaptación de la infraestructura y de su equipamiento a los distintos niveles de automatización. Así, no sólo se necesitará un firme en buen estado y con una geometría consistente, sino también una señalización horizontal y vertical adecuada, información meteorológica de calidad, sistemas efectivos de aviso de incidencias, comunicación y posicionamiento en todo el recorrido -incluso en zonas críticas-, monitorización de la circulación, zonas de parada autónoma de emergencia, cobertura 5G, etc.

El Programa de adaptación progresiva de la red a la movilidad conectada que propone la Asociación Española de la Carretera plantea dos escenarios, uno de amplio alcance y un segundo con un alcance más limitado:

• Escenario 1: Aplicación a toda la red de doble calzada del país (17.228 kilómetros), por la que circula el 60% del tráfico.
• Escenario 2: Aplicación a toda la red de doble calzada del país, así como a la red convencional del Estado y la autonómica de primer orden (50.028 kilómetros), por las que circula, aproximadamente, el 75% del tráfico.

Estudios de la Unión Europea señalan que el coste unitario para adaptar una carretera de alta capacidad a la movilidad autónoma es de 230.000 €/km; si se asume un coste significativamente menor en el caso de la red convencional de carreteras (50% menos), se podría concluir que, en el Escenario 1, con una inversión de 3.962 millones de euros se crearían 55.500 puestos de trabajo directos.

En el Escenario 2, la inversión necesaria asciende a 7.734 millones de euros para actuaciones que darían empleo directo a 108.300 personas.

Otro de los grandes desafíos globales de la movilidad de personas y mercancías es la electrificación, un proceso que exige, además de incentivar la generalización de vehículos propulsados por baterías eléctricas, desplegar las infraestructuras de carga necesarias a lo largo y ancho de la red viaria.

En este sentido, la Asociación Española de la Carretera propone acometer un programa de instalación de puntos de recarga que funcionen por energía solar, programa que, como en el caso de la adaptación de la red a la movilidad conectada, se puede llevar a cabo en función de un criterio conservador (Escenario 1) y de otro más ambicioso (Escenario 2).

• Escenario 1: Dotar de una estación de carga con energía solar, de dos puestos, a todas las estaciones de servicio de España, un total de 11.600, lo que requiere de una inversión de 930 millones de euros mediante la que se generarían 13.000 nuevos empleos directos.
• Escenario 2: Instalar, además, una estación de carga similar cada 50 kilómetros de carreteras interurbanas, lo que supone un despliegue de 3.300 que se sumarían a las 11.600 del Escenario 1. La inversión en este caso se situaría en 1.190 millones de euros, ascendiendo la creación de empleo a 16.700 nuevos puestos de trabajo directos.

Su objetivo es asegurar el abastecimiento de mercancías en condiciones de eficiencia y seguridad en los entornos rurales, especialmente en aquellos puntos en los que se identifiquen problemas de accesibilidad.

Las actuaciones que contempla este programa son la adecuación de los accesos y la creación de una red de centros logísticos de pequeño tamaño donde sea posible realizar actividades de almacenamiento y distribución.

Una medida que se plantea para poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes (un total de 889 municipios en España). La inversión total estimada asciende a 622 millones de euros, una inversión que permitiría crear 8.700 puestos de trabajo directos (10 empleos de media en cada municipio).

Tiene como objetivo contribuir a la recuperación de la actividad turística en España a través de la adecuación de la red de carreteras de los entornos rurales.

El programa pone el acento en los municipios de menos 5.000 habitantes, un total de 6.827, en los que residen 5,7 millones de personas.

Se plantea llevar a cabo una actuación de mejora de la funcionalidad en los accesos a cada una de estas localidades a través de la humanización de sus vías, haciéndolas compatibles con todo tipo de movilidades, incluidas las más vulnerables, y en una media de 20 kilómetros, tanto en tramos interurbanos como en travesías.

Se estima una inversión total de 4.100 millones de euros, inversión que arrojaría un alto retorno en términos de empleo: 57.300 nuevos puestos de trabajo directos.

• ÁMBITO URBANO

Se centra en los municipios de más de 50.000 habitantes, en los que se propone llevar a cabo actuaciones de peatonalización y ampliación de aceras que garanticen el desplazamiento seguro de los usuarios vulnerables y contribuyan a generar una movilidad más sostenible en las ciudades.

La AEC estima que sería necesario peatonalizar el 15% de la red viaria urbana, y ampliar las aceras en un 40%, lo que requeriría de una inversión de 190 millones de euros, con la que se crearían 2.700 puestos de trabajo directos.

Comprende la construcción de carriles segregados sobre la calzada, separados del tráfico motorizado, para uso de ciclistas y usuarios de VMP.

La cobertura geográfica de esta actuación atiende a la construcción de 100 kilómetros de estos carriles en Madrid, Barcelona y Valencia; 50 kilómetros en Sevilla, Zaragoza y Málaga, y 20 kilómetros en los 57 municipios españoles que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes y en los 86 ayuntamientos que tienen censados entre 50.000 y 100.000 habitantes.

La actuación supone, por tanto, la construcción de más de 3.300 kilómetros de carriles segregados para bicicletas y VMP, con una inversión que supera los 165 millones de euros, que repercutiría en la generación de 2.320 nuevos empleos directos.

En virtud de este programa, se plantea construir cinco aparcamientos, preferiblemente subterráneos, disuasorios y conectados a la red de transporte público, en las ciudades de más de 500.000 habitantes (6 ciudades) y tres aparcamientos –que podrían ser en superficie- en ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes (57 ciudades).

La inversión que requiere esta actuación, según la AEC, es de 1.605 millones de euros, generando 22.500 nuevos empleos directos.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 establece que, a partir de 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán estar dotadas de zonas de bajas emisiones, debidamente delimitadas y con acceso limitado a los vehículos más contaminantes. El Plan establece que “se promoverá la ejecución a través de programas de apoyo público de las medidas contenidas en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, que habrán de llevar a cabo las Entidades Locales (con el apoyo de otras Administraciones territoriales y, en su caso, de la Administración General del Estado), y de Planes de Transporte al Trabajo, puestos en marcha por las empresas”. La inversión pública del plan se cifra en 3.140 millones de euros.

El programa que se propone en el marco del Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas de la AEC plantea abordar una tercera parte de las actuaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con una inversión de 1.036 millones de euros que darían trabajo a 14.500 personas de forma directa.

Alcanzar los cinco millones de unidades en 2030 es el objetivo de crecimiento que se ha fijado el Gobierno de España para el parque de vehículos eléctricos.

Actualmente, según Red Eléctrica de España, por las carreteras españolas circulan unos 81.000 vehículos propulsados por energía eléctrica.

El Programa de despliegue masivo de puntos de recarga eléctrica persigue dar cobertura de recarga en las ciudades. Con un coste medio de 6.000€ por punto de recarga público, para absorber las necesidades de crecimiento del parque en los próximos 3 años (que se estima habría de llegar a 1,5 millones de unidades matriculadas para mantener un crecimiento sostenido y alcanzar los 5 millones en 2030), se necesitaría un total de 150.000 puntos, lo que implica una inversión de 900 millones de euros y la creación de 12.600 puestos de trabajo directos.

Tomando como ejemplo la actuación en el acceso a Madrid por la A2, que prevé dotar a esta autovía de la infraestructura necesaria para permitir el uso exclusivo del carril izquierdo en ambos sentidos de circulación en horas punta a los autobuses y vehículos con alta ocupación mediante una gestión inteligente basada en sistemas ITS, este programa persigue extender esta experiencia a los accesos a las grandes ciudades, promoviendo 10 actuaciones de este tipo en áreas urbanas de más de 500.000 habitantes, y 3 actuaciones en ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes.

Estas acciones se llevarían a cabo en tramos de una longitud media de 15 kilómetros en cada sentido, interviniendo en un total de 30 kilómetros con un coste medio de 500.000 €/km. Así, en las grandes metrópolis este programa afectaría a 1.800 kilómetros, mientras que en ciudades más pequeñas sería 5.130 el número total de kilómetros sobre los que se intervendría. La inversión alcanzaría los 3.465 millones de euros, permitiendo ocupar a 48.500 personas de forma directa.

Las inversiones en el sector de la construcción tienen un retorno fiscal estimado del 49%, lo que significa que, de los 32.000 millones de euros de inversión que contempla el Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas, 15.680 millones revertirían en las arcas públicas en concepto de IVA, otros impuestos y cuotas a la Seguridad Social.

En cuanto a la viabilidad financiera de dicho Plan, al afectar su implementación a todas las administraciones del país con competencias en carreteras, tráfico y vías urbanas, la financiación podría plantearse en los siguientes términos:

1. Vía presupuestos ordinarios de las administraciones de carreteras, los cuales, además, habrían de compensar con carácter de urgencia los retrasos acumulados en la licitación y adjudicación de obras como consecuencia el Decreto de Estado de Alarma (resultando particularmente preocupante el desplome de la actividad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estimado en el 69% con respecto al ejercicio anterior).
2. Vía superávit de las entidades locales, cifrado en unos 28.000 millones de euros, de los que se ha autorizado utilizar, hasta el momento, tan solo el 20% del excedente del ejercicio 2019.
3. Vía fondos europeos, en concreto, a través del programa que ha presentado recientemente la Comisión Europea y que ha sido bautizado como “La Próxima Generación UE”, un plan de recuperación dotado con 750.000 millones de euros (500.000 millones en forma de subvenciones directas y 250.000 millones mediante préstamos), de los que unos 140.000 millones podrían destinarse a España, con 77.000 millones de euros de subvenciones directas.

Estas ayudas europeas han de dedicarse, por un lado, a compensar el exceso de los costes sanitarios y, por otro, a incentivar la inversión tanto pública como privada, así como a promover las políticas alineadas con los retos Verde y Digital, en los que las carreteras y las vías urbanas son determinantes.