Entrevista a Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de la Carretera (AEC)

La red de autovías y autopistas de nuestro país ha pasado en apenas 30 años de una situación deficitaria a contar con más de 15.000 kilómetros de vías de gran capacidad y “a la altura de las mejores de Europa”. Sin embargo, para Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el estado de conservación de estas vías y de las secundarias deja mucho que desear. “Nuestro país no alcanzará en 2014 el umbral mínimo de inversión en conservación viaria considerado por los principales organismos internacionales”, afirma.

La última inspección visual de carreteras realizada por la AEC para evaluar el estado de conservación de nuestras carreteras, presentada en 2012, es clara en este sentido. Las vías españolas adolecen de un déficit en conservación de 5.500 millones de euros, situándose en su peor posición desde la década de 1980.

A día de hoy, con los Presupuestos Generales del Estado de 2014 recién presentados, nos tememos que la situación no puede mejorar, ya que la partida destinada a carreteras se reduce en más de 800 millones (-27%), y pasa a representar el 24% de la inversión total del Grupo Fomento, una cifra inferior al 30% del presente año, muy insuficiente en este sentido.

Se ahonda, pues, en la desigualdad ya que se invierte menos. Además, el porcentaje correspondiente a las infraestructuras viarias también se hace más pequeño, en favor siempre del tren de alta velocidad. Si bien es cierto que la inversión global en ferrocarriles también se reduce, pasando de 4.705 millones a 4.573 (-2,8%), el porcentaje que este modo representa en el conjunto de las cuentas del Grupo Fomento crece del 47% del presente año al 51% de 2014.

Tememos, una vez más, que nuestro país no alcanzará el umbral mínimo de inversión en conservación viaria considerado por los principales organismos internacionales, que no es otro que el que aplican los países de nuestro entorno más comprometidos con su sector viario. Nos estamos refiriendo al 2% del valor patrimonial de la red viaria como inversión mínima anual en conservación de carreteras para mantener nuestra red en unas condiciones óptimas de de servicio. En cifras absolutas, se trata de unos 1.700 millones de euros al año para la red del Estado.

En estos momentos, las técnicas que más destacan son aquéllas que permiten alargar la vida útil de los pavimentos, un factor muy interesante para los gestores de carreteras en las actuales circunstancias. También son muy valoradas las tecnologías de pavimentos que incentivan el uso de materiales de desecho como los neumáticos fuera de uso (NFU) o los residuos de construcción y demolición (RCD). En definitiva, todos aquellos procedimientos que mejoran la calidad de servicio de las carreteras y requieren inversiones ajustadas.

Las cifras de seguridad vial de nuestro país en la última década constatan que la evolución en este sentido ha sido abismal. En los últimos años, hemos sido capaces de reducir más de la mitad las cifras de muerte por accidente de tráfico en nuestras carreteras, situándonos en grupo de cabeza de los países europeos más comprometidos en esta materia.

Todo ello ha sido posible gracias a la suma de varios factores de diversa índole, como la introducción del permiso de conducir por puntos, los cambios legislativos, el incremento de la vigilancia de las carreteras y la mejora de la seguridad activa y pasiva de los vehículos. Sin embargo, hay que ir más allá para explicar estos cambios tan significativos.

Aquí es donde entran en juego las infraestructuras viarias como factor de mejora ineludible en las estadísticas de seguridad vial. Los avances en la red de autovías y autopistas han sido sobresalientes, pasando en pocos años de la situación deficitaria de los primeros años de 1980 a los momentos actuales, con una red de algo más de 15.000 kilómetros de vías de gran capacidad a la altura de las mejores de Europa.

Es de justicia reconocer que no. La mayor parte se concentra en las vías secundarias, que, por otra parte, suponen la mayor parte también de nuestra red de carreteras. El desafío en este terreno es adecuar y modernizar estas vías más modestas para incrementar sus niveles de seguridad y continuar así reduciendo año tras años las estadísticas de muerte en accidente de tráfico.

En este sentido, es de gran utilidad trasladar a estas carreteras la filosofía europea de las ‘forgiving roads’ o ‘carreteras clementes’, de tal modo que seamos capaces de diseñar y poner en servicio carreteras que minimicen al máximo los errores que puedan cometer los usuarios. De esta forma, estaremos apostando por unas vías que facilitan al máximo la conducción y, por tanto, reducen las probabilidades de cometer errores y sufrir accidentes.

A comienzos de la década pasada, el mandato de la Comisión Europea fue claro: antes de 2010 era urgente reducir al 50% las muertes por accidente de tráfico. En España se tomaron una serie de decisiones y, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), el objetivo se ha cumplido con creces. Es más, a día de hoy continuamos reduciendo año tras año las cifras de siniestralidad a un ritmo sostenido de en torno al 10%. A día de hoy, España puede presumir de estar a la altura de los países que mejor comportamiento han tenido en este terreno.

Por su propia naturaleza, siempre existirán Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), es decir, tramos cuya accidentalidad se sitúa por encima de la media. De todos modos, en los últimos años se viene observando que la gravedad de los accidentes registrados en estos puntos es inferior, lo cual es una buena noticia de cara a la mejora general de las estadísticas de siniestralidad. El verdadero reto en este sentido es identificar y solucionar los problemas de seguridad vial que no se localizan en los TCA sino en los demás puntos que están diseminados por toda la red viaria.

Antes de que se introdujera en España, el permiso de conducir por puntos ya había mostrado sus buenas credenciales en otros países de nuestro entorno. Por ello, en su día, en 2006 concretamente, las autoridades decidieron que era el momento adecuado de dar un paso más en la lucha contra los accidentes de tráfico. Con la perspectiva que dan los años, podemos afirmar que fue una decisión correcta ya que, entre otras cuestiones, el permiso de conducir por puntos ha implicado aún más a los conductores en el mundo de la seguridad vial. Hoy en día es un elemento profundamente internalizado por el ciudadano y un ejemplo de éxito exportable al mundo.

Es evidente que la concienciación del ciudadano a este respecto ha evolucionado muy positivamente en los últimos años. La seguridad vial ha pasado a ocupar un espacio en la vida pública española que es muy diferente al de hace pocos años. Este cambio ha coincidido, obviamente, con la mejora de las estadísticas de seguridad vial. Y en ello han tenido mucho que ver los factores mencionados anteriormente (cambios legislativos, permiso de conducir por puntos, aumento de vigilancia en carretera y mejoras en infraestructuras y vehículos). Justo es reconocer que a esta educación ha contribuido el notable incremento del control y fiscalización por parte de las Administraciones.

El sector viario no es ajeno a todo lo que tenga relación con la mejora del medio ambiente. Por ello, apoya y favorece todos los procesos que se encaminen en esta dirección. Son muchos los frentes desde los que se trabaja. Dejando a un lado el mundo de la automoción, directamente involucrado en la reducción de las emisiones contaminantes, sectores como el de la fabricación de firmes trabajan muy duro para desarrollar técnicas lo menos agresivas posible con el medio ambiente. Me estoy refiriendo a procesos como el reciclado de firmes o la fabricación de mezclas bituminosas en frío o templadas.

Pero el verdadero favor que puede hacer el sector por limitar las emisiones consiste en minimizar la aparición y recurrencia de los atascos, principalmente en entornos urbanos. Éste debe ser el camino a seguir en adelante y la crisis, por muchas dificultades financieras y presupuestarias que conlleve, no puede ser la excusa para que el sector viario desatienda sus compromisos con el respeto al medio ambiente.