Mantener la inversión pública en infraestructuras generaría el 2,9% del PIB en 2020

Un estudio dirigido por Jorge Servert, vicepresidente de la Comisión de Edificación y Urbanismo del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, analiza el valor del impacto que tiene la inversión pública sobre la economía española y el empleo tras la crisis del COVID-19. Para ello, se ha utilizado un modelo Input-Output de Leontief a partir de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la inversión pública en 2019 y, a modo de ejemplo, las cuentas anuales de Aena del período 2017-2019.

Mantener la inversión pública en infraestructuras en la misma magnitud del pasado año, aproximadamente 10.000 millones de euros, generaría un efecto total sobre la economía española de 36.000 millones de euros (2,9% del PIB del año 2019); rentas salariales de 6.000 millones de euros y aproximadamente 125.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Un escenario de aumento del 15% de la inversión pública en infraestructuras con respecto a 2019 generaría un efecto total sobre la economía de 42.000 millones de euros (3,4% del PIB del año 2020); rentas salariales de 7.000 millones de euros y aproximadamente 145.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El estudio arroja que cada millón de euros adicional de inversión pública en infraestructuras generaría:

• Un millón de euros directos, un millón de euros indirectos en el resto de los sectores productivos y 1,6 millones de euros adicionales inducidos por los hogares. En total, 3,6 millones de euros.
• 800.000 euros de rentas salariales totales.
• Nueve empleos equivalentes a tiempo completo directos, siete indirectos y siete inducidos. Un total de 23 empleos.

Es fundamental no paralizar el proceso de licitación y contratación de obras y servicios durante el desarrollo de esta crisis, asegurándose de que se puedan ejecutar, en función de su prioridad y utilidad, tan pronto como sea posible. Esto facilitaría una recuperación más rápida de la economía española, amortiguaría el decrecimiento del PIB reflejado en previsiones como la del FMI, disminuiría la destrucción de tejido productivo y permitiría al país beneficiarse tanto de mejores condiciones de contratación, por la situación de exceso de oferta y falta de demanda, como de posibles programas de estímulo que desarrollen la Unión Europea u otros organismos.

Aún teniendo en cuenta que, durante un periodo transitorio, se generará una disminución de ingresos asociados a una menor actividad económica, para el sector público y las empresas que gestionan infraestructuras, realizar ahora inversiones necesarias a un menor coste que el previsto generará un beneficio a medio y largo plazo para el sector público y las empresas, además de un impacto positivo a corto plazo para la sociedad.

En el caso de Aena, la empresa pública española que gestiona aeropuertos de interés general en España, mantener las inversiones en infraestructuras previstas o, incluso, adelantarlas aumentando la inversión en un 15% con respecto a lo previsto, serviría para sostener la demanda agregada y evitar que ésta se hunda temporalmente por el impacto del COVID-19. Estas inversiones generarían un impacto total, incluyendo directo, indirecto e inducido, del orden de 1.600 a 1.900 millones de euros (0,2% del PIB de España en 2019) y una generación de empleo del orden de 10.000 a 12.000 puestos.

Las conclusiones de este análisis se pueden extrapolar a otras administraciones y organismos, tanto públicos como privados. Puede consultar más información del estudio utilizado para la realización de esta nota en este enlace.