El Parlamento reclama más medidas de prevención contra accidentes como el de Bangladesh
Tras el incendio y derrumbe recientes de una fábrica textil en Bangladesh, los eurodiputados han reclamado, en una resolución aprobada hoy por el pleno, más medidas preventivas para evitar accidentes similares en el futuro. El PE pide a la Comisión que promueva actividades de negocio responsables entre las empresas europeas que operan fuera de la UE, y que se asegure de que cumplen estrictamente con sus obligaciones jurídicas en cuanto a derechos humanos y legislación laboral y medioambiental.
Los eurodiputados recuerdan que Bangladesh se beneficia de un acceso al mercado comunitario sin derechos de aduana ni contingentes y que estos privilegios pueden ser retirados si se violan de forma grave y sistemática los principios defendidos en las distintas convenciones de derechos humanos.
En una resolución aprobada este jueves por 459 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones, el Parlamento pide a la Comisión que investigue el cumplimiento de estos deberes por parte de Bangladesh y que considere suprimir estas ventajas comerciales si concluye que se han producido violaciones en este sentido.
La resolución insiste en que los responsables del colapso del Rana Plaza, del incendio en la fábrica de Tazreen y de cualquier otro incidente similar, deben dar cuentas ante la justicia, que las víctimas deben tener acceso pleno al sistema judicial y que deben beneficiarse de un plan de compensaciones.
Los eurodiputados reconocen la importancia del Acuerdo sobre Incendios y Seguridad de Edificios alcanzado recientemente en Bangladesh entre sindicatos, ONGs y alrededor de cuarenta multinacionales del sector textil. Sin embargo, instan a otras empresas textiles a sumarse a esta iniciativa, incluyendo firmas como Walmart, Gap, Metro, NKD y Ernstings, que continúan rechazando cualquier acuerdo vinculante.
El plan de acción adoptado a principios de mayo con el fin de reformar la legislación laboral es también una medida bien acogida por la Eurocámara. Sin embargo, los eurodiputados esperan que el gobierno y las principales autoridades judiciales investiguen las denuncias que apuntan a que la normativa nacional de edificios no se aplicó debido a una combinación de funcionarios corruptos y propietarios que buscaban reducir sus costes.
