2023, el año del impulso definitivo a la digitalización del sector del agua urbana

El año 2023 se presenta como un año clave para el cumplimiento de varios desafíos que el sector de los servicios de agua urbana tiene por delante en el corto plazo, pero sin perder de vista aquellos que debemos afrontar en el largo plazo. La estrategia y planificación a largo plazo es una visión esencial en nuestra actividad y debe orientar los objetivos de eficiencia, la sostenibilidad y el mejor servicio al ciudadano. Los grandes éxitos históricos de nuestra gobernanza se encuentran en esta visión y los defectos que venimos diagnosticando se circunscriben a un enfoque del corto plazo, muchas veces relacionado con los ciclos electorales.

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo.

En el nuevo ejercicio anual, uno de los retos inmediatos y más decisivos es el relacionado con el Perte de digitalización del ciclo del agua —puesto en marcha, en 2022, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, que supone una gran oportunidad para nuestro sector.

Sin duda, los últimos años han estado marcados por un fuerte impulso de la digitalización dentro del sector del agua urbana y puede considerarse una tecnología madura entre las empresas líderes del sector. Pienso que esto ha sido un factor trascendente, junto a la necesidad de conocer el uso del agua en el ámbito urbano, para que se haya decidido la puesta en marcha de este Perte.

En estos momentos, está a punto de finalizar —el 10 de febrero— la presentación de propuestas de la primera convocatoria, destinada al desarrollo de proyectos de digitalización y eficiencia en la gestión del agua para municipios mayores de 20.000 habitantes, y que contempla tres grandes tipos de actuaciones subvencionables: a) Cartografía, modelización y elaboración de planes y proyectos; b) Actuaciones de captación, abastecimiento, saneamiento, depuración y vertidos; y c) Gestión de la información, datos y ciberseguridad. Estas subvenciones europeas, destinadas a grandes proyectos demostrativos y ejemplarizantes, se concederán por concurrencia competitiva y suponen 200 millones de euros.

Me consta que las empresas del sector están trabajando afanosamente para cumplir con cada uno de los exigentes requisitos de esta primera convocatoria y estoy convencido de que se van a proponer magníficos proyectos, emblemáticos, tractores y ejemplares.

Pero el desarrollo del Perte no finalizará con esta primera convocatoria y el sector deberá continuar trabajando en nuevos proyectos para las futuras convocatorias, ya que está prevista una inversión total de 3.060 millones de euros −1.940 millones de inversión pública directa y 1.120 de fondos complementarios público-privados− mediante varios instrumentos de financiación. Estos serán aplicaciones directas y convocatorias de subvenciones que gestiona el Miteco, directas para las confederaciones hidrográficas, transferencias a las comunidades autónomas para que desarrollen sus propias ayudas, convocatoria de subvenciones para los operadores y entidades locales y contratos directos que licitará la Dirección General del Agua.

"Sin duda, los últimos años han estado marcados por un fuerte impulso de la digitalización dentro del sector del agua urbana y puede considerarse una tecnología madura entre las empresas líderes del sector"

Pero hay otro importante desafío que debemos afrontar en el corto plazo y es la sostenibilidad económica. La coyuntura económica actual, donde los sobrecostes eléctricos han sido y serán desmesurados, ha arrastrado al incremento de precios de suministros y servicios que conforman el coste del agua.

Se trata de un reto inmediato, urgente y coyuntural porque la obligación de mantener los equilibrios económicos de los servicios básicos va a estresar al sector y se requiere una adaptación de los clásicos esquemas de colaboración público-privada.

El sector no ha repercutido en las tarifas estos evidentes y justificados incrementos de costes y, sin la sostenibilidad económica de los operadores, será muy difícil mantener la necesaria sostenibilidad social y ambiental.

Estamos trasladando esta situación a las administraciones públicas responsables para que actúen en consecuencia, ya que, hasta el momento, el problema y la capacidad de resiliencia se ha cargado exclusivamente en los operadores. Ahora mismo estos gestores están manteniendo la calidad de prestación de los servicios en evidentes condiciones de desequilibrio y riesgo económico. Todo ello, y evitando llegar a una situación irreversible o de caos, requiere mucho trabajo que hacer de forma muy urgente.

"Desde el sector estamos preocupados por cómo poder gestionar estos nuevos retos, y el futuro, en condiciones de sostenibilidad, eficiencia, garantía y resiliencia"

En este 2023 también llegan dos retos trascendentales desde Europa como son la transposición de la Directiva de aguas de consumo humano y el desarrollo de la Directiva de aguas residuales.

El pasado 11 de enero se publicó el Real Decreto que actualiza los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, norma que traspone la Directiva de aguas de consumo.

Su finalidad es establecer el marco jurídico para proteger la salud humana de los efectos adversos de cualquier contaminación del agua de consumo y facilitar el acceso a la misma siguiendo las indicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.

Esta normativa supone un enorme desafío para el sector, puesto que afecta a las aguas de consumo que llegan al usuario a través del grifo, así como al aseguramiento y control de su calidad, garantizando y mejorando su acceso, disponibilidad, salubridad y limpieza. Todo ello con una nueva estrategia basada en un enfoque en riesgos y en una visión muy holística del proceso; zonas de captación, potabilización y distribución, e instalaciones internas en los edificios hasta llegar al grifo del consumidor.

Además, exige una adaptación de formas de control y procedimientos en la actividad de los operadores y las administraciones públicas concernidas y tendrá un fuerte impacto económico en los costes del servicio de abastecimiento, como así lo reconoce la propia evaluación económica hecha pública por el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, en Europa se está trabajando en la Directiva de aguas residuales, cuyo borrador (Comisión Europea) se hizo oficialmente público el pasado 26 de octubre de 2022.

La exigencias de dotarnos de una mayor generalización de procesos para reducir nutrientes, la implantación de tratamientos “cuaternarios” para depurar la contaminación de preocupación emergente, para EDAR grandes —100.000 habitantes equivalentes (h.e.)— el objetivo de neutralidad de consumos energéticos en plantas superiores a 10.000 h.e. o el extremo requisito de reducir la carga vertida por los desbordamientos de la red de alcantarillado, son algunos de los grandes objetivos.

Del documento presentado, y sus anejos, se desprende que esta exigente y ambiciosa Directiva supondrá unos importantes sobrecostes de los servicios, en este caso del de saneamiento.

Desde el sector estamos preocupados por cómo poder gestionar estos nuevos retos y el futuro en condiciones de sostenibilidad, eficiencia, garantía y resiliencia. Para ello ofrecemos nuestras capacidades técnicas, el reconocido prestigio y experiencia de nuestros operadores, la capacidad de cooperación entre actores con dispares modelos, que han hecho posible la colaboración público-privada más efectiva.

"El sector no ha repercutido en las tarifas estos evidentes y justificados incrementos de costes y, sin la sostenibilidad económica de los operadores, será muy difícil mantener la necesaria sostenibilidad social y ambiental"

Por último, también tenemos por delante el desafío de avanzar en otros retos de coyuntura más general, que deberemos alcanzar en el medio y largo plazo.

Uno de esos elementos es la sostenibilidad, tanto ambiental, económica y social de todos los elementos que conforman el ciclo urbano del agua, ya que se trata de un elemento reiterado en los desafíos a los que tiene que hacer frente el sector en los próximos años.

En ese sentido, una vez más me gustaría reclamar que resulta imprescindible realizar un mayor esfuerzo inversor sostenido y progresar en el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva Marco del Agua, que establece los principios de “recuperación de costes”, una “adecuada contribución del usuario” y de que “quien contamina paga”.

Además, quiero recordar que el sector continúa demandando una armonización regulatoria en materia de gobernanza y administración de los servicios urbanos del agua orientada a la eficiencia y la adecuada transparencia, así como un mayor impulso a la innovación —coyunturalmente, como hemos visto— muy centrado hoy en la transición digital.

Asimismo, sigo pensando que hace falta un pacto social y político para que el agua recupere su posición en la agenda pública. Por ello, resulta de gran importancia lograr el compromiso tanto de los responsables políticos —a nivel estatal, autonómico y local— como de los ciudadanos, con los retos de los que he hablado en este artículo y que debe abordar en el sector del agua urbana. Para ello, es necesario potenciar una comunicación más eficiente y transparente, de manera que comprendan mejor por qué son necesarios para garantizar esa sostenibilidad medioambiental, económica y social de los servicios esenciales del agua.