Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León pone en valor el trabajo de PEFC en la conservación de los montes
El consejero Suárez-Quiñones ha reconocido que la certificación forestal es un plus de garantía y calidad en la gestión de los montes y ha hecho público el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sostenibilidad de los montes: “El objetivo de esta legislatura es llegar a las 800.000 hectáreas de monte certificado”. Hasta el momento la Comunidad de Castilla y León cuenta con 693.346 has certificadas en gestión forestal sostenible con el sello PEFC, en su mayoría gestionadas por la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León.
La Comunidad de Castilla y León es la que cuenta con más superficie certificada PEFC en España, con cerca del 40% del total nacional. Asimismo, existen 90 empresas de transformación de productos forestales que producen de forma responsable y que también cuentan con el certificado PEFC en Cadena de Custodia.
Uno de los principales puntos tratados en la 22ª Asamblea General de PEFC ha sido la renovación de cargos institucionales para el periodo 2016-2019, como presidente se ha elegido a Juan Luis Abián (PEFC Cataluña), y como vicepresidentes a Lorenzo Rodríguez (Junta de Castilla y León), José Causí (Aspapel) y Antonio de María (PEFC Galicia).
Han asistido representantes de propietarios forestales públicos y privados de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Euskadi, Galicia, y Navarra, así como representantes de la industria como Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) y COSE (Confederación Agroforestal que agrupa a las Asociaciones de Propietarios Forestales Privados) y los Colegios de Ingenieros de Montes y Forestales.
La Asamblea de PEFC se constituye como una mesa de diálogo en el que los asistentes ponen en común las distintas actividades llevadas a cabo a lo largo del presente año para promover la sostenibilidad forestal, así como futuras acciones en los distintos territorios nacionales, conseguidas gracias a la colaboración entre la
Administración Pública, los propietarios y gestores forestales, la industria, las organizaciones sectoriales y la sociedad civil.
