Entrevista a Manuel Muelas, presidente de la AFCCM
El sector reclama que se reconozca legal y normativamente al sector de la construcción industrializada de viviendas como un medio innovador, que abarata el producto, favorece al medio ambiente y favorece la estabilidad y seguridad de los trabajadores. Después de llevar a cabo infinidad de gestiones, antes y después de que naciera la Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera de España (AFCCM), en el año 2000, este colectivo ha tomado la iniciativa de denunciar ante el Defensor del Pueblo la situación de agravio y vacío legal que vive el sector de la construcción industrializada, amordazado por la legislación afín a la construcción convencional, que abandera la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación). “Parece ser que el Defensor del Pueblo llama a capítulo a las administraciones que ignoran o desoyen las reivindicaciones de los ciudadanos y asociaciones profesionales, como es nuestro caso. Sus actuaciones se caracterizan por la eficacia; si tampoco funciona, habremos de llegar a Europa, como sea”, afirma Manuel Muelas, presidente de la AFCCM.
¿Por qué la AFCCM acude finalmente a esta instancia para reclamar sus derechos?
Creíamos en la buena voluntad de nuestros interlocutores. Pero hemos perdido el tiempo. Han tirado por tierra todas y cada una de nuestras propuestas, ya que aducen una y otra vez a lo que prescribe la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
La LOE está referida a la construcción tradicional en parcela, pero se aplica también a la construcción industrializada, convirtiéndose en una suma de obstáculos que desvirtúan la mayoría de sus ventajas. Por ejemplo, exigir un proyecto por cada casa fabricada, encarece ésta en torno a un seis por ciento. Hacerla pasar por el laberinto burocrático vigente retrasa su puesta en uso varios meses, cuando podría estar operativa en quince días.
Hemos tratado de explicar esta situación a los cuatro vientos, por activa y por pasiva, y es un clamor en el desierto. Lo paradójico es que los propios Ministerios de Fomento o Industria hablan en sus respectivas webs de innovación, la puesta al día de las normativas y la colaboración con las asociaciones profesionales. Yo afirmo que eso es pura imagen, pero no se corresponde con la realidad.
¿Cuándo comienza la cruzada de la AFCCM frente al status quo que perjudica sus intereses y desarrollo como sector?
Este despropósito empezó a ponerse de manifiesto de forma elocuente cuando surgió para nosotros el problema del seguro decenal: como la LOE no contempla en forma alguna la relación directa entre fabricante y comprador de vivienda, obligaba al auto promotor a asegurarse contra sí mismo, a lo cual se unía la negativa de las aseguradoras a asegurar nada que no proviniese de la construcción convencional. Todo lo cual generó una situación dantesca, que pudo hacer desaparecer completamente a todo el sector de la fabricación de viviendas. Afortunadamente, se logró resolver ese problema por la vía del derecho de petición. Pero únicamente resolvimos aquel dilema. Hoy seguimos estrellándonos contra la burocracia y la infinidad de trámites que nos exige la LOE.
¿Cuál es el obstáculo principal que halla en su camino el sector de la construcción industrializada de viviendas en España?
Todos los objetivos de innovación, investigación y desarrollo que declaman, entre otros, la Dirección General de la Vivienda en el Ministerio de Fomento, se cumplen holgada y rigurosamente en la construcción industrializada.
La construcción industrializada obedece a criterios de producción en serie o de fabricación controlada; exactamente igual que sucede en los segmentos del automóvil, los muebles o los electrodomésticos, entre millares de artículos de consumo.
Los fabricantes de viviendas estamos obligados a realizar un proyecto por cada casa. ¿Aceptaría alguien que compra un coche que se tuviese que realizar un proyecto individualizado de ese coche? Sería absurdo, completamente. En nuestro sector sucede, y todo el mundo mira a otro lado.
La LOE obliga a un proyecto por cada obra, lo cual es absolutamente incompatible con un concepto industrial, donde con un proyecto se hacen multitud de unidades de un mismo producto. Asimismo, se obliga a solicitar una licencia de obra por el traslado de una vivienda fabricada a una parcela. E incluso a obtener una licencia de demolición por su traslado a otra parcela, más una segunda licencia de construcción para colocarla en su nuevo emplazamiento. Esto es inadmisible, pero beneficia a muchas personas…
Es ridículo empeñarnos en seguir así, y quienes nos dedicamos a la construcción industrializada no tenemos más remedio que denunciarlo, un día tras otro, hasta que cambie.
¿Vendría la construcción industrializada a solucionar los principales problemas vigentes del mercado inmobiliario español?
La construcción industrializada topa de lleno con el artículo 47 de la Constitución Española, que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Evidentemente, este es un magnífico mandato o recomendación del cuerpo legislativo, pero la realidad demuestra que entre lo que dicta la ley y lo que realmente hace la Administración del Estado hay una quiebra absoluta.
España es uno de los países europeos con mayor dificultad de acceso a la vivienda. Y los fracasos se tapan con parches, alargando la financiación. De tal forma que quien compra una vivienda se condena para muchísimo años.
Jamás se piensa en fórmulas para abaratar la construcción, y se ignora deliberadamente a la construcción industrializada, por razones inexplicables. La propia LOE, en su artículo 2, dice que “su ámbito de aplicación es el proceso de la edificación, entendiendo como tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente”; lo cual choca de frente con la construcción industrializada, que también contempla la posibilidad de la vivienda móvil.
¿Por qué cree usted que son así las cosas, y cuesta tanto cambiarlas?
La LOE se hizo para tapar la ineficacia del mundo judicial, donde se acumulaban los problemas, y no se resolvían. Con ella se satisfacía y tranquilizaba a numerosos colectivos como los ayuntamientos, arquitectos, aparejadores, oficinas técnicas de control y colegios profesionales varios. No en vano, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afirma que “la mayor fuente de corrupción es la burocracia”, y donde más burocracia hay es, indudablemente, en la construcción, donde la vivienda ocupa un lugar preferente.
En Europa se está tratando de simplificar los procedimientos de acceso a una vivienda. Aquí, sin embargo, todo el mundo encoge los hombros. Creando confusión y dificultando el desarrollo y la innovación.
Dentro de lo que es la construcción convencional, la LOE contempla, acoge y otorga un papel a numerosos agentes intermediarios en el proceso de la concepción de una vivienda, de trámites y de burocracia que, una vez más, son incompatibles con la construcción industrializada, donde simplemente dialogan fabricante y consumidor. Lo cual abarata el producto y, además, funciona. El fabricante debe asumir una serie de responsabilidades, lo cual recogería la “declaración de prestaciones” que hoy se está preconizando por doquier.
Creo que la Dirección General de la Vivienda sinceramente ignora la facilidad al acceso a la vivienda que la construcción industrializada garantiza, así como el recorte de precio por metro cuadrado que ésta supondría para el comprador, siempre que se le exima del marco normativo que envuelve a la construcción convencional. Porque para que la industria genere beneficios interesantes y nítidos es preciso que opere y funcione como industria.
¿Por dónde empezaría a resolverse este magno problema?
La Administración, en vez de dedicarse a administrar, sigue empeñada en decidir lo que tienen que hacer los españoles, por encima de los legisladores y del propio mercado. Buena política es hacer posible lo que es necesario. La buena política es hacer esto con rapidez y eficacia. Hacer lo contrario, como sucede en el tema que nos ocupa, es una mala política.
Cuando me preguntaba la anterior Directora General de la Vivienda qué es lo que yo quería, me limité a responderle que “lo que hiciera posible que una persona que necesitase una vivienda y dispusiese de un terreno adecuado, con la cédula urbanística de la parcela correspondiente, eligiera una casa adecuada a sus necesidades y pudiera disponer de éste en unos días, en pleno uso. A lo cual ella argumentó que eso era imposible, porque una licencia municipal tarda como mínimo tres meses en otorgarse. Si hay que tragar con eso, qué sentido tenía hablarle de las ventajas de los procesos industriales…
Las necesidades de vivienda son cambiantes. Es obvio que en España conviene promover la movilidad laboral. Nos hemos empeñado en que las personas mayores vivan en la almendra de las ciudades, lo cual es claramente inadecuado. Entretanto, los modelos de familia han variado mucho.
Quien mejor detecta siempre las necesidades es el mercado. Dejémosle funcionar.
¿Conserva usted esperanzas de ver a corto plazo un marco legislativo específico y diferenciado para la construcción industrializada de viviendas?
Sinceramente, aspiro a ver la solución más pronto que tarde. En España hay cientos de miles de viviendas sin venderse, y cientos de miles de personas sin vivienda. La quiebra del sistema vigente es evidente.
En países mucho más avanzados que el nuestro, la industria proporciona casas, en proporción equivalente a las que se construyen, pero a mitad de precio.
En todo lo que sea mejorar la calidad habitacional, la seguridad, el medioambiente y el ahorro energético, la construcción industrializada supera holgadamente a la construcción convencional. Lo dicen personas de máximo relieve en el mundo de la edificación.
Todavía la realidad va por un lado, y el día a día de la edificación va por otro. Afortunadamente, docentes y estudiantes del mundo de la arquitectura van conociendo progresivamente las ventajas de la construcción industrializada. A ellos y al sentido común nos hemos de encomendar.
