El 18 de octubre se celebra el ‘Día Internacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza’, para visibilizar y poner en valor al sector

Las grandes organizaciones nacionales del sector de la limpieza profesional, AFELÍN (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales) y ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de la Limpieza) lanzan conjuntamente un llamamiento para que la Administración acceda a corregir las condiciones económicas en las contratas. No hacerlo, advierten, supone un riesgo para la estabilidad de miles de trabajadores en la actual coyuntura de inflación.

Este anuncio coincide con el Día Internacional de Agradecimiento al Personal de Limpieza, que se celebra este 18 de octubre en España, con el lema #LimpiezaServicioEsencial.

El sector representado por ASPEL y AFELÍN plantea la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía, un marco legal que actualmente impide a las empresas de limpieza actualizar los precios de los contratos ya firmados con la Administración. Esta situación representa un verdadero problema económico para las empresas debido al incremento de costes: inflación disparada, aumento del SMI y cotizaciones sociales, costes de energía, etc.

Actualmente muchas empresas de servicios que trabajan para la Administración lo hacen a pérdidas tratándose de una situación insostenible denunciada por AFELÍN y ASPEL desde hace más de un año.

Con la reforma de la Ley de Desindexación, las empresas podrían repercutir estos aumentos en los contratos de limpieza actualmente en ejecución y podrían seguir prestando unos servicios de calidad a las administraciones públicas, sin poner en peligro la estabilidad de miles de trabajadores.

En nuestro país, más de 570.000 personas trabajan en alguna de las cerca de 36.000 empresas (pymes en su mayoría) que conforman el sector, representando el 1,05% del PIB, hasta el punto que el 2% de todos los asalariados en España trabajan en este sector imprescindible para el funcionamiento diario de la sociedad.

De esta fuerza de trabajo dependen a diario las condiciones de higiene, limpieza, salud y bienestar necesarios en, por ejemplo, más de 30.000 centros educativos, 13.000 centros sanitarios así como miles de industrias, comercios y poblaciones, convirtiéndose en una parte imprescindible de la cadena de valor del resto de sectores.

Pese a estos indicadores, el sector tiene que reivindicar una vez más que la limpieza es un servicio esencial, algo que la Administración no reconoce aún. A estas reivindicaciones, se han sumado en los últimos meses una serie de retos de carácter coyuntural que dificultan todavía más el trabajo diario y la supervivencia de las empresas.

Es el caso de la necesidad de eliminar la obligatoriedad para el contratista de cumplir con las prórrogas en los contratos públicos, lo que permitiría una mayor flexibilidad en las negociaciones y una mejor adaptación a condiciones cambiantes. La propuesta de AFELÍN y ASPEL consiste en que estas prórrogas sean negociables entre la Administración y las empresas y no forzosas como hasta ahora.

El hecho de que las empresas continúen prestando el servicio de forma obligatoria (incluyendo prórrogas) sin recibir a cambio ningún tipo de compensación por costes sobrevenidos, está acarreando unas pérdidas que están poniendo en serio peligro la continuidad de la actividad en miles de contratas de limpieza de espacios y edificios públicos, con el peligro de colapso que significa para la actividad de un país.

“Resulta incomprensible que esté siendo precisamente el sector privado quien esté dignificando nuestro sector pagando el precio que toca por los servicios de limpieza, mientras la administración -que debería ser ejemplo de calidad laboral para los más vulnerables- haga lo contrario de lo que predica”, señalan los presidentes de ASPEL y AFELÍN, Juan Díez de los Ríos y Jesús Martín, respectivamente.

Otros países de nuestro entorno europeo, como Francia, Italia o Portugal, hace meses que corrigieron este efecto de la coyuntura en las contratas con los servicios de limpieza.

Otra de las grandes reivindicaciones del sector es que el criterio para contratar no sea simplemente la oferta más económica, sino que se apliquen criterios de valor óptimo. La directiva europea es muy clara en este sentido Debe contratarse por criterio de precio-calidad aplicándose otros criterios, como por ejemplo la sostenibilidad e innovación de las empresas o la formación de los empleados.

Toda la doctrina de la UE insiste en que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración sino también un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales, como la calidad en el empleo para las personas más vulnerables. Por este motivo, la Administración debe dar ejemplo en sus políticas de contratación.