Patronales y sindicatos reclaman medidas urgentes para garantizar la solidez del sector

Un momento de la reunión mantenida por los miembros del Observatorio Estatal del sector de limpieza de edificios y locales.

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), la Asociación de Federaciones de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han firmado un documento en el que reclaman medidas urgentes para garantizar la solidez y eficacia de la actividad empresarial. Así lo han rubricado durante una reunión en Madrid del Observatorio Estatal del sector de limpieza de edificios y locales.

Entre las diferentes peticiones que consideran “urgentes” está la modificación normativa en el Estatuto de Trabajadores que permita mantener la operatividad de la subrogación en los términos del actual marco. La externalización y subcontratación de servicios es una tendencia consolidada a nivel global y representa un elemento de competitividad de primer orden en el siglo XXI. Esto puede quedar amenazado por la reforma del art. 42.1 del ET.

Además, el sector de la limpieza y los sindicatos ponen sobre la mesa la necesidad de establecer un mecanismo que facilite a las empresas el acceso, previo al concurso, a información fiable del importe de las deudas que puedan ser objeto de traslación al nuevo adjudicatario, y la incorporación normativa de la responsabilidad subsidiaria para el cliente que no haya sido diligente en la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones por parte de la anterior contratista.

Precisamente, destacan que uno de los riesgos principales de esta industria en España es la sucesión y subrogación de empresas, y consideran que se podría llegar a “desvirtuar” la garantía del empleo por la ausencia de voluntad de las posibles nuevas adjudicatarias en quedarse con los contratos de empresas en situación concursal o de dudosa solvencia.

Igualmente, solicitan proceder a una nueva regulación del Estatuto de Trabajadores que elimine la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, principalmente en materia de jornada y salario.

Según el observatorio, diversas resoluciones judiciales han demostrado la utilización por no pocas empresas tanto de los mecanismos de inaplicación del Convenio Colectivo como la posibilidad de firma de convenios de empresa que menoscaban condiciones y derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, situando a estas empresas en una posición de competencia desleal, con el consiguiente impacto en los trabajadores del sector, cuestión que sumada a las deudas generadas con los organismos de la seguridad social, conduce a medio plazo a la desaparición de estas propias empresas. Aseguran que la generación de un empleo de calidad implica actualizar el Estatuto de los Trabajadores previendo que clarifique determinados aspectos en relación con los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. Para los sectores intensivos en mano de obra, como es el sector de la limpieza e higiene profesional, es de vital importancia que la normativa impida la utilización de los descuelgues salariales, pues, según el observatorio, están siendo empleados únicamente como un mero instrumento para ejercer la competencia desleal, y, a su vez, que limite -por los mismos motivos anteriormente expuestos- la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, cuando éstos rebajen los derechos laborales de los trabajadores.

Por último, consideran “necesario” un cambio normativo sobre la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la Economía Española, para permitir la revisión de precios en los contratos en los que la mano de obra sea el coste principal, cuando en el curso del período de una ejecución del contrato se produzca una variación de dichos costes derivada de una modificación del marco legal o convencional de aplicación.

A pesar del importantísimo avance que supuso la incorporación al marco normativo del artículo 130.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), el observatorio encuentra en el desarrollo de la nueva LCSP, tensiones producidas en la interpretación de las denominadas Cláusulas Sociales y la valoración de las mismas. Otra cuestión es el precio de licitación del servicio de limpieza que no tiene en cuenta -como así obliga la ley- las tablas salariales de las diferentes categorías profesionales en los Convenios Colectivos. También invita a extremar los mecanismos de verificación de las ofertas presentadas, considerando como ofertas anormalmente bajas aquéllas que no respeten el Convenio Colectivo. Y resalta unas recomendaciones que hace la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en donde no se permite la modificación del precio del contrato a causa de la Negociación Colectiva, siguiendo la Ley de Desindexación y el RD 55/2017. Estos asuntos dificultan de manera considerable el planteamiento de la recuperación empresarial a los momentos anteriores a la crisis, según el observatorio, y también establecen trabas a la recuperación del poder adquisitivo de los empleados.

Actualmente el sector de la limpieza emplea a 460.000 personas, una cifra que le posiciona como uno de los grandes generadores de puestos de trabajo del país. Resulta un sector vital para la sociedad, ya que contribuye a mantener la salubridad de las instalaciones donde se prestan servicios.

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aluden a un “desequilibrio interno” en los contratos suscritos con la Administración, por lo que consideran que se hace “ineludible” establecer un mecanismo compensatorio que actualice el precio a abonar por la administración contratante, bien en relación al incremento del SMI o en la modificación de condiciones de trabajo (jornada, salario…) pactados en convenios colectivos de ámbito sectorial. Asimismo, el sector de la limpieza considera “más urgente aún” este cambio, ya que en el sector público las prórrogas anunciadas de contratos de servicios son obligatorias para el empresario. Los miembros del Observatorio Sectorial de Limpieza consideran que estas propuestas, al margen de otras adicionales, son esenciales para conformar un sector más profesional y de mayor aportación de valor añadido para el conjunto de los ciudadanos. Estas medidas no eximen a los miembros del observatorio sectorial de su propia responsabilidad para avanzar en la modernización del sector y realizar un trabajo de profunda reflexión y anticipación a los cambios en el empleo, derivados del desarrollo tecnológico o los retos demográficos, aprovechando al tiempo las oportunidades de nuevos servicios adaptados a las nuevas amenazas y riesgos que asumen las sociedades de países de nuestro entorno europeo.