Anecpla, FEHR, FES, Afelin y Conaif presentan alegaciones al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por menoscabar los intereses de las pymes

Las Organizaciones Empresariales, que representan a 5 sectores de servicios, denuncian que las referencias del texto dirigidas a mejorar el acceso de las pymes a la licitación pública son una mera “declaración de intenciones” que enmascaran un ataque a las pequeñas y medianas empresas.

Las Asociaciones y Federaciones firmantes, que representan a sectores que agrupan 32.702 empresas y ocupan a 642.368 trabajadores, han presentado a la CEOE, una relación de alegaciones relativas al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por menoscabar los intereses de la pyme y mermar la libre competencia en la contratación pública, en contra de las directrices previstas en las Directivas Europeas.

El Anteproyecto, al que ha dado luz verde el Gobierno, según estas organizaciones, introduce una serie de medidas cuyo objetivo es “aparentemente” mejorar el acceso de la pyme a las licitaciones públicas. Si bien, las organizaciones firmantes denuncian que, las referencias que hace el texto dirigidas a mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública son una mera “declaración de intenciones” que trata de enmascarar un ataque frontal a la pyme –que representan cerca del 95% del tejido empresarial a nivel estatal- en beneficio de un número reducido de operadores o multinacionales.

El objetivo no es otro que evitar el exceso de concentración de la mayor parte de los contratos en un reducido número de operadores, lo que perjudica gravemente a la pyme y reduce la libre competencia, según declaran. “Lo recogido en el Anteproyecto es la puerta de entrada para consagrar la proliferación de contratos mixtos que incluyan diferentes prestaciones solamente accesibles para grandes operadores, recortándose de forma significativa la competencia”.

Las organizaciones firmantes denuncian que es una práctica habitual de las Administraciones Públicas el reunir en un mismo contrato “servicios de lo más variopinto”, forzando a las empresas a acudir a recursos administrativos y contencioso-administrativos de incierto resultado y prolongada duración para tratar de hacer valer sus derechos.

Asimismo, explican que también debe regularse y fomentarse, “tal como anima la Directiva”, la división de los contratos en lotes, para facilitar el acceso de la pyme a este tipo de concursos tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Sobre el artículo 99 del Anteproyecto declaran que “deja entrever que el verdadero propósito del Gobierno es la transposición de la Directiva de forma aparente, dejando en manos de los órganos licitadores la potestad de dividir los contratos en lotes o no, lo que supondrá una barrera insalvable para el acceso de la pyme a la licitación pública”. Por ello, las organizaciones empresariales consideran imprescindible una enmienda a la totalidad del artículo 99.

Actualmente, los elevados importes de los contratos son ya de por sí “una barrera de entrada que discrimina a la pyme vulnerando el principio de igualdad de trato establecido en las Directivas Comunitarias”.

Las federaciones y organizaciones empresariales firmantes del escrito consideran que se trata de una ocasión inmejorable para alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el "Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos, y adaptar la legislación española a la normativa comunitaria y a los principios que la inspiran, que, fundamentalmente, van dirigidos a favorecer la transparencia y el acceso de las pymes a la licitación pública, favoreciendo la competencia en este ámbito.