Entrevista a José Antonio Pastor, director general de AEFJ

La revisión de la Directiva de Seguridad de los Juguetes evidenció que había algunos aspectos que mejorar. Por un lado, en los requisitos químicos, era conveniente modificar la tabla de nitrosaminas, que había quedado obsoleta, e incluir como categoría a los perturbadores endocrinos. Por otro lado, se había demostrado que los juguetes que no cumplen con las normas actuales siguen entrando, y ahora con más facilidad gracias a las plataformas online que ofrecen espacio en sus marketplaces a cualquier operador sin responsabilizarse de que ese operador ofrezca productos que cumplan con las normas. Por tanto, había que buscar una solución.

Lamentablemente, el texto propuesto por la Comisión parte de una premisa que no ha sido justificada: que la directiva actual no proporciona suficiente seguridad en materia química. Eso ha hecho que se proponga un endurecimiento de los requisitos que, en realidad, no van a mejorar la seguridad química de los juguetes, sino todo lo contrario.

Los juguetes que cumplen con la directiva actual ya son los más seguros del mundo, y para actualizar los límites químicos según lo que se va necesitando según las evidencias científicas solo habría que seguir el procedimiento actual que, en todo caso, se podría simplificar. Pero lo que se está proponiendo es una eliminación de los límites que están establecidos por la legislación química de la UE para más de 5.000 sustancias de forma genérica, pero solo para juguetes. Con esto, demostrar el cumplimiento será imposible, porque los fabricantes no pueden ensayar a ciegas todos los materiales contra 5.000 sustancias y repercutir ese coste sobre el producto. Además, ni siquiera existen laboratorios que puedan hacerlo para todas las sustancias, y no con el mismo nivel de detección. La otra cara de esta moneda es que las autoridades de vigilancia de mercado tampoco pueden. Por tanto, con esa medida lo que hacen en realidad es cargarse el sistema por el que las empresas responsables demuestran cumplimiento y las autoridades controlan que sea así. Se cargan la seguridad jurídica, y “sálvese quien pueda”.

AEFJ está haciendo llegar su preocupación al Parlamento Europeo, a través de los eurodiputados españoles, y al Consejo, a través del Ministerio de Consumo y las direcciones generales de Consumo de las Comunidades Autónomas, que son las que van a sufrir la imposibilidad de controlar los juguetes en materia química. Además, con la federación europea de la industria, TIE, estamos en contacto con la Comisión, el Parlamento y el Consejo, pero tenemos la sensación de que, en este aspecto, hay decisiones que ya están tomadas a nivel político, y lamentablemente para muchos funciona mejor un eslogan fácil, como “hemos mejorado la seguridad química de los juguetes”, que explicar que en esta materia hay poco que avanzar y sí mucho que hacer con lo que viene, por ejemplo, a través de las plataformas online.

Los requisitos de seguridad de los juguetes se aplican a todos los juguetes que se ofrezcan para la venta en la Unión Europea. El problema con los mercados en línea es que, cuando el vendedor no es la plataforma, sino un tercero que ha “comprado” espacio en el marketplace de esa plataforma, y no está establecido en la Unión Europea, no hay nadie que sea, a efectos de responsabilidad, importador o distribuidor. El consumidor importa directamente sin que haya otro intermediario que la plataforma que ha “vendido” su espacio al vendedor. Esa plataforma, según la legislación europea actual, sí puede actuar para cobrar, pero no para realizar un mínimo control documental sobre la seguridad de los productos a la venta. Y parece que, en Europa, no hay voluntad de cambiar eso. Y mientras esto sea así, endurecer los requisitos solo afectará a los juguetes que ya son seguros, a los fabricantes que ya son responsables, y seguirá facilitando la vida al que se salta las normas para vender más barato.

Hemos presentado tanto al Parlamento como al Consejo diversas propuestas de modificación de los artículos del Reglamento que definen los distintos tipos de operadores económicos y sus obligaciones. Bastaría con incluir a las plataformas de venta en línea como operador económico en el supuesto que nos preocupa: cuando no hay ningún otro operador económico dentro de la UE, y definir unas obligaciones mínimas equivalentes a las que tiene, por ejemplo, cualquier otra tienda online que vende directamente.

Las reclamaciones de AEFJ

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha comunicado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Consumo su preocupación ante la propuesta de revisión de la actual Directiva Europea de Seguridad del Juguete, que lejos de mejorar la vigilancia y lograr la comercialización de juguetes cada vez más seguros, profundiza en exigencias (únicamente para la industria juguetera) que encarecerán los juguetes de las empresas responsables, mientras permite que la competencia desleal inunde el mercado de juguetes inseguros más baratos, sobre todo si se les deja paso franco a través de las plataformas online de venta de terceros (marketplaces).

En el actual estado de tramitación de la propuesta de revisión de la Directiva y dado que hasta ahora no se han tenido en cuenta estas advertencias ni por el Parlamento Europeo ni por el Consejo, desde la AEFJ se ha trasladado a las autoridades competentes nacionales de la vigilancia de mercado, que son las Direcciones Generales de Consumo y los Servicios de Inspección del Mercado de las Comunidades Autónomas, ya que en España serán las que tengan que perseguir, detectar y destruir estos juguetes que incumplan la norma, y cada vez lo tendrán más complicado.