La UE ratifica la PAC

Los Estados miembros de la Unión Europea ha ratificado el acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC), alcanzado el pasado viernes entre Consejo y el Parlamento Europeo. Según Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, esto supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones.

Ahora que la UE ratifica la PAC se pone fin a un largo y complejo proceso, cuya negociación se inició hace tres años y de la que dependen, entre otros asuntos, las ayudas y subvenciones que pueden recibir los productores de flores y plantas. Además, influye el Pacto Verde de la UE, como ha recordado el ministro, al referirse a los temas que han complicado la negociación, pues dicho pacto irrumpió como una de las nuevas prioridades políticas de la Unión. Pero también recordó la crisis provocada por la propia pandemia de Covid-19, la negociación de un nuevo marco financiero, sometida a la tensión del Brexit, así como los cambios en el colegio de comisarios y en el Parlamento Europeo.

Finalizado el proceso, el acuerdo alcanzado, según Planas, proporciona un marco equilibrado y estable para que el sector agrario pueda planificar su actividad en los próximos años.

España ha cubierto sus objetivos, tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual, primero, como en la negociación específica de la PAC, y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.

Estamos ante una PAC que va en línea con las nuevas demandas del siglo XXI, no solo es más social y medioambiental, sino también más igualitaria -España ha sido el país que ha conseguido incluir el enfoque de género en la política agraria- y con decididas medidas para apostar por el necesario relevo generacional para asegurar también el futuro del mundo rural.

Por su parte, la patronal FEPEX ha hecho pública su valoración positiva sobre este acuerdo, abriéndose ahora un periodo determinante, en el que debe trasladarse dicho acuerdo a la legislación nacional, dada la amplia competencia concedida a los Estados Miembro y, en este sentido, para los sectores de frutas y hortalizas y de flores y plantas vivas, son claves, por un lado, el acceso de la generalidad de los productores a las ayudas directas, lo que les permitirá acceder a los eco-esquemas y, por otro lado, el contenido del Plan Estratégico Nacional, que incluirá las acciones que podrán desarrollarse en el marco de los programas operativos de las organizaciones de productores.

Ahora, tal y como recordaba FEPEX, los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos, atendiendo a las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura, una de las aspiraciones que ha venido defendiendo España. El enfoque del reglamento permite que este Plan Estratégico pueda elaborarse teniendo en cuenta la distribución competencial española, con la participación efectiva por tanto de las comunidades autónomas. Se trata de un trabajo conjunto que garantizará la coherencia y complementariedad del plan en todos los territorios, ha explicado Planas. El ministerio convocará en los próximos días una Conferencia Sectorial monográfica con las comunidades autónomas para abordar la aplicación de la PAC en España.

El acuerdo permite una mayor subsidiariedad en los estados miembros para el diseño de sus planes específicos, cuyas medidas podrán ajustarse a las necesidades cada país. El Plan Estratégico deberá estar elaborado antes de que finalice el año para su remisión a la Comisión Europea, a quien compete su aprobación definitiva.

Entre otros logros destacados para los intereses de España, se aumenta el porcentaje de los pagos directos que puede destinarse a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción), de las que se benefician sectores productivos con especiales dificultades, y se permite impulsar nuevas intervenciones sectoriales como las previstas para apoyar el olivar tradicional. Los Estados podrán disponer de hasta el 13 % de los pagos directos para ayudas vinculadas a la producción en sectores con más necesidades, tres puntos más que la propuesta inicial de la Comisión. A este porcentaje se podrá añadir un 2% adicional destinado a cultivos proteicos.

Una de las principales novedades de la reforma de la PAC es la introducción de los ecoesquemas, herramientas clave para la transformación medioambiental. El acuerdo final contempla que el 25% de las ayudas directas se destinarán a estos ecoesquemas, prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionen beneficios climáticos y medioambientales. Se trata de prácticas voluntarias que remunerarán los compromisos medioambientales de las explotaciones.

Luis Planas ha destacado que los Estados dispondrán de suficiente flexibilidad para que los fondos destinados a ecoesquemas que no sean utilizados en un año concreto no se pierdan y puedan ser trasladados a otras intervenciones, especialmente durante los dos primeros años. El reto ahora, según ha explicado el ministro, es encontrar complementariedad y coherencia de estas medidas con los compromisos agroambientales que diseñarán las comunidades autónomas.

Relevo generacional
La nueva PAC dará un mayor protagonismo a los jóvenes y al necesario relevo generacional, de forma que al menos un importe equivalente al 3% de las ayudas directas tendrán que ser destinadas a este capítulo, a través de pagos complementarios. Además, se mantiene el apoyo a la primera instalación que podrá ser de hasta 100.000 euros por cada joven. El Plan Estratégico incluirá también medidas de apoyo a los jóvenes adaptadas a sectores y territorios específicos, destinadas a superar las barreras que dificultan su incorporación a las actividades agrícolas y ganaderas.

Por otro lado, se contempla de forma específica la igualdad de género. Esto permitirá que en el Plan Estratégico puedan introducirse medidas de discriminación positiva hacia la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o de pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural. Con ello, se potenciará que la mujer desempeñe un papel más activo y visible en las comunidades rurales, fomentando su participación en el liderazgo de empresas, cooperativas y organizaciones.

El Plan Estratégico diseñará intervenciones encaminadas a atender las necesidades específicas de las mujeres para facilitar su incorporación y permanencia en el sector agrario y disminuir la actual brecha de género, además de fomentar la diversificación económica en el medio rural.

Otro de los principales objetivos de la reforma de la PAC es conseguir una mayor equidad en las ayudas, a través de instrumentos como el capping (tope máximo de ayuda) y de la degresividad. Para la limitación y modulación de los importes de los grandes perceptores se tendrá en consideración el papel de las explotaciones que más empleo generan. El pago redistributivo, al que España destinará un 20% de las ayudas básicas a la renta, supondrá un apoyo adicional para las explotaciones medianas y pequeñas. Es un compromiso del Gobierno a favor de la agricultura profesional y familiar.

El proceso de convergencia interna para equiparar las diferencias entre las ayudas en una misma región deberá alcanzar un mínimo del 85% en 2026.