La flota atunera española cree que hay que afrontar la vertiente social de las pesquerías

El V Congreso Nacional del Atún, organizado por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) bajo el título ‘Alcanzando la sostenibilidad integral’, se celebró el pasado 24 de noviembre en el Palacio de Linares. Desde la anterior edición de este evento bienal, celebrada en 2018, la flota ha marcado hitos de relevancia para el sector pesquero mundial. Un ejemplo de ello es la certificación de la sostenibilidad integral de su actividad, en base a su convicción de salvaguardar el ecosistema y los recursos pesqueros para seguir favoreciendo su sostenibilidad y el crecimiento socioeconómico de los países ribereños.

La flota atunera española agrupada en Opagac circunscribe la supervivencia de las flotas responsables de atún tropical a una toma de postura y de acciones definitivas de Europa ante las prácticas ilegales de otras flotas que faenan en los mismos caladeros. “Ni aportan esfuerzo alguno para asegurar la sostenibilidad ambiental, ni dudan en despreciar las mínimas condiciones de trabajo dignas de sus tripulaciones y convertir este ahorro de coste en un factor de competitividad es inadmisible en el mercado europeo”, dijo Julio Morón, director gerente de Opagac, durante la celebración del V Congreso Nacional del Atún que, en esta edición, abordó la sostenibilidad integral de esta pesquería.

A este respecto, y según los datos facilitados por Opagac, la sostenibilidad social, aquella que afecta a la garantía de unas condiciones dignas de trabajo, seguridad y bienestar de las tripulaciones, ya supone en torno a un 20% de los costes operacionales de las compañías que la han asumido. Según Morón, “se trata de un coste al que no vamos a renunciar, sino todo lo contrario, para tratar de competir comercialmente con las flotas ilegales que lo usan para abaratar su producto y que, paradójicamente, es distribuido en Europa”.

De hecho, según los últimos datos disponibles, las importaciones europeas de atún procedentes de flotas del sudeste asiático y China –que están exentas de aranceles– han pasado de representar el 5% en 2012 a más del 50% actualmente. En total, Europa importó más de 79.500 toneladas de atún procedente de estas flotas el año pasado para consumo interno. En opinión de OPAGAC, el agravio comparativo con la producción comunitaria, que cumple con todos los requisitos legales, es abismal. Según esta organización, la aplicación del Convenio 188 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ya en vigor, debe exigirse a todas las importaciones al mercado comunitario, para garantizar que los ciudadanos europeos no consumen pescado proveniente de barcos “con esclavos a bordo” o en los que no se respetan las condiciones sociales mínimas fijadas por la OIT.

Según expresó la flota atunera española durante el congreso, una vez alcanzados unos niveles de sostenibilidad biológica del atún tropical muy aceptables (el 86% de las capturas mundiales de atún procede de poblaciones que se encuentran en niveles saludables, según ISSF), es el momento de afrontar la sostenibilidad social. Según la flota, de no hacerlo Europa perderá su peso y consecuentemente su soberanía alimentaria sobre este producto pesquero, uno de los más consumidos por los europeos, y dependerá de países terceros y, además, con una mano de obra en condiciones muy alejadas de los estándares mínimos europeos.

Así, y según datos facilitados por la flota, el coste medio de un buque atunero medio (capacidad de carga de 1.250 toneladas) se sitúa en torno a los 11 millones de euros anuales (combustible, mantenimiento, equipación tecnológica, suministros, atraques y gastos sociales) y esta cifra puede alcanzar los 15 millones en barcos con una capacidad de carga mayor (1.750 toneladas). Además, hay que tener en cuenta, apunta la flota, el lastre que está suponiendo el incremento del precio del combustible, en torno a un 175%.

En el caso de los buques atuneros, por ejemplo, taiwaneses o filipinos, flotas caracterizadas por su opacidad, los últimos datos que se conocen apuntan a que sus costes se dividen, al menos, por dos. Así, un buque taiwanés con capacidad de carga de 1.600 toneladas tendría unos costes de 2,6 millones de euros y esta cantidad sería de 1,3 millones en el caso de un buque filipino de 650 toneladas de capacidad de carga.

La OIT estima que 128.000 personas se encuentran en situación de esclavitud moderna a bordo de buques pesqueros, según su informe Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage (septiembre 2022). Los pescadores describen enfermedades, lesiones físicas y abusos psicológicos y sexuales entre las violaciones extremas a las que se enfrentan, señala la organización.

A este respecto, cabe señalar que el 50% de las grandes empresas suministradoras de atún en lata del Océano Pacífico Occidental a las grandes superficies comerciales europeas no dispone de procesos de vigilancia y persecución de la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores en su cadena de producción, según un estudio de Deloitte para la flota atunera.

Para garantizar a distribuidores y consumidores que el atún que comercializan o consumen es capturado conforme a los mejores estándares en materia ambiental y sociolaboral, la flota atunera española obtuvo el certificado Atún de Pesca Responsable (APR) AENOR para la totalidad de sus capturas en diciembre de 2018. Esta certificación es la primera del sector pesquero mundial en asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales a bordo requeridas por la OIT en su Convenio 188, lo que la hizo merecedora del Premio “Alimentos de España 2020” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El pasado julio, la flota culminó este trabajo para garantizar una pesca de atún responsable y sostenible con la consecución del sello de Marine Stewardship Council (MSC), la certificación medioambiental pesquera más prestigiosa del mundo. A partir de la aplicación de su Código de Buenas Prácticas y de la cobertura del 100% de observadores, la flota ha conseguido el certificado para la mitad de sus capturas -180.000 toneladas, el 3% de la producción mundial de atún tropical- en todos los océanos en los que opera -Índico, Pacífico y Atlántico-, convirtiéndose en el primer grupo pesquero del mundo en lograr la certificación global de su pesquería.

Según la flota, la consecución de estas dos certificaciones demuestra que alcanzar la sostenibilidad integral en la pesca es posible, lema del V Congreso Nacional del Atún. “Sólo queda que la sostenibilidad socioeconómica de esta actividad se refuerce con el reconocimiento del mercado de nuestro buen hacer”, concluyó Morón.

El ministro Luis Planas asistió al Congreso y valoró el compromiso de Opagac con la sostenibilidad, organización que ha hecho una estrategia de diferenciación para hacer más competitivos sus productos y ha logrado dos distintivos tan exigentes como el Certificado AENOR de Pesca Responsable y el sello azul del Marine Stewardship Council. “Además de las garantías de seguridad y calidad, los consumidores se preocupan cada vez más por cómo se han obtenido y elaborado los productos” –señaló–, “por ello es necesario apostar por la certificación y la diferenciación”.

El atún en conserva es el producto pesquero más consumido en el mundo y, en el caso de los hogares españoles, llega a una media que supera los dos kilos por persona y año. Planas insistió en que, para alcanzar la auténtica sostenibilidad, la actividad pesquera debe garantizar la conservación a largo plazo de los recursos y su hábitat y el desarrollo socioeconómico de quienes participan en ella. Para ello, remarcó que “la gestión pesquera debe basarse en el mejor asesoramiento científico disponible”, que permita alcanzar los tres pilares de la sostenibilidad, ambiental, social y económico, que son los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC).

El ministro destacó el papel fundamental que desempeñan las organizaciones regionales de pesca en la gestión de las pesquerías, y especialmente en el caso de las de atún, que se desarrolla en aguas internacionales y de terceros países en desarrollo a cargo de potentes flotas congeladoras de diversas nacionalidades.

Recordó que precisamente el pasado 21 de noviembre concluyó la reunión del Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en el que se decidió un aumento en la cuota del atún rojo para 2023 tras constatar la mejora de la situación de la especie. En el caso de España, contará con 691 toneladas más, con lo que dispondrá de un total de 6.784 toneladas, en tanto que se mantienen las cuotas de patudo y túnidos tropicales, pese a que los informes aprecian una ligera recuperación

El ministro recalcó que la gestión sostenible de los recursos pesqueros es una responsabilidad global y compartida e indicó que, además de determinar cuotas de pesca basadas en este conocimiento científico que permitan el rendimiento máximo sostenible, es necesario también velar por su cumplimiento.

España cuenta con un robusto sistema de vigilancia y es líder mundial en esta tarea, con un sistema de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y o reglamentada que ha sido destacado por el Tribunal de Cuentas Europeo. Monitorea más de 2.000 buques españoles durante las 24 horas de cada día del año, y se revisan todos los certificados de captura y se rechazan las importaciones de productos que carezcan de ellos. “En España llevamos a cabo una actividad pesquera muy controlada y muy sostenible”, ha remarcado.

El ministro valoró también la labor de Opagac en la mejora de las condiciones laborales de la flota atunera, cuestión que tiene que ver con la vertiente social de la sostenibilidad: “Mejorar la seguridad y el confort de las embarcaciones es fundamental para favorecer el necesario relevo generacional en el sector y es una línea que cuenta con un presupuesto de 31 millones de euros sumando la financiación del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, la estatal y la aportación privada”. OPAGAC trabaja actualmente en el desarrollo de un proyecto innovador para implantar la telemedicina en los barcos atuneros, que cuenta con una financiación de 747.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ministro Luis Planas señaló que, para alcanzar la auténtica sostenibilidad, la actividad pesquera debe garantizar la conservación de los recursos y y el desarrollo socioeconómico de quienes participan en ella.

España es un país referente en el desarrollo de la industria conservera desde mediados del siglo XX. La flota atunera con bandera española está formada por 27 barcos congeladores que faenan en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico que en el año 2021 capturaron más de 237.000 toneladas de atún y especies afines. Ello representa en torno al 28 % de volumen total de capturas pesqueras de España. La industria conservera española da empleo a unas 13.000 personas (3.000 de ellas tripulantes), y además contribuye a la generación de en torno a 25.000 puestos de trabajo en terceros países.