La flota atunera demanda la vacunación prioritaria de sus tripulantes como trabajadores esenciales
La flota atunera española afronta un 2021 que continuará marcado por las dificultades para desarrollar las operaciones de relevo de sus tripulantes debido a la necesidad de garantizar su salud y seguridad y por las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19. En este sentido, la flota mantendrá su enfoque de priorizar estos aspectos contemplados en la vertiente social de su certificado de Atún de Pesca Responsable (APR) y con el que respalda la sostenibilidad global de su actividad.
La flota española, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), prevé que, durante el primer semestre de este año, tendrá que relevar a un total aproximado de 1.200 tripulantes, de los que unos 650 son extranjeros y 550 españoles. Estos relevos se realizarán prioritariamente en los puertos base de Abidjan (Costa de Marfil), Victoria (Seychelles) y Manta (Ecuador) y conforme al estricto protocolo diseñado por la flota, en colaboración con las autoridades sanitarias de los países en los que opera, así como los de origen y destino de los pescadores.
Por otra parte, y debido al carácter esencial de su actividad, la flota también está solicitando al Gobierno y las Comunidades Autónomas el reconocimiento de los tripulantes como colectivo de acceso prioritario a las vacunas contra la COVID-19, una vez completado el proceso de vacunación de los grupos de alto riesgo. La flota fundamenta esta demanda en la resolución adoptada el 1 de diciembre por la Asamblea General de la ONU para instar a sus estados miembros a reconocer trabajadores esenciales a la gente del mar y otro personal marítimo, una decisión que a finales de 2020 ya habían adoptado 45 países, según la Organización Marítima Internacional (OMI).
Asimismo, la flota advierte del impacto negativo de la pandemia en el equilibrio de los recursos pesqueros por las distorsiones que ya está ocasionando la celebración “digital” de las principales reuniones de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), responsables de definir las normas de gestión de las pesquerías; así como por la relajación de las medidas de control, entre ellas, la suspensión de los programas de observadores.
De hecho, la flota muestra su preocupación por el hecho de que esta situación ha impuesto acuerdos de mínimos consistentes en la prórroga para 2021 de las resoluciones del año pasado. Las dificultades para celebrar reuniones presenciales en negociaciones complejas con muchos países implicados -hasta 52, en el caso de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)- van a tener implicaciones en las medidas de gestión a adoptar y en la transparencia de los procesos de toma de decisiones que debe garantizarse.
Por ello, Opagac urge a la celebración de reuniones virtuales que permitan hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y la revisión de las recomendaciones científicas, además de aportar transparencia al proceso de toma de decisiones tanto a las partes contratantes como a los observadores.
En concreto, las medidas más urgentes a adoptar corresponden a ICCAT en relación con el patudo y a la Comisión de Túnidos del Océano Índico (CTOI) en relación con el rabil.
Por último, Opagac reconoce que las limitaciones para desplazarse en todo el mundo hacen muy difícil las operaciones de relevos, ya no sólo de marineros, sino de observadores, lo que puede suponer un riesgo de la relajación de las medidas de control por la suspensión temporal de la obligatoriedad de embarcar observadores adoptada por algunas ORP. La organización señala el impacto de esta situación en la recopilación de datos necesarios para las evaluaciones y el asesoramiento científico, así como para el control del cumplimiento de las medidas de gestión y las condiciones laborales por parte de los buques.
Por ello, a juicio de la organización, las ORP deberían abogar por la mejora y la ampliación del uso de sistemas de monitorización electrónica como alternativa viable a la ausencia de observadores humanos y para proporcionar seguridad al mercado en cuanto a la trazabilidad de los productos pesqueros, en materia social y ambiental. A este respecto, cabe señalar que la flota española cuenta con una cobertura 100% de observadores físicos o mediante medios electrónicos y que muchas otras flotas no cumplen con los requisitos de cobertura de observadores, ni siquiera los mínimos adoptados por algunas organizaciones (5%).
Según Julio Morón, director gerente de Opagac, “la alerta mundial generada por la pandemia está poniendo a prueba la robustez de la estrategia de sostenibilidad sobre la que fundamentamos nuestra actividad tanto en la vertiente ambiental como social. Por ello, los gobiernos y las autoridades pesqueras han de colaborar con los pescadores para encontrar el equilibrio entre garantizar la conservación de los stocks y la seguridad y el bienestar de nuestras tripulaciones con la presión se seguir suministrando un alimento fundamental, como es el atún, en una situación muy compleja en la que los pescadores son personal esencial”.
