El sector pesquero, preocupado por el suministro de pescado a la población
El sector pesquero europeo, a través de Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha comunicado a la Comisión Europea las medidas urgentes que habrían de tomarse para poder garantizar la actividad pesquera y, consecuentemente, el suministro de productos pesqueros a la población del Viejo Continente ante la situación creada por COVID-19 y ante los problemas operacionales, comerciales y humanos que el sector ha comenzado a detectar y que avecina se agravarán en las próximas semanas.
Así, en un comunicado enviado a la Comisión, Europêche, conjuntamente con la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO), manifiesta que, entre los problemas operacionales detectados por el sector, existen restricciones a las operaciones portuarias en terceros países, dificultades logísticas para la descarga de pescado entero congelado en puertos europeos, restricciones al envío de mercancías, obstáculos para el relevo de tripulaciones de larga distancia debido a cuarentenas, aumentos en las tarifas de hasta un 300% de los envíos por falta de disponibilidad de, por ejemplo, contendores refrigerados o quiebras en algunas compañías de seguros que comienzan a abandonar al sector.
Por lo que se refiere a los aspectos comerciales, el sector ha apuntado a la Comisión como principal preocupación derivada de la situación actual el colapso de los precios de primera venta debido, en gran medida, al cierre de: restaurantes, turismo costero, centros educativos, de trabajo y servicios diversos de alimentación. También apunta como un grave problema los retrasos que se pueden dar en la emisión de las documentaciones de capturas o certificados sanitarios, prioritarios para las labores de descarga y suministro.
Igualmente, y entre los aspectos comerciales, el sector aduce dificultades para recibir pagos por las restricciones que ha impuesto el teletrabajo, así como de ciertos procedimientos financieros por ausencia de esta modalidad de trabajo en entidades financieras, y que afecta, por ejemplo, a la compra de divisas.
Por lo que se refiere a los aspectos que afectan a las personas y tripulaciones, ambas organizaciones señalan que no existe un protocolo de acción en caso de cuarentenas de buques europeos en puertos terceros, así como asistencia sanitaria regular en los mismos; imposibilidad de repatriación de marineros o dificultades en el suministro de medicamentos o material de protección, tales como mascarillas o guantes.
Tanto Europêche como EAPO han hecho partícipes en su escrito a la Comisión de que las medidas de protección que están adoptando los países miembros de la UE pueden poner en peligro la comercialización de productos pesqueros y la desaparición de la demanda y, en consecuencia, el cese temporal de las operaciones de pesca.
Con el fin de intentar paliar, en la medida de lo posible la situación, así como para alentar a los pescadores a continuar desarrollando su actividad, ambas organizaciones solicitan a la Comisión la opción de transferir más del 10% de sus cuotas de pesca existentes al próximo año, tal como se define en el artículo 15 (9) del Reglamento de Flexibilidad, dentro del Reglamento que regula la Política Pesquera Común. Esta medida, argumentan los pescadores europeos, ya fue ejecutada en 2014 y 2015 para las especies pelágicas.
Igualmente, solicitan establecer mecanismos de precio mínimo a través de las Organizaciones de Productores (OP) para ayudar a financiar la actividad, asegurando que los precios de intervención sean justos y cubran los gastos operativos. También demandan garantizar a través de planes de emergencia estatales que los servicios logísticos pueden distribuir productos pesqueros con unos costes equilibrados que no repercutan ni en el productor ni en el consumidor, procurando que el precio de venta sea proporcional al precio intervenido en origen.
En su documento, tanto Europêche como EAPO reclaman una serie de medidas que garanticen las necesidades logísticas de las tripulaciones y barcos, tales como transporte de tripulaciones, equipos o repuestos; protocolos de salud ajustados a cada flota, garantía de movimientos de tripulaciones entre embarcaciones y ciudades de origen y garantizar los suministros de medidas de protección, como mascarillas o guantes, tanto a los buques como a lonjas o centros de subastas de pescado.
Ambas organizaciones pesqueras también argumentan la necesidad de modificar algunos reglamentos actuales para poder ajustar rápidamente los programas nacionales de ayudas FEMP para aquellas empresas pesqueras que se vean obligadas a cesar en sus operaciones por razones imperiosas.
Así, solicitan modificar urgentemente el art. 33 del Reglamento 508/2014 para incluir la posibilidad de recibir ayudas y compensaciones bajo el actual FEMP por el cese temporal de sus actividades, por afección directa (cuarentenas) o indirectas debido a factores comerciales. A este respecto, y según las organizaciones pesqueras, las limitaciones establecidas en los párrafos 2 y 3 de este artículo, no deberían ser aplicables para la interrupción temporal.
Igualmente solicitan enmendar el Art.66 del Reglamento 508/2014 sobre planes de producción y comercialización de las OP para permitir la preparación e implantación de planes de comercialización revisados y con mayores ayudas, así como modificar el art. 67 del Reglamento 508/2014, para ampliar la posibilidad de éstas para el almacenamiento de producto sin periodo alguno de prescripción.
Los pescadores europeos solicitan también modificar el art. 3.2 del Reglamento 717/2014 para abrir temporalmente la ayuda “de minimis” (eliminar el límite de 30.000 euros por empresa durante un período de tres años fiscales) para poder adaptar las ayudas financieras a la situación de las empresas. Igualmente, proponen revisar el Artículo 4.1. incluido en las directrices que guían las ayudas estatales ante la posibilidad de compensar daños causados por sucesos excepcionales, solicitando que puedan ser obtenidas a través del FEMP.
Por último, el sector, a menos que haya un apoyo financiero adicional, solicita la posibilidad de reprogramar los programas operativos nacionales para reasignar y transferir fondos no utilizados para que puedan destinarse a mitigar el impacto del coronavirus cuando sea necesario.
