La conserva de atún, responsable y sostenible
La industria conservera española, que genera más de 15.000 empleos directos, es la más relevante de Europa al aglutinar el 68% de la producción total comunitaria, tal y como indica Anfaco. Desempeña su actividad bajo el cumplimiento de una legislación desarrollada en base a los más altos estándares en calidad y seguridad alimentaria, protección social y seguridad en el trabajo, protección medioambiental y respeto de las normas de pesca responsable. Esto conlleva que cualquier conserva de atún española comercializada en el supermercado es garantía de cumplir dichos estrictos requerimientos.
La actividad de los operadores españoles impulsa la innovación creando puestos de alta cualificación y riqueza allí donde se asienta. Las normativas comunitarias, las cuales se aplican a todos por igual, sin distinciones y bajo las directrices de la Política Pesquera Común, son el camino a seguir para un verdadero cumplimiento del level playing field.
El mercado del atún es global y el conjunto del sector atunero colabora activamente a través del Observatorio de la Trazabilidad en la vigilancia activa que asegure el cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad alimentaria o la sostenibilidad, sobre la base de promover la equivalencia de los operadores que acceden al mercado UE.
Es indispensable informar al consumidor de que la conserva de atún española cumple con una normativa comunitaria que garantiza su responsabilidad y sostenibilidad. Ciertas normas privadas, como la de Aenor, ‘Atún de pesca responsable’, desarrollada por Opagac, se han planteado ciñéndose a unos requisitos que deben cumplir los productos capturados por los buques cerqueros atuneros congeladores que se dedican a la pesca de atún tropical, por lo que su ámbito de aplicación es el producto capturado por dichos buques, fundamentalmente el producto congelado, y de carácter voluntario.
Cualquier estándar de calidad debe ser voluntario, estando prohibidos aquellos acuerdos de estandarización que introduzcan restricciones innecesarias de la competencia, por ejemplo, imponiendo barreras de entrada no justificadas para los fines que se persiguen o bien haciendo que el estándar se convierta en obligatorio para las empresas, o bien produciendo una discriminación entre operadores, y siendo algo que debería vigilarse muy atentamente.
España es el principal productor de Europa de conservas de atún. Foto: Tamorlan.
En efecto, cuando un estándar de calidad aspira a convertirse en un requisito obligatorio, nos encontramos ante un caso de infracción de la normativa nacional y comunitaria en materia de competencia. A nivel comunitario, la Comisión ha destacado que para que un sello de calidad no resulte contrario a la prohibición del art. 101.1 del TFUE, debe cumplir dos condiciones: que no conlleve obligación de que toda la producción de los participantes se ajuste a los estándares diseñados, y que se trate de acuerdos que permitan acceder al sello de calidad a todos los fabricantes cuyos productos cumplan objetivamente las condiciones señaladas.