El sector fotovoltaico denuncia el caos regulatorio creado por el Gobierno

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), denuncian en un comunicado que el Gobierno y el legislativo “no han sido capaces de aplicar una visión progresista y de futuro de las energías renovables, y han propiciado la implantación de un estado de grave inseguridad en el sector energético –especialmente en la tecnología fotovoltaica–, al impedir una mejora de la regulación mediante el consenso y el control de riesgo”.

La aplicación del Real Decreto-Ley 14/2010, incluyendo las escasas e insuficientes enmiendas paliativas que el Senado ha introducido en la Ley de Economía Sostenible, supone “limitar de un modo retroactivo, discriminatorio y unilateral las horas de utilidad de las plantas fotovoltaicas”. La nueva situación coloca al mercado fotovoltaico español “en un estado de caos regulatorio provocado por el Gobierno, que ha logrado imponer el principio de la penalización a miles de empresas e inversores, muchos de los cuales verán en peligro su supervivencia e, incluso, la recuperación de sus inversiones”.

Para defender la vulneración de derechos que se ha producido, el sector fotovoltaico español proseguirá con su apelación a los tribunales nacionales y a las cortes de arbitraje y otras instancias internacionales. El sector lamenta profundamente que ello sitúe a España en una posición crítica y costosa, por lo que podría suponer de incremento del riesgo país y de percepción de la inseguridad jurídica para la inversión extranjera. Igualmente, el sector lamenta que “se haya decidido administrar el caos, destruyendo buena parte del trabajo de los últimos años, con decisiones incontroladas y pésimas políticas de respuesta a las realidades económicas y ambientales, en lugar de servir al interés general de los ciudadanos y apoyar a los sectores industriales sólidos y de futuro que ya han demostrado sobradamente su capacidad de expansión exterior y su capacidad de crear valor, empleo y riqueza para el país”.

Lo ocurrido, sin duda, es un marcado punto de inflexión en el desarrollo de la tecnología fotovoltaica en España —protagonizado por los cierres empresariales impuestos— cuya evolución requerirá de un diálogo y un análisis constructivo que les fueron negados al sector durante buena parte del pasado año. Según las patronales, “ahora, más que nunca, es necesario que prosperen iniciativas en las que empresas y administraciones creen, unidas, oportunidades de crecimiento y desarrollo”. El sector manifiesta su firme vocación de seguir adelante, en la medida de lo posible, para afianzar una industria eficaz, avanzada tecnológicamente y capaz de progresar en la mejora de la sostenibilidad ambiental, económica y social, gracias a la construcción de un mix energético equilibrado, sin tensiones partidistas. En consecuencia, invita a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, a desarrollar un debate político sobre ese modelo energético, en el que haya igualdad de oportunidades y se eviten las experiencias pasadas.

Muy especialmente, el sector invita al Gobierno a “crear, promover y gestionar políticas exentas de los defectos y la inestabilidad errática a la que se ha venido sometiendo a la tecnología fotovoltaica”.