Primeras impresiones de ASAJA, COAG, UdU y UPA

La aprobación definitiva de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea (UE) ha provocado reacciones de rechazo y de preocupación entre las organizaciones agrarias, especialmente por los interrogantes sobre cómo se financiarán esas medidas para recuperar los ecosistemas.

Los representantes de ASAJA y Unión de Uniones han rechazado, en declaraciones a Efeagro, la ley que ha respaldado el Consejo de la UE en Luxemburgo, mientras que desde COAG y UPA han mostrado preocupación. La Ley de Restauración fue una de las más controvertidas de la UE para el campo y estuvo en el foco de las protestas agrícolas previas a las elecciones a la Eurocámara del pasado 9 de junio.

El director de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, ha manifestado que “hoy es un día triste que va a recordar todo el sector agropecuario”. “Parece ser que ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado, seguimos con la confrontación con poner al campo como si fuera parte del problema y no de la solución”. Aunque sean los Estados miembros los que tengan que realizar los planes para aplicar la nueva ley, se ha remitido a la “experiencia de los planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC) donde citan al sector pero no cuentan con él”.

Según Castilla, la nueva legislación presenta tres problemas: No se sabe cómo se financiará la restauración que pretende, no hay mención a las exigencias a los países terceros o a las “cláusulas espejo” y, además, esa responsabilidad de los países, a su juicio, provocará desigualdades. “Pongamos que hay Estados miembros como España, que es más ambientalista, y otros como Portugal, más agrarista, esto va a producir claramente una distorsión de mercados”, según ASAJA, quien ha vuelto a criticar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y posible candidata a una comisaría del Ejecutivo comunitario. Además, ha augurado que los agricultores “volverán a las calles” en Bruselas.

Por su parte, fuentes de la organización agraria COAG han mostrado “preocupación“ porque no se conoce cómo se va a aplicar la ley y cómo se van a apoyar a los agricultores de las tierras afectadas, para que hagan cambios. En este sentido, han resaltado que España tiene un 39% de la superficie en áreas sensibles o protegidas, y en zonas donde la agricultura es bastante intensa como el Mar Menor o Doñana; también ha mostrado inquietud sobre si se aplicará la misma exigencia a los productos de terceros países.

Sin embargo, desde COAG han matizado que no hay un rechazo radical contra la ley, sino preocupación, porque la UE ha aprobado unos objetivos y corresponde al Gobierno aplicarlos: ”Tendremos que incidir para que se nos escuche y no quede ningún agricultor atrás”.

El secretario de relaciones internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha manifestado que “no se pueda aceptar que la restauración de la naturaleza recaiga solo sobre las espaldas de los agricultores”, quienes diariamente “cuidan” el medioambiente. Ha citado Doñana y la laguna de Gallocanta (Aragón) como ejemplos donde la agricultura está contribuyendo a dicha restauración.

Roche ha recordado que si bien el texto aprobado es más flexible que el que la UE negoció inicialmente, quedan interrogantes por resolver, como la financiación y ha pedido una atención especial a la agricultura familiar.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha dicho que la ley “no tiene ni pies ni cabeza“ y que hay artículos donde se ponen condicionantes ”absurdos”, como el abonado con materia orgánica o el uso de parcelas abandonadas para que la naturaleza vuelva a su estado inicial.

“Vamos a hacer una ley para abandonar terrenos agrarios cuando hay escasez de alimentos (...). Nuestra misión ahora será intentar presionar para que se derogue, porque no es buena para la agricultura, la ganadería ni para la naturaleza”, ha añadido.

Asimismo, ha pedido al Partido Popular Europeo -y especialmente al español- que “cumplan lo prometido durante la campaña electoral” y lleguen a acuerdos con otros partidos para suprimir esa norma en la Eurocámara.