La UE da sus primeros pasos para certificar la captura de carbono en agricultura

La Comisión Europea presentó a finales de 2022 una propuesta legislativa con vistas a crear un marco voluntario de certificación de la eliminación de carbono, una manera de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, restaurar los ecosistemas e impulsar la economía circular. Parte de la base de que se necesitan metodologías “sólidas y transparentes”, así como un mayor desarrollo de la agricultura de carbono o de conservación en la normativa actual sobre el uso de la tierra. La UE se ha marcado un objetivo de captura neta de carbono en sumideros naturales de hasta 310 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono para 2030.

Fuentes de la Comisión explicaban en un reciente acto en Bruselas que su propuesta es un “primer paso” para estudiar nuevas formas de apoyo a las prácticas de almacenamiento de carbono con la ayuda de expertos, sin entrar en detalles como su certificación o su valor de mercado. Las futuras compensaciones, compatibles con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), servirán de incentivo a los agricultores para adoptar esas prácticas, sin perder de vista la importancia de seguir produciendo alimentos. El deseo de crear una legislación europea común contrasta con el contexto de disparidad actual, marcado por la multitud de iniciativas surgidas en distintos países miembros.

Fuentes del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas de la UE (Copa-Cogeca) señalan que esta proliferación de esquemas ha creado “mucha incertidumbre entre los agricultores y las cooperativas, lo que puede reducir la adopción de prácticas de la agricultura de carbono”. Muestran interés en que el nuevo marco de certificación aporte armonización y claridad sobre los criterios y metodologías usados por los sistemas europeos en la generación de créditos de carbono y en el proceso de certificación. Sin embargo, los agricultores europeos consideran que el proceso iniciado es “extremadamente complejo” y está lleno de cargas administrativas.

Actualmente, el sector trabaja en proyectos nacionales y europeos de absorción de carbono recopilando y analizando los resultados, pero pesan las dudas sobre los esquemas privados de certificación. La Comisión pretende que las actividades de eliminación se midan con precisión, vayan más allá de las prácticas existentes y de lo que exige la legislación (el llamado criterio de adicionalidad); logren un almacenamiento a largo plazo y contribuyan a la sostenibilidad. Quedan por precisar la reglas concretas del futuro sistema europeo, desde la forma de medir las absorciones hasta los requisitos para generar créditos, verificarlos y reconocerlos.

Otras cuestiones que están en el aire están relacionadas con el tratamiento de los créditos en función de los países, la adaptación a las diferencias geográficas, el posible riesgo de fuga a mercados más ventajosos, el impacto de los incendios o desastres que liberen a la atmósfera cantidades de dióxido de carbono sujetas a créditos y el posible uso de los certificados para vender mejor los productos.

La agricultura y la pesca están excluidas de la reforma alcanzada en diciembre pasado sobre el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), que pone un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias intensivas en energía y del sector energético. Más allá de la legislación, el sector primario cree que se está dando un “cambio de paradigma“ en una sociedad que comienza a ver más el potencial de secuestrar carbono de la agricultura que su responsabilidad en el cambio climático, donde representa aún un 14% de las emisiones de la UE.

El Comité Europeo de las Regiones ha remarcado en un reciente dictamen que la agricultura puede contribuir a lograr la neutralidad climática con prácticas que secuestren el carbono mediante la fotosíntesis, la biomasa, el almacenamiento del carbono en los suelos y la reducción de emisiones. Apoya la propuesta de la Comisión sobre los ciclos de carbono sostenibles, si bien esta no debe reducirse a un ”mero modelo económico”, sino adoptar un enfoque más amplio dirigido a restaurar la biodiversidad, proteger los recursos naturales y asegurar la seguridad alimentaria, el empleo rural y el aumento de los ingresos de los agricultores.

Para las regiones de la UE, que piden ocupar un lugar central en la gestión del futuro sistema, las absorciones “no son una alternativa” a la reducción de emisiones, dos aspectos que deben tenerse en cuenta en el proceso de certificación.

La generación de créditos de carbono solo es rentable cuando se trata de proyectos agrícolas a gran escala por su capacidad de reducir costes

A los agricultores que están trabajando para capturar carbono en sus explotaciones y evitar emisiones a la atmósfera les gustaría recibir una compensación económica por sus prácticas ambientales, pero los mercados actuales de carbono resultan demasiado complejos. Existen dos tipos de mercados, uno de ellos obligatorio y utilizado por los países que deben compensar sus emisiones tras haber aceptado los límites establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cnmucc) y su Acuerdo de París. Este mercado está regulado mediante instrumentos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto o el Plan de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS).

Cada tonelada de dióxido de carbono se mide en bonos de carbono o certificados de emisiones reducidas (CER) y las empresas que quieran ofrecerlos en el mercado deben contar con proyectos validados y verificados por entidades acreditadas.

• Límites a la agricultura

En España opera el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2), creado en 2011 y dirigido a generar actividad económica baja en carbono y resiliente al clima. Fuentes de la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), explican que el sector agrícola está incluido en ese fondo, por lo que pueden recibir apoyo financiero los proyectos de tratamiento de residuos orgánicos ricos en nitrógeno y los de sustitución o reducción del uso de combustibles fósiles.

Tras su última convocatoria de 2021, está previsto que el fondo promueva actuaciones adicionales de adaptación al cambio climático, reducción de emisiones y aumento de sumideros de carbono. Los expertos advierten de que hasta ahora se han registrado muchos proyectos de reforestación y transacciones de pequeño tamaño en un mercado que, sin embargo, apenas tiene demanda o liquidez, mientras que el Gobierno sigue sin desarrollar nuevas metodologías a la espera de lo que haga la Unión Europea, que quiere crear su propio sistema.

Frente al mercado obligatorio, hay otro voluntario de créditos de carbono que utilizan empresas y entidades interesadas en compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este segundo mercado incluye transacciones de créditos como los VER (reducciones verificadas de emisiones), sometidos a determinados requisitos o estándares, entre los que destacan los de las agencias certificadoras Verra (con su estándar verificado de carbono o VCS), Gold Standard, Climate Action Reserve (CAR) o American Carbon Registry (ACR).

• Un mercado desigual

La investigadora Belén Lostao, autora de una tesis sobre el potencial de la agricultura en los mercados voluntarios de carbono por la Universidad Politécnica de Madrid, señala que hace unos años los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto dejaron de funcionar y ahora el mercado voluntario ha resurgido con múltiples estándares, volúmenes pequeños y sin un órgano supervisor. Estos estándares copian el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que se desarrolló principalmente para que los países más contaminantes pagasen por sus emisiones financiando proyectos en países en desarrollo, lo que explica que la mayoría de los nuevos proyectos certificados estén en esos países.

Además, el mercado voluntario ha estado históricamente dominado por los llamados créditos basados en emisiones evitadas, generados por proyectos de conservación de bosques o energías renovables. De hecho, su oferta se compone en un 90% de este tipo de emisiones y solo en un 10% de absorciones reales, según algunos estudios. Se espera que las emisiones evitadas dejen de ser elegibles para generar créditos de carbono y que la demanda pase a interesarse más en comprar créditos de alta calidad, como los de absorciones de carbono que supongan más beneficios sociales o ambientales.

Esta reducción de la oferta puede derivar en un aumento del precio de los créditos de CO₂ en medio de la tendencia internacional por crear normas que garanticen la integridad de esos mercados, según Lostao, que ve potencial para que los agricultores puedan ser recompensados por sus prácticas de almacenamiento de carbono en suelos y biomasa.

En la actualidad, sin embargo, su investigación refleja que la generación de créditos de carbono solo es rentable cuando se trata de proyectos agrícolas a gran escala por su capacidad de reducir costes.

El director de Proyectos de la organización agraria ASAJA, Juan Almansa, destaca que los cultivos leñosos como la vid, el olivo o los cítricos capturan mucho carbono, como han demostrado varios proyectos en los que han participado con otras entidades. Sin embargo, la agricultura todavía no puede beneficiarse de los créditos de carbono del mercado obligatorio en España, que está limitado al ámbito forestal a la espera del desarrollo de nuevas normas europeas y nacionales que determinen la participación del sector primario.

Entretanto, Almansa precisa que han aparecido muchas empresas certificadoras que ofrecen sus servicios para poner en valor el almacenamiento de carbono, pero muchos agricultores desconfían de ese mercado “no regulado“ porque puede cambiar con la ley definitiva y dejar sin reconocer sus proyectos.

El director de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan Sagarna, resalta que la agricultura es ”una de las pocas actividades emisoras de gases de efecto invernadero que también puede secuestrar carbono mediante buenas prácticas y bajo determinadas circunstancias”. Pide un sistema de supervisión y cuantificación “más robusto“ y ”amparado por la Administración”, a diferencia de los actuales mercados voluntarios de compensación de emisiones que, como en Estados Unidos, dependen de la confianza depositada en agentes privados.