El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo antes de que concluya la presidencia portuguesa de la UE

Representantes de las instituciones europeas celebrarán este próximo jueves y viernes en Bruselas un nuevo "supertrílogo" para tratar de cerrar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) antes de final de mes. De lograr ese pacto, los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) lo avalarían en la reunión que celebrarán lunes y martes de la próxima semana en Luxemburgo. En caso contrario, la negociación de la reforma continuaría bajo la presidencia eslovena del Consejo de la UE, en el segundo semestre.

El pasado mes de mayo tuvo lugar un maratón negociador que terminó con un cruce de acusaciones entre el Consejo (países), el Parlamento Europeo e incluso la Comisión Europea, ante la incapacidad de sellar un acuerdo sobre la reforma. Aunque el grueso de la PAC está ya pactado, sobre la mesa quedan abiertos algunos puntos de los tres reglamentos que forman la futura política, que generan aún fricciones entre los negociadores.

Los “ecoesquemas”, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente, son otro punto de discrepancia. Aunque el acuerdo inicial del Consejo preveía destinar un 20% del primer pilar (pagos directos) a los ecoesquemas, el Parlamento Europeo era partidario de aumentar ese porcentaje al 30%. En mayo ambas instituciones parecían estar de acuerdo en un 25% para todo el periodo pero con varias diferencias.

Algunos países, como España, piden un periodo de dos años de aprendizaje en el que se aplicaría cierta flexibilidad para evitar el riesgo de perder fondos. En ese contexto, las instituciones discrepan sobre el destino de los fondos asignados a los ecoesqemas pero que no se utilicen por no ser solicitados por los agricultores. Mientras el Consejo propone reasignar los fondos no utilizados por encima de un nivel mínimo del 18%, el PE teme que eso lleve a una menor dotación de ecoesquemas y reclama un 22% en 2023 y un 23% en 2024.

Además, en cuanto a la dimensión social, todas las instituciones apoyan la idea de que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales reciban ayudas de la PAC, pero está abierta la cuestión sobre la fecha a partir de la cual comenzaría a aplicarse. Mientras el Consejo apuesta por empezar en 2025, la Eurocámara quiere comenzar en 2023.

Sobre la convergencia de las ayudas, Bruselas había propuesto que en 2026 todos los agricultores perciban como mínimo el 75% del pago básico medio de su región productiva. El Parlamento Europeo va más allá y aspira al 100% de convergencia, mientras que el Consejo en las últimas negociaciones se mostró favorable a un 85%.

Uno de los elementos en los que hay desacuerdo son las ayudas del segundo pilar (Desarrollo Rural) a destinar a cuestiones medioambientales. Mientras el Consejo ha elevado a un mínimo del 35% el porcentaje de fondos, la Eurocámara pide al menos un 37%.

Otro de los temas abiertos es la redistribución más justa de las ayudas agrícolas, de manera que se reservaría a los pequeños agricultores un porcentaje de las que corresponden a cada país. Mientras el Consejo apuesta por un 7%, la Eurocámara es partidaria de un 12%. La futura PAC engloba tres reglamentos: el de los Planes Estratégicos nacionales, la regulación sobre la financiación de las ayudas y el de la organización común de mercados