Los ingenieros agrónomos quieren mejorar la eficiencia en las autorizaciones a los proyectos agrarios
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha participado en la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Este nuevo reglamento tiene como objeto corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.
En sus observaciones, el Colegio de Agrónomos de Centro y Canarias ha señalado que el reglamento debe permitir el normal funcionamiento de la actividad agropecuaria, evitando al máximo la afección al medio natural y minimizando el posible impacto visual que las construcciones e instalaciones agropecuarias causan sobre el paisaje.
Para el Colegio, el reglamento debe definir los actos de ejecución propios de las actividades agrarias, así como establecer criterios agronómicos asociados a los mismos y homogéneos para todos los municipios de Canarias. Además, considera imprescindible que la Consejería de Agricultura cree un órgano de apoyo que dé servicio a los técnicos municipales que carecen de formación agraria, con el objetivo de mejorar la eficiencia a la hora de otorgar autorizaciones a los proyectos agrarios que se planteen, algo para lo que el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha ofrecido su colaboración.
Los ingenieros agrónomos también consideran que la actividad agraria que se desarrolla o pudiera desarrollarse en el suelo agrario, tanto en los la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos como la que forma parte de la Red natura 2000, no debe verse limitada ni por la falta de adaptación de dichos instrumentos a la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ni por la falta de adaptación de estos a la normativa que el reglamento vaya a establecer.
Entre otras observaciones, el colectivo ha pedido una aclaración exhaustiva sobre la aplicación directa de la normativa sectorial con incidencia territorial, que es de obligado cumplimiento por parte de las explotaciones agrarias y que desplaza la normativa urbanística. Además, consideran que el reglamento debe establecer distancias entre explotaciones ganaderas con respecto a suelo urbano y urbanizable, así como su metodología de cálculo.
