El cultivo de remolacha es uno de los más sociales y que más empleos genera de forma directa e indirecta en el medio rural

La pretensión del Gobierno de subir el IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas y edulcoradas ha puesto en alerta máxima tanto a las empresas de alimentación y redes de distribución como al propio sector remolachero y azucarero de España, ante lo que consideran una medida que "tendrá efectos perjudiciales sobre el empleo y provocará un grave perjuicio económico al sector agrario y alimentario".

La Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE) ha hecho público un comunicado en el que apoyan "cuantas medidas se encaminen a una mejor gestión de la dieta de los ciudadanos y somos conscientes de la importancia del problema de la obesidad en nuestro país. Sin embargo, tal y como la ciencia considera, esta patología es compleja y para frenarla no existen soluciones únicas", han afirmado.

Desde AGFAE creen que centrarse en un único producto o ingrediente, "no va a permitir resolver el problema de la obesidad (y el sobrepeso) y confiamos más en el resultado de acciones de colaboración y educación que permitan aportar soluciones prácticas a los ciudadanos".

Según un estudio presentado por la consultora PwC y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas el pasado día 20 de octubre, la medida planteada por el Gobierno de España "tendrá efectos perjudiciales sobre el empleo y provocará un grave perjuicio económico al sector agrario y alimentario", en opinión de AGFAE que añade que "el estudio confirma que la subida de impuestos no cambia hábitos de consumo y, por tanto, no combate problemas como la obesidad o el sobrepeso, condiciones que se deben a múltiples factores como se ha señalado".

Asimismo AGFAE se ha sumado a la información presentada hace unos días por AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Hostelería de España, Marcas de Restauración, PROMARCA y FIAB, que contó con la presencia de representantes de ASAJA y COAG, en la que se alerta de las "graves" consecuencias de esta medida en la cadena de valor agroalimentaria: sector agrario, industria, transporte, distribución y restauración, con una pérdida directa de Valor Añadido Bruto de 110 millones de euros y una destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo de la industria agroalimentaria.

AGFAE considera que "se deberían haber tenido en cuenta las especiales circunstancias que vive el sector remolachero-azucarero, que se ha visto seriamente dañado por la desaparición de las cuotas de producción comunitarias y la posterior reducción del precio del azúcar, que ha llegado a situarse en mínimos históricos".

A ello se une el alcance laboral ligado a la actividad industrial pues, según AGFAE, por cada puesto de trabajo en la industria azucarera se generan otros 10 fuera de esta, generalmente radicados en el entorno rural.

En este contexto, una propuesta de incremento de la fiscalidad ligada al azúcar supondría "un desincentivo para la siembra de remolacha por el agricultor, sin cuyo cultivo se podría poner en juego el futuro de alguna de las fábricas en España y con ello el empleo directo e indirecto asociado a la misma".

Por último, desde AGFAE ha querido destacar dos aspectos que califican como claves para el sector: "por un lado, el uso agroindustrial de la remolacha como materia prima para garantizar parte del consumo local y de proximidad del azúcar a grandes, medianas y pequeñas industrias. Por otro, el hecho de que la producción de azúcar de remolacha constituye un modelo de economía circular y bioeconomía único e histórico en el que la industria productora, además de sacarosa, produce muchos otros co-productos tales como materias primas para alimentación animal, biocarburantes, fertilizantes y nutrientes para el suelo e incluso, algo menos conocido, energía producida en forma de electricidad, calor y biogás. Si se reduce el cultivo de remolacha azucarera se verá afectada toda esta producción no azucarera que no es mucho menor a la producción del azúcar".

Visita el pasado 23 de octubre del consejero de Agricultura de Castilla y León, Jesús Julio Carnero (izq.), a las instalaciones de la fábrica azucarera de la cooperativa Acor en Olmedo (Valladolid).

En esta misma línea se han expresado organizaciones profesionales agrarias como es el caso de UPA en Castilla y León. Esta CC AA produce hoy en día el 85% del azúcar en España, y el cultivo de la remolacha es “uno de los más sociales y que más empleos genera de forma directa e indirecta en el medio rural”, han remarcado desde UPA.

En este sentido, la OPA cree que la propuesta del Gobierno central puede ser “letal para la economía de Castilla y León y para los intereses del sector productor remolachero, teniendo en cuenta que disponemos de cuatro fábricas azucareras (Olmedo, Toro, la Bañeza y Miranda) y que es un cultivo clave para los regadíos de esta región”.

UPA Castilla y León ha solicitado por escrito al consejero de Agricultura de esta CC AA, Jesús Julio Carnero, actuaciones conjuntas “para actuar contra la decisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón”.

A este respecto, desde la Junta de Castilla y León creen que las recientes noticias de la subida del IVA a las bebidas azucaradas por parte del Gobierno han supuesto “un jarro de agua fría”, tal y como ha expresado Carnero, después del intento anterior hace unos años. “Se trata de un impuesto injusto, discriminatorio y creado con un afán recaudatorio”, ha afirmado el consejero de Agricultura de esta comunidad, haciendo un llamamiento al Ministerio de Hacienda para que sea sensible ante la situación que vive el país en general y el sector de la hostelería en particular.