Varios municipios de la región han dispuesto ya terrenos para ofrecer a grandes productoras energéticas

Según la OPA, algunos ayuntamientos comienzan a "embriagarse" por los cantos de sirena de las potentes inversoras energéticas y se abren a sus demandas aunque ello pudiera perjudicar a los propios agricultores y ganaderos de la zona.

España se comprometió en los Acuerdos de París a potenciar las energías renovables en el seno del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que contempla los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la penetración de las energías renovables. Según este marco, España debe instalar 3.000 megavatios anuales hasta esa fecha, 2030, para lograr tales objetivos, o sea, el 75% de la energía eléctrica ó el 32% de la energía total.

Los 3.000 megavatios se instalan en el campo y ocuparán 5.900 hectáreas cada año, unas 60.000 hectáreas a lo largo de todo el periodo. Lógicamente, esas hectáreas no podrán ser ni cultivadas ni aprovechadas por el ganado.

De momento, las industrias energéticas, los fondos de inversión o cualquier otro tipo de inversionistas se están lanzando a la conquista de tierras por toda España para generar energía. Y a pesar de que estos agentes digan que vale cualquier tierra para esta actividad, incluso baldía, o que toda esa cantidad de hectáreas solo supone el 0,3% de la superficie agraria nacional, vemos que esta especie de colonización energética no está exenta de problemas. COAG Castilla y León alerta y pide especial atención a las diferentes administraciones para que las tierras agrarias no sean objeto de especulación, ni se retiren de la actividad agropecuaria.

En primer lugar, no suele valer cualquier terreno, sino los que estén más próximos a los enchufes, o sea, los denominados puntos de evacuación de la energía, porque ello ahorraría ingentes costes de transporte energético. Además, muchos de los terrenos que las energéticas denominan baldíos son zonas protegidas y allí es imposible instalar placas.

En segundo lugar, parece que algunos ayuntamientos comienzan a embriagarse por los cantos de sirena de los grandes inversores y se abren a sus propuestas sin recato.

Cesar Infante Antolín es el presidente de la Junta Agraria Local de Paredes de Nava, (Palencia). Infante ha elevado un escrito al Ayuntamiento de esa localidad después de que éste haya acotado casi 650 hectáreas del bien comunal denominado “Finca El Páramo” para “uso industrial y/o instalación de proyectos de energía renovables”. Dicho escrito finaliza así: “Solicito al Ayuntamiento de Paredes de Nava que retire el proyecto de acotamiento de 624 hectáreas del bien comunal “Finca El Páramo” por no ajustarse a la legislación vigente en materia de bienes comunales”.

El artículo 94 del documento que rige el comunal insiste en que en ese terreno “el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará en régimen de explotación común o cultivo colectivo”. No será el caso porque el Ayuntamiento, sin consultar a la Junta Agraria Local, ha aprobado en pleno la reserva de 624 hectáreas para hipotéticos usos de generación energética, aunque los miembros de la Junta Agraria sospechan que el tema está más que hablado con los inversores y que no son tan hipotéticos. Dicen que no tienen nada contra la energía solar pero que hay muchos espacios menos agrícolas donde puede hacerse.

Uno de los motivos de este interés podría ser la existencia de puntos de evacuación en la zona, hecho que convierte al terreno en especialmente atractivo para la instalación de placas.

Sorprende también a los miembros de la Junta Agraria Local el que el Ayuntamiento les denegara una solicitud del terreno para cultivos promovidos por jóvenes agricultores alegando que era un terreno comunal que al parecer no lo es tanto ahora.

En la localidad abulense de Las Navas del Marqués el ayuntamiento promueve también otro megacomplejo energético de casi 1.000 hectáreas, 700 del propio municipio y 200 del vecino de Navalvillar de Pinares para alojar placas solares, que entorpece el pastoreo de vacuno extensivo y que también ha puesto en pie de guerra a los ganaderos.

El asunto es que los agricultores y los ganaderos se temen que tanto megacomplejo no revertirá beneficios en la zona. José Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica sostiene que los ayuntamientos se beneficiarán de los impuestos que cobran a los inversores (de la imposición rústica a la industrial hay una considerable distancia).

Incluso, esta asociación estudia una explotación agraria modélicamente sostenible en la huerta solar o instalar las placas sobre superficies acuáticas para evitar la evaporación y no ocupar superficie agraria. Pero el campesino, ve una vez más cómo alguien llega a su tierra, la exprime y se lleva el dinero muy lejos de allí, sin que la pobreza endémica se aminore un milímetro.

En este sentido, COAG Castilla y León, que reitera su posición absolutamente favorable hacia la energía fotovoltaica, aboga por un reparto más ordenado de la inversión para que el campesino, y por tanto, el medio rural y la gente que lo habita, se puedan beneficiar de esta necesidad de instalar energía limpia. Propone que sea el propio agricultor, mediante pequeños huertos solares, quien opte a la producción de energía y cobre un complemento de renta por ello.

La asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, Anpier, defiende un esquema parecido que emane de pequeños inversores.