División entre las comunidades autónomas para aprobar la nueva estrategia del lobo

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, principal órgano de diálogo institucional entre las autonomías y el Gobierno central en materia de medioambiente, ha aprobado la ‘Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo (Canis lupus) y su conservación’. Un texto que se traducirá, a juicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en un impulso a las medidas de cohabitación del lobo con sectores clave como la ganadería y en información más precisa y actualizada sobre las poblaciones de la especie en el territorio.

La nueva Estrategia ante el lobo incorpora herramientas como la territorialización de fondos para poner en marcha medidas preventivas e indemnizar los daños generados por la especie en la cabaña ganadera, el protocolo para la autorización de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares, y el impulso de un nuevo censo nacional coordinado.

“La aprobación de la Estrategia era un paso necesario para la articulación adecuada del reparto de los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para que, en último término, apoyen a los titulares de explotaciones ganaderas; y se cuente con el protocolo como mecanismo coordinado y uniforme, que proporcione garantías para todas las administraciones implicadas en las autorizaciones de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares”, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por su parte, el Gobierno de Castilla y León ha lamentado la aprobación, que incluye al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre). No ha sido la única comunidad autónoma que ha votado en contra, sino que también lo han hecho otras regiones con amplios censos del lobo, como Galicia y Cantabria. Han votado también en contra Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta, mientras que la han apoyado el resto de las comunidades autónomas, con la excepción de la abstención de Navarra y País Vasco.

“En la práctica la estrategia aprobada no va a servir para dar respuesta a la conservación y gestión del lobo, sobre todo porque no garantiza los criterios jurídicos a las comunidades autónomas para el control de la especie, con el fin de evitar más daños a la cabaña ganadera del medio rural de Castilla y León”, argumenta Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.