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61 aprovecho para destacar lo poco afortunada que es la dinámica de los concursos públicos que ‘paquetizan’ la vigilancia con el mantenimiento de sistemas y la conexión a CRA, exigiendo a los licitantes que cuenten con todas las habilitaciones. Es un mecanismo que cercena la posi- bilidad de las empresas de vigilancia más pequeñas para concursar si no cuentan con las otras dos habilitaciones o van en UTE con otras empresas que las tengan. Pero las UTE no son una solución, ya que, por ejemplo, las CRA nos negamos a hacerlas porque pasamos a tener una respon- sabilidad compartida y solidaria, es decir, compartida al 50% con la empresa de vigilancia siendo prestatarios de una parte ínfima del servicio global. Imposible de asumir. Me parece muy injusto que la Administración Pública siga con esta dinámica que perjudica tanto a las pymes en favor de las grandes empresas que disponen de todas las habilitaciones. Como bien conoce, la protección de datos viene adqui- riendo una gran importancia en la sociedad actual y esto no se halla al margen la Seguridad Privada. Así el delegado de Protección de Datos es una pro- fesional que debe estar presente en las empresas de seguridad por obligación legal (LOPDGDD); Sin embargo, ¿considera que las empresas de seguri- dad han asumido esta nueva realidad normativa, así como las obligaciones impuestas por la normativa de Protección de Datos? Y si no lo han hecho, ¿cuáles han sido las causas o motivos? Sobre todo, a las empresas más pequeñas les está costando asumir esta nueva realidad normativa. Sabemos que, en general, las exigencias legales de todo tipo son muchas y para una pyme se le hace muy cuesta arriba cumplir con todo lo que se le exige. Por ello, a veces no prestan aten- ción a algunos asuntos, como conocer bien los cambios y nuevos requerimientos de la nueva LOPDGDD. Podemos decir que están saturados de exigencias legales de todo tipo. Pero mirar para otro lado no resuelve el problema. Desde nuestra agrupación les informamos y recomenda- mos que presten atención a estos nuevos requerimientos o, si pueden, que contraten externamente a una empresa especializada en la materia que le asesore y ejerza como su Delegado de Protección de Datos. La formación de los profesionales de la seguridad privada se califica como esencial para que la calidad de los servicios prestados por las empresas de segu- ridad sea valorada por sus clientes. ¿Qué contenidos formativos entiende deberían ser impartidos al per- sonal de seguridad para mejora de los servicios de seguridad privada que presta su empresa? De nuevo hablo desde mi ámbito de actuación: insta- lación, mantenimiento y CRA. De momento no existe ningún requerimiento legal de conocimiento académico o formación previa necesaria para ejercer la labor de técnico instalador u operador de CRA. Solo la figura del ingeniero, por el mero hecho de serlo, requiere de una formación académica previa. La legislación de momento no define ninguna formación previa que deban tener esos profesionales, así que solo nos queda la forma- ción voluntaria. Pero hay muy poca oferta. Hay algunos cursos para estos colectivos en empresas dedicadas a la formación, pero son muy cortos y poco eficaces. En la práctica, la formación la reciben al entrar a las empresas en las que van a trabajar. Es decir, aprenden trabajando. Y se tarda bastante en que sean trabajadores competentes, la materia que deben conocer es profusa. De hecho, por ejemplo, se da el caso de que en este momento hay una carencia de técnicos de seguridad, las empresas pugnan por contratar a técnicos de otras empresas con experiencia. Sería buen una mayor oferta de formación especializada. En este sentido, por ejem- plo, nuestro grupo está preparando un buen curso de formación online para técnico de seguridad abierto al mercado laboral, con prácticas y bolsa de empleo, con el objetivo de dotar de banquillo laboral a las casi cien empresas instaladoras que conformamos. Esperamos lanzarlo a primeros de año. En suámbito territorial de actuación, ¿cuál es laprincipal problemática que afecta a las empresas de seguridad además de la crisis que va a surgir tras la pandemia COVID-19? ¿Qué cambios o medidas podrían ayudar a resolver la misma? La principal problemática es la comentada en mi pri- mera respuesta: un contexto legal inadecuado que se debe actualizar cuanto antes. Por ejemplo, están aumen- tando las inspecciones realizadas por la Unidad Central de Seguridad Privada a las empresas instaladoras, lo cual en principio está bien. Sin embargo, es tal el lío de inter- pretación de las obligaciones legales entre empresas y