7 EN PRIMERA Además, se produce un daño reputacional curioso, ya que el cliente piensa que el empresario que tiene un precio real tiene un margen desmesurado, cuando la realidad es todo lo contrario. Desgraciadamente, hay empresarios que deciden comprar a estos operadores, en algunos casos por sobrevivir, pero tienen que ser conscientes de que están colaborando en la comisión de un delito y que también tienen su responsabilidad y pueden acabar pagando las consecuencias. El impacto en el consumidor es otra cuestión: el combustible fraudulento cumple con los estándares mínimos de calidad y, por lo tanto, no va a romper sus coches. Desgraciadamente, vivimos una sociedad ‘low cost’ en todos los sentidos y comprar barato se ha convertido en una máxima, sin reparar en cómo se llega a esos precios. El ciudadano tiene que ser consciente de que cuando compra ese producto, está contribuyendo a que se roben recursos a todos los españoles, 2.000 millones en este año, pero no estoy convencido de que esa cuestión se tenga en cuenta. Ya lo decía Góngora, “ande yo caliente…” ¿Cómo se está desarrollando la colaboración con las autoridades para la detección y prevención de este tipo de prácticas? Hemos mantenido reuniones con el Ministerio, con la CNMC y con la Inspección fiscal, sabemos que están haciendo todo lo posible y que, efectivamente, se ha hecho una importante limpieza de operadores que no cumplían con algunas obligaciones. Pero hasta que no se produzca el cambio normativo no se podrá acabar con el fraude. Vimos como la propuesta de PSOE en el congreso recoge “la solución italiana” en las enmiendas 64, 66 y 68, principalmente ¿En qué consiste esta solución? ¿Cómo podría atajar el problema del fraude? Y ¿qué otras medidas adicionales pueden plantear la administración para paliar esta problemática? El pasado 21 de noviembre, el congreso aprobó la Ley de Imposición Mínima para grupos Multinacionales, que es la trasposición de la Directiva Europea, y en la que se han introducido diversas enmiendas, entre ellas dos que afectan al fraude, presentadas por el Psoe y PNV. Estas medidas son un calco de las recomendadas desde el grupo de trabajo compuesto por AOP, UPI, CEEES y Aevecar para exponer ante la Administración y los partidos políticos lo que este fraude suponía para el sector. Ahora, esta propuesta, tras pasar por el Senado, debe volver al Congreso donde esperamos que se apruebe con la misma mayoría que en la primera votación. Es difícil resumir brevemente lo que es la enmienda italiana, pero básicamente consiste en clasificar a los operadores en confiables, aquellos que tienen ya una larga trayectoria, siempre han cumplido sus obligaciones y además ofrecen garantías financieras suficientes y que pagarían el IVA mensualmente, y el resto, que tendrían que pagar el IVA en el momento que sacan el producto de los depósitos fiscales. Para esto, como es lógico, hay que hacer una serie de modificaciones técnicas tanto del Reglamento como de la Ley del IVA. El pasado 6 de junio, el secretario general de la Aevecar, junto con representantes de AOP, CEEES y UPI , participó en la jornada "Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución”.
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