39 –de ahí la apuesta por las sustituciones parciales, frente a competidores fabricantes que van con sustitución de ascensores completos–. Tras apuntar que han salido dos Guías de Interpretación en dos meses y la idea es que se siga actualizando esa Guía a lo largo de la fase de implementación de dos años que marca la Instrucción Técnica, también se informó de que ya está abierto el proceso de revisión de la ITC publicada en abril –y, de hecho, ya se han conseguido ciertas modificaciones, como la posibilidad de realizar la inspección por cambio de mantenedor el primer día del nuevo contrato–. Además, se habló del procedimiento de infracción abierto contra España por la Comisión europea a causa de la modificación introducida en el Real Decreto en cuanto a la necesidad de contar con un técnico titulado competente a tiempo completo en las empresas de mantenimiento. Compagni repasó también las herramientas que Fepyma pone a disposición de sus asociados para hacer frente a las nuevas exigencias que plantea la ITC y que incluyen desde el curso sobre la nueva ITC –que hasta ahora han realizado más de 240 alumnos–hasta servicios de elaboración de documentación –sobre todo los manuales de funcionamiento–, pasando por el anexo contrato de mantenimiento o el documento informativo para propietarios, antes de dar paso a la primera de las mesas redondas, centrada en ‘La experiencia de la elaboración de las normas UNE 58720 y ITC AEM-1. La primacía de la normativa comunitaria sobre la nacional: el RD 298/2021 y el RD 355/2024 ante la Directiva de Servicios’. LA NORMA INCIDE EN LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR Durante el transcurso de la misma, Antton Arrieta, responsable de Seguridad Industrial del Gobierno Vasco, resaltó que la ITC busca poner la responsabilidad en los titulares de los ascensores, haciendo que se comprometan más con el funcionamiento del aparato y conozcan y asuman sus responsabilidades, entre las que se incluyen pedir las inspecciones en el plazo correspondiente. “La responsabilidad de la empresa mantenedora es avisar del plazo al propietario para que este sea quien la pida, con la suficiente antelación. Y, si no encuentra quien se la haga en plazo, ponerse en contacto con Industria para que se tomen las medidas necesarias”, aseguró el experto, en respuesta a una de las quejas del sector del mantenimiento, ante la posible falta de medios por parte de los organismos de control. “El titular nunca ha sido responsable, pese a que la ley lo marcaba así, y ahora hay que concienciar a todos de que asuman sus responsabilidades y, si no, se pararán los equipos”, concluyó, rotundo, Arrieta quien, a la pregunta sobre qué lecciones se pueden extraer del proceso de elaboración de la ITC, el más participativo de la historia hasta la fecha, no dudó en calificar la experiencia como “básicamente positiva, dado que hemos sido capaces de escuchar a todos los sectores”, aunque sin tampoco ocultar que esto ha sido también una de las razones que han alargado el proceso, y hacer la autocrítica sobre la necesidad de agilizarlo. Tampoco dudó en afirmar que “hay alegaciones que no se han aceptado, para dar respuesta a carencias que habían detectado previa a la elaboración de la norma”, entre ellas, la necesidad de la inspección inicial, dado que, según dijo “se han identificado defectos de origen en ascensores con la declaración de conformidad de producto”, lo que llevó a establecer controles tanto por organismos notificados como por organismos de control. LA LEGISLACIÓN EUROPEA Y LA EXPERIENCIA DE LAS PYMES Por su parte, Andrea Raffaelli, Standardisation Policy Officer an Experts Coordinator de Small Business Standards (SBS), abordó el procedimiento de infracción abierto contra España por la mencionada modificación en el Real Decreto, asegurando que “la legislación europea tiene primacía en los temas que impacta el mercado único y, cuando hay conflictos entre la aplicación de las directivas europeas en la traslación a la regulación nacional, puede lanzarse un procedimiento de infracción, como así ha sido contra España, que no ha respetado la directiva de servicios en este Real Decreto, y que ahora tiene dos meses para responder y tomar medidas, con posibilidad de realizar alegaciones hasta el 20 de septiembre. En su intervención, Raffaelli abordó la necesidad de considerar los intereses y las características de las pymes en la elaboración de la legislación que les afecta, haciendo que los costes y la complejidad de aplicación no constituyan De izquierda a derecha, Luca Incoronato, Andrea Raffaelli, Raúl Fuentes y Antton Arrieta, integrantes de la primera mesa de debate.
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