PRODUCCIÓN 28 del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, destinando 355 millones a los sectores vacuno (tanto carne como leche) y ovino y caprino (leche y carne). Además, el real decreto-ley establece un conjunto de medidas de carácter fiscal en apoyo del sector primario: ampliación de la línea de financiación establecida en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, actuaciones en relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y aplazamiento en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta Estas ayudas, se suman además a las ayudas asociadas de la PAC que precisamente se incrementaron en un 11,5 % en el caso de la ganadería. Además de estas medidas de apoyo inmediato el Departamento modificó la ley de la cadena para tener en cuenta los costes de producción y evitar la venta a pérdidas, prohibiendo la destrucción de valor a lo largo de la cadena alimentaria. El objetivo de esta prohibición es garantizar un reparto justo del valor que se genera en la cadena alimentaria. De esta forma se busca asegurar que los costes efectivos de producción se cubran con el precio y mejorar la posición del productor primario en la cadena, que es tradicionalmente el eslabón más débil de la misma. Como ya hemos comentado anteriormente el sector ganadero se considera un sector estratégico y una gran parte del trabajo que se efectúa en este Departamento es el seguimiento constante de su situación, con un análisis pormenorizado de los distintos datos productivos y económicos de los diferentes sectores. Este seguimiento es fundamental para conocer la situación real del sector y poder tomar las medidas oportunas en caso de ser necesario. Además, mantenemos igualmente una interlocución permanente con los representantes sectoriales para recoger sus impresiones, inquietudes y problemas y poder darles respuesta en la medida de lo posible. Resumiendo, ante las circunstancias acaecidas en los últimos años derivadas tanto de la invasión de Ucrania como de los fenómenos climáticos adversos como la sequía, el Ministerio actúo con rapidez poniendo a disposición de los ganaderos más de 700 millones de euros. En estos momentos, la situación parece que se está estabilizando, con un ligero descenso de los costes de producción que parece está aliviando ligeramente la situación de los márgenes en la actividad. No obstante, teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas no son del todo favorables, y la situación de inestabilidad internacional se mantiene, desde el Departamento se sigue de cerca la evolución para poder actuar de nuevo en cuanto sea necesario. El sector porcino debe afrontar numerosos retos en lo que se refiere a la sostenibilidad de sus producciones. Además, la opinión pública tiene al sector en su punto de mira por la influencia de la ganadería en el medioambiente o el bienestar animal. ¿Qué acciones proactivas proponen ante la necesidad de crecimiento del sector en términos de eficiencia y no tanto de dimensión? ¿Cómo avanza la nueva normativa de ordenación aprobada en 2020? El crecimiento productivo tan marcado de este sector en los últimos años, y que ha conllevado una mayor industrialización e intensificación productiva, viene ocasionando un impacto directo en la imagen que tiene la sociedad sobre este tipo de producciones ganaderas, entre otros riesgos. En este sentido, constatar el retroceso productivo de 2022 y lo que va de 2023 no puede considerarse un contratiempo o una debilidad, sino una oportunidad para que el sector focalice su esfuerzo inversor en mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y de bienestar animal, en lugar de en incrementar la capacidad productiva, lo que ofrece un mensaje de convergencia con las demandas sociales. Desde la Administración hemos puesto en manos del sector una herramienta para incidir en la convergencia con las demandas sociales, que no es sino la normativa de ordenación. Esta norma permite al sector productor no solo definir unos objetivos en el ámbito productivo, sanitario y medioambiental, sino fijarse unos plazos para alcanzar esos objetivos, así como definir una imagen de progresión hacia las demandas de la sociedad. La consecución de estos objetivos tiene además resultados visibles, cuatro años después de la aprobación de la norma y una vez han vencido todos los períodos transitorios establecidos en la misma. Así, desde el punto de vista sanitario el sector cuenta con unos requisitos de bioseguridad más elevados, que afectan al conjunto de la producción, lo que ofrece por una parte una mayor protección ante riesgos tan sensibles para este sector como la entrada de la PPA en nuestro país, que comprometería el potencial exportador de nuestro sector. Pero además ofrece, a la hora de negociar acuerdos sanitarios con terceros países, un marco normativo de plena garantía, que permite dotar de confianza a dichos terceros países para permitir un comercio más ágil. En el ámbito medioambiental la norma ha tenido un efecto si cabe más significativo, ya que precisamente uno de los aspectos más delicados a los que se enfrentaba este sector es su elevado nivel de emisiones de gases contaminantes (amoniaco, en particular), superando incluso en algunos años el nivel máximo permitido de emisiones de amoniaco (techo) contemplado para nuestro país, y con unas perspectivas poco optimistas a la vista de la reducción de los techos establecida en la normativa europea y la evolución alcista
RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx