32 RECEPTORAS DE ALARMAS cientes del riesgo, ofreciendo servicios útiles que mejoren su seguridad. Hagamos un ejercicio de extrapolación. La ingente cantidad de sistemas de robo conectados a CRA comentada anteriormente, conlleva sin duda efectos positivos: nos hacen sentirnos protegidos generando bienestar, evitan muchos robos o minimizan sus consecuencias, cubren y complementan esa parcela de la seguridad correspondiente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), mueven la economía (1.400 millones de euros estimados en 2022, según la misma fuente anterior), generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos (instaladores, fabricantes de material, distribuidores, agencias de publicidad...), etc. Pero también uno negativo: las falsas alarmas. La lucha para minimizarlas es incesante. El 99,5% de las que se producen son falsas y la CRA logra saberlo con los métodos de verificación puestos a su alcance por el usuario, su instalador y la legislación. Y aun así, la mayoría de los miles de alarmas comunicadas que suponen ese 0,5% restante, que por un motivo u otro cumplen las condiciones para avisar a las FCSE, también acaban siendo falsas. No llega al 20% el número de intervenciones policiales por avisos desde CRA que estén producidas por un hecho justificado de producir su intervención. Pero movilizar inútilmente una patrulla policial, aun siendo indeseado, no tiene la misma consecuencia que movilizar a los bomberos, tiene un alcance negativo muy superior. No obstante, cabe destacar que el número de falsas alarmas en incendio es mucho menor, principalmente porque el factor humano produce la mayoría de las de robo, por ejemplo por los frecuentes errores al conectar y desconectar. Por tanto, en incendio, empresarialmente hablando, el temor a las falsas alarmas de entrada asusta, siendo una de las causas que probablemente ha frenado hasta ahora la iniciativa a fomentarlo. Y ni que decir tiene la otra cara de la moneda, la responsabilidad que pueda derivarse tras un incendio real de gran alcance donde pueda ponerse en entredicho la actuación de la CRI ante, al menos de momento, la carencia legal de un protocolo de actuación claramente definido que erradique la inseguridad jurídica actual en la que nos movemos. Sin embargo, las empresas de seguridad privada y de protección contra incendio también tenemos una responsabilidad social. Tenemos que retornar a la sociedad parte de lo que nos aporta, de la que formamos parte y que nos permite ganarnos la vida. Debemos fomentar la instalación de detectores de incendio, autónomos o conectados a CRI. No esperemos a que el legislador lo vaya determinando lentamente, además de que lógicamente nunca llegará a obligar a todo tipo de establecimientos y viviendas, como pasa con las alarmas de robo conectadas a CRA, donde solo obliga a una minoría con mayor riesgo. Fomentemos el mensaje. Gestionemos las dificultades y riesgos empresariales que conlleva y luchemos por la definición legal de un protocolo de actuación que nos aporte la seguridad jurídica necesaria. Pero impulsemos, como hace décadas se hizo con las alarmas de robo, la instalación de detectores de incendio autónomos o conectados a CRI, porque sabemos que, además de patrimonio, pueden salvar vidas. Es nuestra responsabilidad social. n “Una alarma de robo protege principalmente patrimonio y una de incendio puede salvar vidas” El temor a las falsas alarmas es una de las causas que frena la conexión de los sistemas de detección de incendios a las CRI.
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