RESIDUOS 33 esto ya supone un esfuerzo en tiempo y recursos para las empresas, también se tienen que enfrentar a la caída de los sistemas informáticos que sustentan el proceso de tramitación. Como es probable que se den estos problemas en los sistemas informáticos, las administraciones competentes deben prever trámites alternativos para no paralizar la gestión de residuos, como el Miterd ha hecho a finales de 2023 ante una situación de este tipo. Es algo que llevaba demandando meses todo el sector para poder trabajar con garantías y seguridad jurídica. Además de esto, la Administración tendría que mejorar la usabilidad de estas aplicaciones, y muy especialmente sería necesario que toda la industria pudiera emplear la plataforma nacional eSir para gestionar los traslados de los residuos independientemente de que existan las plataformas de carácter autonómico. En el ámbito europeo también se ha seguido avanzando para actualizar el Reglamento sobre Traslados de Residuos. Por ello, a finales de este año, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional con el objetivo de reducir los traslados de residuos problemáticos fuera de la UE, actualizar los procedimientos de traslado y mejorar el control del cumplimiento. Para lograrlo, ambas instituciones han acordado ampliar los objetivos del Reglamento para incluir la neutralidad climática, la consecución de la economía circular y la contaminación cero. Este acuerdo provisional, alcanzado a finales de 2023, se presentará en 2024 a los representantes de los Estados miembros en el Consejo y a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para su refrendo. Si se aprueba, el texto deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones. Esperamos que con él se abra una vía, también en España, para unificar criterios y mercados existentes en los Estados miembro de la UE. ALIANZAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS Por otro lado, pese a haber vivido una pandemia mundial, en 2023 seguimos sin contar con una legislación nacional para los residuos sanitarios. De hecho, contamos con trece comunidades autónomas que sí tienen una legislación específica sobre esta tipología de residuos, pero —en muchos casos— son legislaciones de los años 90, lo que afecta mucho a su clasificación y nomenclatura, además de no estar adaptadas a los planteamientos de la economía circular. Esto llevó a nuestra asociación a cerrar una colaboración con la Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (Agersan) para poner en marcha un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios. Consideramos que va a facilitar a las Administraciones Públicas competentes el cumplimiento de la Disposición final séptima de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, en la que se establece un plazo máximo de tres años para llevar a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de estos residuos. Esperamos que este estudio promovido por el sector adelante estos plazos para permitir cuanto antes la puesta en marcha de una ley nacional para los residuos sanitarios. LA GESTIÓN DEL AMIANTO SIGUE ESTANCADA Otro asunto que no lleva el ritmo deseado, pese a estar incluido en la nueva ley de residuos, es el trabajo que se debe poner en marcha para gestionar el amianto, un residuo peligroso que no es reciclable y cuyo único destino posible es el depósito en vertedero mediante encapsulamiento y confinamiento. Para ello, en primer lugar, es necesario que los ayuntamientos realicen un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, pero, previamente, sería conveniente una definición de criterios y medidas de control a nivel nacional que faciliten este censo si queremos armonizarlo en todas las comunidades autónomas. Esperamos que esta cuestión se incluya en el desarrollo del ‘Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2023-2025’, que cerró la fase de consulta pública el pasado mes de agosto. Un plan estatal que se ha visto afectado por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023 pero que resulta un requisito indispensable para acceder a los fondos europeos. A finales de este año, el Miterd, implantó trámites alternativos para no paralizar la gestión de residuos motivados por problemas en los sistemas informáticos, dando respuesta a una demanda de “todo el sector para poder trabajar con garantías y seguridad jurídica”.
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