Residuos de demolición 34 En el caso de la Comunidad de Madrid, en lo que a la parte regulatoria se refiere del fin de condición de residuos y del concepto de subproducto, se prevé aprobar un Decreto de RCD y de uso de áridos muy sencillo y que evite burocracia innecesaria. La futura norma reglamentaria actualmente está pendiente de aprobación por el Consejo del Gobierno, previo visto bueno de la Comisión Europea. Esta nueva norma trata de poner en valor, de manera sistemática y con carácter previa, los RCD para determinados usos, de tal manera que todo lo que quede dentro de esas especificaciones y dentro de los usos previstos, se pueda utilizar sin tener que hacer ningún trámite burocrático adicional. Por otra parte, se prevé establecer a nivel nacional un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de áridos reciclados procedentes de RCD en obras de construcción. Dicho Acuerdo impulsará la circularidad de los materiales de construcción, a través de la introducción de criterios en la contratación pública que incluyan porcentajes mínimos de uso de material reciclado en obra pública, así como en obras privadas. Así desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) se propone que se incluya en los proyectos de construcción de obra pública de un porcentaje mínimo del 5% de áridos reciclados. Y el mismo porcentaje en la obra privada, siempre que sea posible. Ahora bien, este porcentaje no está exento de polémica por cuanto que la actual producción de árido reciclado no llegaría a cubrir ese mínimo porcentaje propuesto, ni siquiera para sólo la obra pública. Son muchas las medidas que están trabajando para fomentar y desarrollar el sector desde las distintas comunidades autónomas. Estas medidas se contemplan en las últimas legislaciones autonómicas en materia de economía circular. La Ley 5/2022 de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, que prevé medidas para fomentar el incremento de material reciclado en obra, enfocándose en mejorar la trazabilidad en el uso de material de construcción por cuanto que prevé que se adopte el pasaporte digital de materiales del edificio, modelos de información de la construcción BIM, así como una guía verde de medidas ambientales en la contratación pública de materiales. La Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía, conocida como LECA, que prevé la agilización administrativa de determinadas autorizaciones: almacenamiento temporal de RCD, reutilización de material de excavaciones, uso de RCD valorizado para relleno o restauración de terrenos afectados por actividades mineras. Destacar también la futura Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, actualmente en tramitación en la Asamblea de Madrid y cuya aprobación se espera en primavera de este año. Se regula la cadena de valor prioritaria de la construcción, edificación e infraestructuras, en su artículo 21. Se prevé que la Comunidad de Madrid promueva las soluciones constructivas respetuosas con el medio ambiente, la eficiencia energética y el ahorro energético (passivhouse), el uso de materia prima secundaria y material reciclado en obras, sistemas constructivos prefabricados, construcción en fábrica o en seco pues genera menos residuo, la inclusión de criterios de eficiencia de agua, recursos y materiales en proyectos de urbanización, obras y edificación, demolición selectiva y clasificación por fracciones en el lugar de origen del residuo. También prevé que la Dirección General de Economía Circular diseñe procedimientos para agilizar la tramitación de autorizaciones respecto al almacenamiento de tierras limpias, operaciones de acondicionamiento y restauración de tierras afectadas por actuaciones mineras, así como un sistema de información que permita la trazabilidad de los RCD y de los residuos que hayan obtenido la condición de fin de residuo, con el fin de favorecer el uso de material reciclado. En definitiva, aunque si son muchas y numerosos las medidas que se prevén en la normativa autonómica para fomentar el sector, lo que de verdad será determinante en última instancia es que se trabaje en paralelo con el Ministerio, para buscar así una necesaria armonización que genere mayor certeza y seguridad jurídica a los operadores económicos en todo el territorio de España. l
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