5 Editorial Un sector asfixiado por los costes Uno de los mayores motivos de preocupación de la economía en estos momentos, si no el principal, es la inflación. El ciudadano de a pie lo está notando en sus facturas y en la cesta de la compra. Subidas de precios como el de la energía está teniendo un fuerte impacto en los costes de las empresas, incluso poniendo en riesgo su propia viabilidad. Esta escalada de precios de las materias primas y la energía está golpeando con dureza a un sector como el de la construcción que tiene una gran dependencia de ellas. En un momento de gran actividad como el actual, con la obra pública los niveles de inversión más altos de los últimos años gracias al impulso de los fondos Next Generation de la Unión Europea, estamos asistiendo al fenómeno de licitaciones que se quedan desiertas porque las empresas constructoras no pueden asumir los costes de acometer las obras. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción del pasado mes de octubre, durante el último año se habrían quedado desiertas 1.939 licitaciones de obras por importe de 883 millones de euros. Lejos de estar ante un problema de falta de demanda como en anteriores crisis, en esta ocasión el sector tiene ante sí tal cantidad de actividad que haría falta incorporar hasta 700.000 trabajadores, según cálculos de la propia CNC. Desde el sector se alerta del riesgo de parálisis de no tomarse medidas que ayuden a paliar la situación. Tanto Seopan como CNC reclaman al Gobierno no solo que la revisión excepcional de precios se prolongue más allá de marzo, sino que esta contemple también a las empresas de servicios y que elimine trabas como el tope del 20% revisable que provoca que, en la práctica, su impacto acabe siendo limitado (según los cálculos de Seopan, el 85% de las obras desde 2020 superan este porcentaje de sobrecoste). Resulta preocupante la discriminación que padece el sector de la construcción en cuestiones como su exclusión de la prórroga de la bonificación al combustible, que sí se ha mantenido en sectores como el transporte, agrícola o pesquero. O la ausencia, hasta el momento, de un plan renove de maquinaria que ayude modernizar un parque cuya media de edad va camino de los 19 años, como denuncia Anmopyc. Resulta incongruente que inmersos en un proceso de descarbonización que tiene el objetivo de reducir las emisiones a la mitad para 2030, no se tomen medidas para reemplazar un parque en el que el 80% de las máquinas tienen más de 10 años, teniendo en cuenta que las máquinas fabricadas en 2022 contaminan 20 veces menos que las producidas en 2010. España tiene ante sí la gran oportunidad no solo de generar actividad y empleo, sino de modernizar sus infraestructuras, sus empresas, de emplear los 160.000 millones de que dispone entre ayudas y préstamos de la Unión Europea para acometer decididamente las transiciones digitales y energéticas que darán lugar a las sociedades del mañana. El país no puede permitirse dejar pasar este tren.
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