15 Se ha modificado el Real Decreto Ley con otros dos Reales Decretos y con una Orden Ministerial y, a pesar de estos pasos en la buena dirección, no se llega a alcanzar un equilibrio razonable, por lo que las empresas constructoras siguen soportando importantes sobrecostes que suponen un riesgo para la viabilidad de las obras. De hecho, sólo entre octubre de 2021 y octubre de 2022, la Confederación Nacional de la Construcción cifraba en cerca de 2.000 las licitaciones que habían quedado desiertas, por un importe de casi 900 millones de euros, lo que supone alrededor del 10% de lo licitado por el conjunto de las administraciones. En cuanto a las obras en ejecución, no es fácil cuantificar su ritmo de avance, pero sí lo es entender que esta situación no es la más propicia para garantizar su agilidad. Ya tenemos una herramienta de revisión de precios, sólo nos queda adaptarla a la realidad que vivimos hoy. Es la tarea pendiente de este año 2023. Es necesario, en primer lugar, ampliar su marco temporal para que pueda seguir vigente durante el año, dada la incertidumbre de la evolución de los costes de materiales y energía. Esto fomentaría la concurrencia de las empresas a las licitaciones al acotar el riesgo que asumen al presentar una oferta. Así mismo, se debe eliminar el tope actual del 20% en dicha revisión. Esto acercaría la compensación al sobrecoste real que están soportando las empresas, garantizando la viabilidad y continuidad de las obras en ejecución. Por último, y no por ello menos importante -al contrario-, resulta esencial considerar la revisión del coste de la energía. El uso intensivo de maquinaria pesada en las obras públicas implica que su peso es una parte importantísima en la estructura de costes de una obra, la mayor incluso en cierto tipo de obras. Sin embargo, a pesar del extraordinario incremento de los precios de la electricidad y los carburantes, el mecanismo de revisión excepcional de precios excluye expresamente su revisión, sustrayéndose así de ésta una parte muy importante del contrato. La materialización de los fondos europeos destinados a infraestructuras está siendo mucho más ágil que los fondos destinados a otras componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, el cumplimiento del estricto calendario de ejecución comprometido con Bruselas, se está poniendo en riesgo por las licitaciones desiertas y los retrasos de obras, y esta situación requiere el firme compromiso de eliminar, de forma definitiva, las incertidumbres que aún existen el en sector relacionadas con los sobrecostes derivados de los precios de los materiales y de la energía. Y junto a esta imprescindible adecuación del mecanismo excepcional de revisión de precios, 2023 debería ser también el año en el que se lograra ajustar el sistema de clasificación de los contratistas a la realidad del mercado. El sector viene observando con preocupación el empeoramiento sistemático de clasificaciones en las empresas, derivada de un desajuste del sistema actual de clasificación con el funcionamiento y la gestión real de las empresas, ya que, en la práctica, mantienen la capacidad y la experiencia necesaria para ejecutar las obras. La clasificación del contratista es la herramienta básica de las empresas constructoras para contratar con las Administraciones Públicas, por lo que una pérdida generalizada de clasificaciones en las empresas que habitualmente contratan con la Administración Pública, supone la limitación del número de éstas que pueden acudir a las licitaciones. Además del daño a las empresas, que ven reducida su capacidad de contratar, esta situación de limitación de la concurrencia redunda en una menor eficiencia de la contratación pública, hecho tanto más preocupante en este momento en el que es preciso un firme compromiso de todos los agentes del sector para ejecutar las inversiones ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Resulta pues crucial adecuar, de manera urgente, el sistema de clasificación a la realidad actual y evitar que ciertos criterios, que con el paso de los años y la evolución del sector han quedado obsoletos y alejados de la realidad del mismo, sigan afectando a las empresas y a la contratación pública. 2023 puede ser un buen año para la construcción. Debe serlo, porque supondrá entonces un año de dinamización de la economía española al calor de los fondos europeos. El sector de la construcción ha demostrado durante el año pasado, y a pesar de todas las dificultades, que la materialización de esos fondos europeos asignados a sus proyectos lleva mucha ventaja respecto al resto de sectores. Establecer el marco que asegure la ejecución de todos estos proyectos es esencial y urgente y requiere del firme compromiso de todos los que, de una manera u otra, participamos en ellos. l
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