25 güedad, han de ser construidas de nuevo. Solo así se evitarán las pérdidas, situadas en el entorno del 25% y en casos puntuales por encima del 50%, y se reducirá la contaminación asociada en el caso del saneamiento. Si las dotaciones presupuestarias para inversiones han sido escasas los últimos años, también lo ha sido la voluntad política para gastar lo comprometido, entre otras razones por el ajuste scal. Es hora de no seguir cargando sobre la inversión el ajuste scal y de no utilizar las infraestructuras como resortes del poder político. Más de la mitad del territorio español está en riesgo de desertización y los periodos de sequía son cada vez más complicados. ¿Está en riesgo la seguridad hídrica en España si no se toman medidas? El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ co (MITECO) acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertización. El 74% del territorio español es susceptible de ser deserti cado por causas económicas, así sobreexplotación de los recursos hídricos y la intensi cación de la agricultura y la ganadería intensivas. También existen causas de tipo social como la despoblación y el abandono de terrenos forestales y ambientales como el cambio climático y los incendios. España es un país que engloba ámbitos geográ cos y climáticos muy diferentes entre sí, lo que lleva a que las cuencas hidrográ cas tengan distintos comportamientos, que también se dan dentro de una misma cuenca, por eso no se puede dar una respuesta global y habrá cuencas con su cientes recursos y otras que no los tendrán, por eso son tan importantes los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, cuya esencia es la determinación de los recursos disponibles según las necesidades y prevalencia de usos. Según los datos que elabora EurEau, España es uno de los países europeos en los que el precio del agua de consumo doméstico es más bajo. ¿Es demasiado barata el agua en España? ¿Cree el coste político permitiría tomar medidas en materia de precios al consumo? El agua debe tener un precio que, según la Directiva Marco del Agua, ha de comprender los gastos que se originan para transportarla, dejarla en condiciones óptimas para su consumo y depurarla, más los de primera instalación de las infraestructuras necesarias para realizar esas operaciones. En España, los principales responsables del ciclo urbano del agua son los ayuntamientos cuyo número supera los 8.000 (excepto agrupaciones de municipios con distintas formas jurídicas), cada uno con su precio; la consecuencia es que el precio varía en función del lugar de residencia; precio que en muchos casos es político y no sigue los criterios de la Directiva Marco del Agua. Incluso, a veces, incluye precios espurios, esto es ajenos al servicio de abastecimiento y saneamiento, lo que no es admisible, pero así están las cosas. Se impone revertir esta situación para conseguir que, por la debida solidaridad interregional, haya un precio único o muy parecido; lo contrario es discriminar a las pequeñas poblaciones en las que el coste de las infraestructuras y los demás gastos son elevados en relación con el consumo. Conseguir ese precio único no signi ca que todos paguen igual. Pagarán lo mismo quienes utilicen el agua y la devuelvan en parecidas condiciones; en consecuencia, los que utilicen más cantidad o la contaminen más han de pagar un precio distinto; lo primero para evitar el despilfarro y lo segundo porque es de razón. Para conseguirlo abogamos por un Pacto Nacional por el Agua que permitiría implantar un regulador único. Conseguirlo solo es cuestión de que los políticos entiendan el valor que tiene el agua para garantizar la dignidad de las personas. En España, teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, podemos decir que el agua para consumo doméstico es barata con relación a otros países de nuestro entorno, donde supera con creces los dos euros el m3, mientras que en España no los alcanza. En la gobernanza del ciclo urbano del agua tienen competencia los entes locales, las autonomías y la Administración General del Estado, lo que ocasiona serios y complejos problemas que con frecuencia impiden que se tomen las medidas necesarias. La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local continúa residenciando en los municipios la competencia del abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Desde ASAGUA hicimos gestiones para que se evitara esta competencia exclusiva, ya que la mayoría de los municipios no disponen de los recursos necesarios y no pueden hacer un adecuado tratamiento de las aguas residuales ni, en no pocos casos, atender el abastecimiento domiciliario, lo que conlleva una afección directa al medio ambiente y contribuye a mantener situaciones de incumplimiento de la Directiva. “La mitad de las redes de abastecimiento y saneamiento, dada su antigüedad, han de ser construidas de nuevo. Solo así se evitarán las pérdidas, situadas en el entorno del 25% y en casos puntuales por encima del 50%”
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