16 Opinión AEC Luces y sombras Juan Francisco Lazcano Acedo, Presidente de la Asociación Española de la Carretera – AEC La conjunción de la escasez de materiales y del alza de la inflación, alimentada por la crisis energética, lleva un año azotando a la industria de la construcción y la conservación de carreteras, muy dependiente de la importación de suministros y notablemente afectada por el incremento del coste de fabricación de algunos materiales, como las mezclas asfálticas, el hormigón, el acero, el aluminio o el cobre. Tras meses de agonía, en marzo se encendía la primera luz para el sector viario, con la aprobación de una revisión excepcional de precios en los contratos de obras públicas, recogida en el Real Decreto-Ley 3/2022 de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística. El optimismo duró poco, sin embargo, puesto que la medida dejaba fuera a la práctica totalidad de los contratos suscritos en 2021, así como a los contratos de servicios, entre ellos, los de conservación o de equipamiento vial. Por si todo esto fuera poco, del presupuesto del Estado para 2021 se quedaban sin ejecutar 3.684 millones de euros, según datos publicados recientemente por SEOPAN en un informe que también recoge las previsiones de la Comisión Europea para este año y el próximo, cuando la inversión pública en España será un 61% inferior a la media de las tres mayores economías europeas. Y aún hay más. Según la Confederación Nacional de la Construcción, faltan 700.000 trabajadores en el sector. Las escasas esperanzas de que podamos atisbar un rayo de luz en medio de un panorama tan sombrío vienen de la mano de los Fondos Next Generation, aprobados por la Comisión Europea en 2020 para hacer frente a los estragos económicos y sociales derivados del Covid-19, y que se presentan ahora como un mecanismo imprescindible en medio de la crisis que ha desatado la guerra en Ucrania, entre otros factores desencadenantes. Aunque hasta el momento y pese a los esfuerzos realizados desde la Asociación Española de la Carretera, entre otros agentes, las infraestructuras viarias no han sido consideradas como candidatas a dichos Fondos, hay opciones interesantes y realistas que no podemos descartar, considerando que más de 20.000 millones de euros se van a destinar a movilidad y rehabilitación en el corto-medio plazo. Si a esa cantidad se suma la financiación que deberán aportar las empresas, particulares, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para ejecutar los proyectos, se llegará a movilizar una inversión de, al menos, 28.570 millones de euros, con los que se prevé crear 472.600 puestos de trabajo estable y aportar hasta 34.000 millones de euros al PIB. En este escenario, que no es fácil y que requiere de altas dosis de valentía e ingenio para participar en la carrera con un caballo ganador, preocupa especialmente que las carreteras de titularidad provincial se queden fuera de las posibilidades de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con lo que este abandono supondría en términos de seguridad vial, sostenibilidad, lucha contra la despoblación, progreso local y vertebración territorial. Y es que, en efecto, las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells han sido descar tados como potenciales beneficiarios de aquella financiación en la mayor parte de las convocatorias que se están generando para construir un nuevo modelo de movilidad por carretera. Un paisaje nada favorable, repleto de sombras y con luces que no acaban de atisbarse con claridad. Pero estamos curtidos en batallas complejas, por lo que seguiremos trabajando sin descanso para que la “Carretera segura, verde y conectada” se abra paso como concepto con opciones incontestables de materialización real. O
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