12 Opinión SEOPAN La obra civil en 2022 Julián Núñez, Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras – SEOPAN 2022 se presenta como un ejercicio de enorme incertidumbre, que afecta muy particularmente a la obra civil nacional. El encarecimiento de los materiales básicos de construcción y materias primas, iniciado a mediados de 2020, acumula un incremento de precios a marzo de 2022 sin precedentes, del 93% en acero corrugado, 125% en aluminio, 227% en madera, 1.163% en gas y 1.224% en electricidad, por citar algunos ejemplos. Las medidas de revisión de precios excepcional recogidas en el RD-ley 3/2022, corregido posteriormente por el RD-ley 6/2022, constituyen un reequilibrio razonable pero parcial del impacto en la estructura de coste de las empresas, además de condicionar el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras en curso. Cuestiones como la no revisión del término de la energía, el límite del 20% del contrato como cuantía máxima revisable o la no inclusión en el ámbito del referido RD-ley de los contratos de servicios vinculados con la conservación, mantenimiento y explotación de infraestructuras, son asuntos necesariamente a revisar y reconsiderar, lo que requerirá la adopción y aprobación de nuevas medidas. En lo relativo al impacto del Plan de Recuperación del programa Next Generation, de los últimos datos publicados por IGAE puede obtenerse que la licitación de la obra pública recogida en dicho plan constituye una eficaz palanca para garantizar el cumplimiento de las subvenciones europeas, si bien el peso de la inversión pública en infraestructuras en el programa Next Generation es muy limitado al representar únicamente el 10,2% de los 51.098 millones de euros (M€) de subvenciones totales consignadas en los presupuestos generales del estado para el periodo 2021 – 2022. Ello implica pocos recursos en infraestructuras elegibles en el plan de recuperación y prioritarias para nuestro desarrollo y bienestar como por ejemplo las infraestructuras hidráulicas, con apenas 920 M€ consignados en el referido periodo, apenas el 1,8% de las subvenciones totales. Otro factor de incertidumbre es la reiterada falta de ejecución presupuestaria de los principales ministerios inversores, cuestión prioritaria a revisar y resolver en la difícil coyuntura económica actual. Porque en 2021, el presupuesto del Estado no ejecutado fue de 3.683 M€, el 33% de las inversiones programadas en dicho año, y si ampliamos el análisis al periodo 2007-2021, la inejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores asciende a 37.450 M€, lo que implica haber perdido y renunciado durante los últimos 15 años a unos ingresos públicos por recaudación de impuestos y otros conceptos de 22.000 M€ y a una pérdida de creación de empleo durante dicho periodo de 626.401 puesto de trabajo. En último lugar, los últimos datos registrados en 2021 confirman nuevamente la injustificable ausencia de la financiación privada en la promoción de infraestructuras de titularidad pública mediante el modelo concesional. En términos de valor de concesión, el conjunto de las Administraciones Públicas licitó únicamente 490 M€ en el pasado ejercicio, un 95%menos que el volumen anual medio licitado en la etapa precrisis financiera. En lo que respecta a las últimas previsiones de inversión pública publicadas por la CE para el periodo 2022-2023, España, además de liderar nuevamente la última posición del ranking inversor europeo con 1.486 €/km2 por millón de habitantes, es el único estado miembro que obtiene una variación de inversión pública media anual negativa si comparamos las previsiones de 20222023 con lo invertido en los últimos 27 años. Y con respecto a las economías europeas más desarrolladas, la inversión pública total prevista en España en el referido periodo es un 61% inferior a la media de Alemania, Francia e Italia. A pesar de lo negativo de los datos anteriores, tenemos un futuro inmediato lleno de oportunidades de inversión para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030, cuyo compromiso hemos asumido. Nuestros últimos estudios confirman un suelo de inversiones potenciales de 243.000 M€, en áreas prioritarias y esenciales para potenciar nuestra competitividad y bienestar social. En agua y medioambiente debemos invertir 23.825 M€; garantizar una movilidad sostenible y segura de personas y mercancías, potenciando el transporte público requerirá un mínimo de inversión de 58.322 M€. Cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en materia de eficiencia energética, energía renovable, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura de recarga para garantizar la movilidad eléctrica requerirá otros 134.118 M€. Y en último lugar, reforzar la capacidad de nuestro sistema hospitalario y promover la creación De infraestructura verde requerirá invertir otros 27.400 M€. Concluyo resaltando el enorme desafío inversor que tenemos por delante, prioritario para preservar y garantizar nuestro desarrollo económico y social. O
RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx