Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de lasAA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a PYMES y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus; y que la AA.PP asegure el eficiente reparto de los lotes en las licitaciones de manera que las PYMES mejoren su acceso a la contratación pública y puedan beneficiarse del previsible aumento de gasto en inversión pública que el Gobierno hará para afrontar la crisis del coronavirus. Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y asegurar los cobros y los pagos, «estaríamos inyectando savia desde la raíz a todo nuestro entramado empresarial, se crearía una auténtica cadena de pagos. En realidad, no estamos pidiendo nada excepcional, sencillamente, que se cumpla la ley», aclara Cañete. Además, la PMcM considera que no debería permitirse que grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación no estén cumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad. Al igual que se ha pedido que las empresas con filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a ayudas y avales, «debería exigirse que las grandes empresas que deban facturas a pymes y autónomos no puedan recibir ayudas del ICO, Banco Central Europeo, etc. Las ayudas a grandes compañías, como por ejemplo que se acojan a ERTES, deberían condicionarse a que hayan liquidado sus cuentas con proveedores», sentencia. En esta línea, el 72% de las empresas considera que, ante la crisis del COVID-19, hubiera sido útil el funcionamiento de un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas. LOSSUBCONTRATISTAS, el último eslabón de la cadena de pagos Los impagos de las grandes compañías afectan especialmente al último eslabón de la cadena de pagos, los subcontratistas en adjudicaciones públicas. El 49% de las empresas encuestadas que son subcontratistas en adjudicaciones públicas ha notado que desde el comienzo de la crisis se han alargado los plazos en los que cobra por parte de sus clientes, los contratistas principales. Ante esta situación, Cañete recuerda que «debe poder ejercerse la acción directa de los subcontratistas frente a las AA.PP., en el caso de que los contratistas estén retrasando sus pagos». La realidad es que, según el sondeo, solo al 0,4% de los subcontratistas le han ofrecido poder cobrar directamente de la Administración en vez del contratista principal. FALTADEACTIVIDADYLIQUIDEZ, las mayores preocupaciones a corto plazo En el momento de realización de la encuesta, el 53% de las empresas se encontraban abiertas con restricciones, el 38% abiertas sin ningún tipo de restricción y el 9% cerradas. Para el 78%, la crisis del coronavirus está afectando mucho a su negocio. Tal es así, que el 94% de las empresas ha visto que sus ventas han disminuido desde que comenzó la pandemia, con un porcentaje de reducción del 58%. El análisis de la PMcM también refleja la realidad conjunta del sector privado y del público. Desde que ha comenzado la crisis del coronavirus, el alargamiento de los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas ha sido percibido por el 28% de los participantes, y el proveniente por parte del sector privado, por el 70% de los entrevistados. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de la PMcM, lo que más preocupa a corto plazo es la falta de actividad (82%), falta de liquidez (61%), mantenimiento de la plantilla (42%), complicaciones burocráticas (15%) y falta de suministros (9%), entre otras (11%). Además, el sondeo aborda otros aspectos relativos a los pagos a proveedores. Por ejemplo, se desvela que en líneas generales el confirming sigue siendo igual de habitual como medio de pago para el 83% de los participantes; que el 41% ha tenido problemas para realizar la facturación a sus clientes debido a la crisis del coronavirus; que desde el comienzo de la pandemia el 37% tiene problemas con la recepción de los contratos firmados por sus clientes; y que el 9% ha firmado nuevos contratos con cláusulas más abusivas que antes relacionadas con el pago. APOYODELAS EMPRESAS a las medidas propuestas por la PMcM La encuesta da muestras de la necesidad de estas empresas de que lo antes posible se tomen medidas que pongan fin a la lacra de la morosidad. Apoyan todas las propuestas de la PMcM, especialmente algunas demandas históricas de la entidad, como que el Gobierno no obligue a las empresas a liquidar el IVA facturado y no cobrado (apoyo del 72%) o que el Gobierno devuelva los IVAs pendientes de compensar (54%). También piden que se agilicen los trámites burocráticos (60%), y que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (57%). Otras soluciones planteadas por la PMcM y que cuentan con el apoyo de las empresas encuestadas son que se implante un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya vienen haciendo otros países de nuestro entorno (53%); que las AA.PP se aseguren que los contratistas pagan a su vez a los subcontratistas, manteniendo la liquidez a lo largo de todo el ciclo de compras públicas (50%); que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para liberar parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas por temas de estabilidad presupuestaria (37%) y que haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus(28%). En este sentido, el pasado 3 de julio, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica –de cuyo grupo de trabajo forma parte Cañete- aprobó en el Congreso una propuesta que exige al Gobierno desbloquear los superávits municipales generados en 2019 y 2020 y no aplicar ni este año ni el que viene la regla de gasto en los ayuntamientos. De esta forma, las corporaciones locales podrán hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020, y utilizarlos en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por la crisis.
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