GESTIÓN 22 que se han ensanchado, en los últimos años, por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia COVID-19, y que ha motivado la acción urgente del Gobierno de España, por ejemplo, poniendo medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital, a través del programa Educa en Digital. España Digital 2025, como herramienta para la transformación tecnológica y digital de España, será también un elemento de impulso a la otra gran transición que ha de abordar nuestra sociedad: la transición ecológica hacia un nuevo modelo económico y social basado en la sostenibilidad. En este sentido, la digitalización es un pilar esencial que nos ayudará a construir una economía más resiliente y limpia, basada en la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la economía circular, entre otros. Un proceso clave para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Asimismo, España Digital 2025 se alinea con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación dado su objetivo de dar respuesta a los desafíos de los sectores estratégicos nacionales a través de la I+D+i. Por todo ello, España Digital 2025 supone una política de Estado con características de reforma estructural para el futuro. Con el fin de impulsarla, es preciso movilizar un gran volumen de inversión pública y privada en el país, estimado conjuntamente en unos 140.0005 millones de euros en los próximos cinco años. Dado el periodo medio de maduración de las inversiones y el tiempo requerido para el logro de los resultados, es preciso concentrar la inversión en los primeros dos años, para impulsar la reactivación de la economía europea tras la caída de la producción derivada de la pandemia y dar un impulso decidido a esta estrategia, que debe basarse en una buena articulación de las iniciativas en los diferentes niveles de Administración (europeo, nacional, autonómico y local) y de la colaboración público-privada. Para llevarlo a cabo, España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales, concretadas en aproximadamente 50 medidas, que movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada en el entorno de los 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022. El alcance de las acciones financiadas con cargo a presupuestos públicos se situaría en torno a los 20.000 millones de euros, de los cuales 15.000millones de euros, aproximadamente, corresponderían a los diferentes programas y nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea. A ello se sumaría la inversión prevista por el sector privado, de unos 50.0006 millones de euros, en un escenario moderado de despliegue. La colaboración público-privada y la articulación del Plan con las políticas digitales de la UE permitirá multiplicar el impacto en términos de crecimiento, refuerzo de la productividad y sostenibilidad de la economía española y europea, e impulso comunitario a la digitalización y a la soberanía digital europea, en línea con la futura Estrategia Nacional de Tecnología y Orden Global. Con el fin de reforzar la arquitectura de gobernanza existente, que integre todos los agentes públicos y privados, se reactivará el anterior Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), convirtiéndolo en el Consejo Consultivo para la Transformación Digital de España. Además, se dispondrá del potencial del recientemente constituido Consejo Asesor de InteligenciaArtificial que reúne expertos y expertas de diferentes ámbitos enmateria de Inteligencia Artificial. Estos mecanismos de diálogo y participación entre las distintas Administraciones Públicas, el sector privado, el mundo académico e investigador, y la sociedad civil, van a permitir una mejor articulación de la colaboración público-privada. Algo que se canalizará a través de un conjunto de instrumentos, como fondos, programas piloto, proyectos tractores, y compra innovadora, entre otros. n España cuenta con una posición muy favorable para abordar la siguiente fase del proceso de Transformación Digital del país
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