71 ECOSISTEMAS Afirma Luena, en primer lugar, que, en relación con los ecosistemas agrícolas, el texto solo recoge un artículo y no tiene “ni una sola obligación directa para los agricultores”. Tampoco hay objetivos cuantitativos ni existe el mandato de conseguir una tendencia creciente en varios indicadores de biodiversidad, tal y como ocurre con otros ecosistemas, como los forestales o urbanos. “El artículo sobre ecosistemas agrícolas -explica el eurodiputado- se ha debilitado tanto que la sola obligación de los Estados miembros es la de realizar esfuerzos para conseguir mejorar esos indicadores, pero sin estar obligados a un resultado”. Y en este debilitamiento insiste, porque quiere que quede claro: “hemos incluido muchas flexibilidades para la agricultura y la seguridad alimentaria que han quedado reflejadas en forma de freno de emergencia para suspender las provisiones que afectan a la agricultura en caso de amenaza grave”; además, señala que se ha empleado “un lenguaje muy diluido en lo que respecta a las obligaciones de restaurar ecosistemas agrícolas”. Diluido, se entiende, para diluir en él las exigencias. Lamenta el ponente que haya tanto desconocimiento sobre el texto de la ley y que gracias a ello las falsedades que se dicen sobre ella puedan encontrar receptividad en el sector agrario, ámbito en el que lo que se pretende es “asegurar la propia viabilidad de los campos a largo plazo”, porque si no se actúa ahora, “en unas décadas el número de suelos fértiles en España se habrá reducido de forma alarmante”. En este sentido, cuanto más se tarde en abordar el problema más difícil será revertir la situación; por eso es “un instrumento necesario y urgente”, asegura. Luena ofrece una cifra para avalar esta afirmación: el 50% del PIB mundial depende de los servicios de la naturaleza, “fíjese si es importante recuperar la salud de la misma y contar con ecosistemas sanos”, remata. OPORTUNIDAD PARA LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN La ley de restauración de la naturaleza, en su artículo agrícola, establece en qué sentido deberán ir los esfuerzos de los Estados a la hora de establecer los respectivos planes nacionales. El objetivo es mejorar la biodiversidad en dos de los tres aspectos siguientes: índice de mariposas de los pastizales, diversidad paisajística de las tierras agrícolas y reservas de carbono orgánico en suelos de cultivo. Además, pide la adopción de medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estas son buenos indicadores de la salud medioambiental. Aunque el texto normativo no lo señala expresamente y no hace referencia a ella, estos objetivos coinciden con los que directa o indirectamente persigue la agricultura de conservación a través de sus tres ejes de actuación fundamentales, la supresión del laboreo, el mantenimiento de una cobertura vegetal en el suelo y la rotación o diversificación de cultivos. Este sistema de cultivo se puso en práctica por primera vez en Estados Unidos en los años 50, según explica Antonio López-Francos, administrador de Proyectos y Redes Colaborativos en el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) de Zaragoza, desde donde coordina el proyecto CAMA (Conservation Agriculture in the Mediterraneam Area). El objetivo, dice, es “conservar el suelo, evitar su erosión y degradación”. Lógicamente, si hablamos de recuperar ecosistemas degradados, atender el suelo donde radican esos hábitats, el suelo agrícola en este caso, es un paso ineludible. En España y en la cuenca mediterránea, según se puso de manifiesto en el seminario internacional sobre el futuro de la agricultura de conservación celebrado a principios de marzo en el CIHEAM, con la agricultura de conservación no solo se evita la degradación del suelo y se mejora su estructura, sino que se conserva mejor el agua, factor clave en todo el Mediterráneo. López-Francos no alberga dudas sobre la eficacia de estas prácticas frente al cambio climático, uno de los males que la ley europea quiere conjurar. El sistema de conservación frena las emisiones de carbono porque precisa menos uso de maquinaria y, por tanto, quema menos combustible; también porque sus necesidades de abonado son menores y porque la retención de carbono (objetivo expreso de la ley) en las primeras capas del suelo aumenta. El eurodiputado socialista César Luena, ponente de la ley de restauración de la naturaleza, en conferencia de prensa el pasado 27 de febrero en el Parlamento Europeo. Foto: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Fuente: EP.
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