13 DOSIER BERRIES Desde entonces, “el Parque Nacional ha ido sucesivamente creciendo con el Parque Natural, con el inicialmente conocido como Entorno de Doñana o Preparque, posteriormente con el Espacio Natural de Doñana, y finalmente en el año 2004, con el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, y en 2014, con el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal al Norte de Doñana. Un parque que inicialmente tenía 54.251 hectáreas, ha pasado a tener una zona de influencia de más de 172.543, y ha ido engullendo explotaciones agrícolas tradicionales, zonas de huertas, explotaciones forestales, cultivos de eucalipto, etc., llegando a afectar a toda una zona que podemos encuadrar entre el río Guadalquivir, la autopista A-49, el río Tinto y su desembocadura, las playas y el Océano Atlántico”. En su opinión, “ha sido la protección a Doñana, la que se ha extendido llegando a la zona ocupada tradicionalmente por los agricultores, y no los agricultores los que han ocupado Doñana, como malintencionadamente se comunica en ocasiones". Y junto a ésta, señala "otra obviedad” al aclarar “que ha sido la mano del hombre la que ha creado el actual Doñana, con la agricultura, la ganadería, la gestión cinegética, la actividad forestal, etc.”. ACUERDO PARA FOMENTAR LA AGRICULTURA Y SALVAR DOÑANA La falta de agua y de infraestructuras en la zona, la necesidad de proteger el parque y frenar la sobreextracción de agua, en un enclave natural de gran valor, ha provocado una situación hasta hace poco insostenible, que se ha saldado con el reciente acuerdo entre las administraciones autonómica y central, las asociaciones agrarias y los agricultores. Una vía de diálogo que ha venido a resolver la problemática, y “donde todas las partes han acabado cediendo”, tal y como apunta Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva. Un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, con el que se invertirán más de 1.400 millones en Doñana y su entorno, para llevar a cabo medidas para fomentar la agricultura, la ganadería y la pesca y para proteger este enclave natural de una situación crítica. En declaraciones de Manuel Piedra, y haciendo un análisis más profundo, sobre el acuerdo al que se ha llegado, señala que “era necesario y la única vía que ha quedado para que vuelva la cordura a la zona”, gracias al diálogo. Ya que asegura, que durante muchos años “no se venían reconociendo los derechos históricos de los agricultores de la corona norte de Doñana”. No obstante, recalca que “al final es el agricultor afectado el que tiene que abandonar su tierra, abandonar una economía y dedicarla a otro sistema como la renaturalización”. Estima que serán unas 1.000 hectáreas las que se “abandonarán de frutos rojos para su reforestación, dejándose de recolectar más de 60 millones de kilos cuando se abandone la totalidad de las fincas que se acojan a este plan”. Piedra es contundente, al afirmar que la actividad agrícola de Huelva “mueve más de 100.000 puestos de trabajo” y que “los agricultores que ahora mismo tienen frutos rojos, están perfectamente preparados para exportar frutos de calidad”. Y añade que, la sociedad debería ser consciente de que el agua se utiliza para “producir alimentos que necesitamos, sanos, seguros y en cantidad suficiente para alimentar a la población, que somos todos”. Por su parte, el presidente de Freshuelva, sostiene que “más importante que haber aplazado el recorte del 50% en la dotación del agua para el riego y haber conseguido desbloquear algunas obras hidráulicas importantes, para poder disponer de más agua en nuestra provincia; es haber logrado la unión del sector”. Una unión, que ha sido capaz de lograr una vía de diálogo con las administraciones central y autonómica para “dar solución a un problema, que no existiría si la provincia contase con las infraestructuras que los ciudadanos vienen demandando durante décadas”. Las organizaciones agrarias junto con la capacidad negociadora de los agricultores, hemos conseguido crear “una comisión de seguimiento que nos va a permitir exigir los cumplimientos de las promesas en materia de agua”, que son -según Gómez- "vitales para la supervivencia de nuestro sector y de la agricultura en general”. Ambos coinciden en la necesidad de acabar con las campañas maliciosas que cada temporada, “curiosamente en las mismas épocas del año”, se suceden contra el sector. Para Gómez “está claro que nuestra posición preponderante en los mercados ocasiona este tipo de campañas agresivas, las cuales tenemos que ser capaces de revertir y que la sociedad en general sea capaz de ver más allá y de separar las falsedades de la realidad de este sector. Un sector que supone el 11% del PIB provincial”.
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