ENTREVISTA 42 Comentaba usted hace poco que la proliferación de distintas políticas agrarias en el ámbito de la UE-27 -y de las 17 comunidades autónomas en el caso de España-, entraña el riesgo de romper la unidad de mercado. ¿Cree que el exceso de burocracia y normativa puede impedir además que avancemos de una forma más rápida en la transición hacia ese nuevo modelo productivo que plantea la PAC? Efectivamente, a nivel comunitario el nuevo modelo de gestión, que da mucho más poder a los Estados miembros en la aplicación de la PAC, puede llevar claramente a diversidad normativa y de incentivos que pueden generar competencia reglamentaria entre los Estados miembros. La Comisión tendrá que estar muy atenta para preservar la unidad de mercado de la UE al tiempo que aplica una mayor subsidiariedad. Pero esto lo iremos viendo cuando se aplique la nueva PAC. Romper el mercado de la UE lleva a distorsiones y a ralentizar los objetivos de cambio de modelo. A nivel nacional era un peligro, pero solamente habrá un PEPAC (Plan Estratégico de la PAC), y tenemos la esperanza que al estar los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de las comunidades autónomas dentro del PEPAC, en España se desarrolle con mayor coordinación y sinergias entre las regiones. Estaremos atentos. ¿Qué efectividad espera que tenga la Ley de la Cadena Alimentaria tras su reciente reforma y de qué va a depender que estas “nuevas reglas del juego” sean asumidas y respetadas por todos los eslabones de la cadena de valor en el sector agroalimentario? Somos escépticos sobre la efectividad de la Ley de la Cadena Alimentaria. La obligación que establece de que los precios cubran los costes de producción es una aspiración que compartimos y por la que luchan todos los días las cooperativas, pero los mercados funcionan en base a otros factores y más en sectores muy internacionalizados. En todo caso, el cumplimiento de ese propósito depende de los compradores y principalmente del último eslabón que es el que fija los precios de venta al público. Por aquí es por donde hay que empezar. Creemos que uno de los puntos clave que plantea el nuevo texto es ver si verdaderamente se abre la puerta a acabar con la venta con destrucción de valor al consumidor, es decir, las ofertas que tiran del precio hacia abajo en toda la cadena. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que España tenga el precio de la leche más bajo de toda la UE, cuando en el resto de los países están a niveles históricamente altos y, además, España es muy deficitaria en cuanto a su abastecimiento. Hay cosas que están muy claras. La efectividad de la nueva ley dependerá de la labor de control que realice la AICA y de cierto grado de ejemplaridad en las sanciones para que deje de haber destrucción de valor a lo largo de la cadena. Y a este respecto, la AICA debe actuar de oficio, porque nadie va a denunciar a su cliente. El problema de la cadena y de los mercados se resuelve con medidas políticas que estructuren al sector productor y le permitan ganar poder de mercado; y recuperando medidas de gestión de mercados que hace tiempo que abandonó la UE. La Ley de la Cadena no sustituye a la PAC. En lo que concierne al sector hortofrutícola, ¿qué pasos se deberían dar para mejorar la competitividad de las producciones españolas en el mercado europeo? El sector hortofrutícola español ya es muy competitivo, pero está sometido a unas presiones y competencia creciente del exterior en productos que entran en la UE bajo condiciones productivas no permitidas aquí. El sector debe seguir estructurándose en España, porque su nivel de cooperativismo sigue siendo bajo, a pesar de ser uno de los más dinámicos económicamente. Por ello, el sistema de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), aunque mejorable, debe seguir siendo la piedra angular del sistema. Las OPFH, especialmente las cooperativas, siguen creciendo en cuota de mercado. Por otro lado, es necesario que en la UE se trabaje en una estrategia de diplomacia comercial conjunta para ir unidos a países terceros, ya que se sufren multitud de protocolos de exportación que lastran continuamente la competitividad en el exterior. Por otro lado, el sector sufre la competencia desleal de las importaciones, que no juegan con las mismas reglas de juego que en la UE y que, además, pueden introducir plagas en nuestros cultivos que luego lastran la confianza de nuestros compradores. Es necesario que se trabaje en las cláusulas espejo para las importaciones, es decir, que desde el campo hasta la mesa las importaciones cumplan con los mismos requisitos que la producción europea. Esto como principio, después hay que ser conscientes de los costes económicos y sociales que implican para las zonas rurales la pérdida del mercado europeo en favor de las importaciones. La UE no se puede permitir, teniendo en cuenta la experiencia, renunciar más a su tejido productivo e industrial, especialmente con el horizonte puesto en las estrategias sobre la sostenibilidad. En este mercado, ¿qué papel tiene que jugar España ante la creciente competencia de países como Marruecos o Sudáfrica? España tiene que seguir presionando a la UE y, en especial la acción de la Comisión, para que se apliquen los contro-
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