GP108 - Gaceta de la Protección Laboral
7 Aenor certifica a más de 100 fabricantes de mascarillas FFP Aenor, desde el momento en que la extensión del COVID-19 pasó a considerarse pandemia, ha trabajado para dar respuesta, por todos los medios posibles, a las demandas de la sociedad y las empresas; por un lado, poniendo a disposición la certificación de protocolos frente al COVID-19 y, por otro, dando acceso de manera gratuita a las normas relacionadas con la producción de material esencial en la lucha contra el COVID-19 de la Asociación española de normalización, UNE. EnparaleloAenor pro- movió la creación de infraestructura para la certificación CE de Equipos deProtección Individual (EPI) con- forme al Reglamento Europeo2016/425 (UE), en particular para mascarillas. De esta manera, se contribuía a atender a una necesidad urgente de la población, facilitando la comercialización segura y a gran escala de mascarillas en el mercado europeo. Las mascari- llas FFP1, FFP2 y FFP3 que disponen de certificados emitidos por Aenor, cuyo código de identificación es el 0099, y que llegan al mercado y a los usuarios, son productos conformes y seguros, que cumplen con las exigencias del Reglamento Europeo 2016/425 (UE). Desde mayo de 2020 Aenor está notif icado y activo en la certificación de mascarillas y otros equipos incluidos en el mencionado Reglamento. Lo que ha supuesto la concesión, a más de 100 empresas, de los certificados de los Módulos B y D del Reglamento de EPI, que ha exigido la evaluación de más de 280 expedientes que han culminado con la emisión del mismo número de Certificados UE de Tipo a esas empresas. Un proceso complejo que, en un contexto como el actual, ha exigido a partes iguales agilidad y rigor en el trabajo realizado, y con una gran cantidad de documentación a evaluar en el proceso pre- vio a la certificación. EDITORIAL En defensa del sector Recientemente conocíamos el nacimiento de una nue- va asociación que aglutina a los fabricantes de mas- carillas, batas y EPI españoles, fundada, básicamente, para defender el producto nacional y evitar su caren- cia, como pasó ahora hace un año frente el primer em- bate de la pandemia. Todos recordamos cómo, en un momento dado, se tuvo que recurrir a producto asiáti- co para abastecer la demanda de los EPI básicos para hacer frente a la COVID-19. Esto, en su momento, tuvo razón de ser, pero ahora las circunstancias han cambia- do. Los responsables de OEsp, que así se llama la nue- va asociación, apelan al ejemplo estadounidense, cuyo gobierno ha firmando decretos protectores para no de- pender de Asia, e instan al Gobierno español a hacer lo mismo para evitar “inconvenientes de suministros, pér- didas o estafas como los vividos en los primeros meses de la pandemia”, dice su presidente Francisco Sánchez. De paso, además de garantizar el suministro, la protec- ción del producto español daría continuidad a las em- presas que o bien se crearon durante la pandemia para dar respuesta a la alta demanda de EPI o bien recon- virtieron su principal producción para hacerlo. No solo capearon el temporal que sufrió la industria, también conservaron y/o crearon empleo. La labor de la nueva asociación se une a la que lle- va haciendo hace más de 30 años Asepal, Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual, en defensa del EPI fabricado en España. Durante esta pandemia, Asepal no ha dejado de trabajar en la di- vulgación del correcto uso y mantenimiento de las mascarillas y los EPI necesarios para hacer frente al virus. La última demanda hecha al Gobierno que he- mos conocido ha sido la petición de vigilancia de mercado en frontera ante la llegada de EPI de pro- tección frente a la COVID-19, —equipos de protección respiratoria (entre los que se incluyen las mascari- llas FFP2 y FFP3), vestuario y guantes de protección desechables, y protección ocular y facial—, vigilancia que solo se lleva a cabo sobre calzado de seguridad, guantes y vestuario de protección. Naturalmente, la falta de vigilancia, que tuvo sentido en los meses de mayor demanda durante la pandemia, llenó el mer- cado de producto que no cumplía la normativa exigi- ble, creando una falsa sensación de seguridad entre la población, que al final es la que paga las conse- cuencias de apresuradas decisiones políticas.
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