A fondo: Análisis 2018 | In depth: 2018 Analysis www.futurenergyweb.es 14 FuturEnergy | Diciembre 2018-Enero 2019 December 2018-January 2019 mínimos en el que parecía que la situación energética de España giraba exclusivamente en función del grado de interconexión eléctrica con el exterior. La realidad energética cambió a principios de junio con la moción de censura al Gobierno del PP y la creación, por fin, de un Ministerio para la Transición Ecológica, asumiendo competencias en medio ambiente, agua y energía, lo que la Fundación Renovables siempre ha reclamado con el fin de aunar esfuerzos para la lucha contra el cambio climático. El nombramiento de Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica, supuso abrir un camino a la esperanza a tenor de los postulados que en el pasado había defendido en público y en privado. El primer empeño del nuevo Gobierno fue decantar la balanza en el Consejo de Ministros de Energía Europeo, situación que dio sus frutos permitiendo alcanzar un acuerdo en el “trílogo” para la Directiva de Energías Renovables, recientemente aprobada, incluyendo como elementos fundamentales: • El establecimiento de un objetivo mínimo de aportación de energías renovables en la cobertura de la demanda final del 32%, 5 puntos porcentuales más que en la propuesta anterior del Consejo de Ministros, que no asumía ni las propuestas de José Blanco, como ponente de la Directiva elegido por el Parlamento, ni las del Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete. Este valor, insuficiente bajo nuestro punto de vista e inferior al que resultaría de la proyección de magnitudes de los objetivos fijados en 2014 (34%), es positivo, porque establece un suelo a partir del cual debemos avanzar y crecer. • El reconocimiento como derecho innato de los consumidores el poder comprar, vender, generar y almacenar energía eléctrica, derecho cercenado en la legislación española a raíz del Real Decreto 900/2015. • La no posibilidad de que existan desarrollos normativos que incluyan la retroactividad, práctica desgraciadamente empleada en los diferentes cambios regulatorios que se han producido en España, y que ha supuesto no solo la ruina de quien apostó por las energías renovables, sino también la pérdida de la solvencia y de la seguridad jurídica a nivel de país. La apuesta del nuevo Gobierno tuvo continuidad con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018 en el que adicionalmente a otros temas se incluyó la derogación del RD 900/2015 que lastraba el autoconsumo en nuestro país. El RDL fue convalidado por el Congreso de los Diputados con solo dos votos en contra, situación poco habitual si tenemos en cuenta la desintonización existente entre las distintas formaciones políticas. El resultado de la votación debería hacernos reflexionar y abrir una puerta a la esperanza, para que se puedan iniciar líneas de diálogo dirigidas a alcanzar un pacto de futuro en materia energética de amplia mayoría, teniendo en cuenta la realidad, tanto económica como social, que imponen en la actualidad las energías renovables. appeared that the energy situation in Spain exclusively revolved around the level of electricity interconnection with her neighbours. The energy reality changed at the start of June with the vote of no confidence in the Government of the Popular Party and the creation, at last, of a Ministry for the Ecological Transition, assuming competences on the environment, water and energy, for which the Fundación Renovables has always called with the aim of joining forces in the fight against climate change. The appointment of Teresa Ribera as Minister for the Ecological Transition paves the way for hope as regards the principles she has defended in the past in both public and private. The first undertaking of the new Government was to tip the balance of the Council of European Energy Ministers, a situation that resulted in agreement being reached by the “trilogue” for the recently approved Renewable Energy Directive, whose essential elements include: • Establishing a minimum target for the contribution of renewable energy to covering final demand of 32%, 5 points higher than the previous proposal from the Council of Ministers, that adopts neither the proposals of José Blanco, as the rapporteur of the Directive selected by Parliament, nor those of the Energy Commissioner, Miguel Arias Cañete. This figure, insufficient from our point of view and lower than that which would result from the projection of the objectives set in 2014 (34%) is positive, because it establishes a base line from which we must progress and grow. • Recognising, as an innate right of consumers, the ability to buy, sell, generate and store electrical power, a right nipped in the bud by Spanish legislation as a result of Royal Decree 900/2015. • Preventing the existence of policy developments that include retroactivity, a practice unfortunately used by the different regulatory changes that have taken place in Spain, and which has resulted not only in ruining those who had committed
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