A fondo: Análisis 2017 | In depth: 2017 Analysis FuturEnergy | Diciembre 2017-Enero 2018 December 2017-January 2018 www.futurenergyweb.es 19 solo lo hace más efectivo sino, sobre todo, más participativo y que se apoya en iniciativas como: • Propuestas de abandono de los combustibles fósiles, empezando por la prohibición de circulación de vehículos que utilicen combustibles como el diésel, causante de gran parte de los problemas de contaminación y de enfermedades cardiovasculares que sufren los ciudadanos. • Apuesta por el incremento del grado de autosuficiencia energética, mediante el fomento de la generación distribuida en edificios públicos y en la promulgación de ordenanzas tendentes a apoyar esta práctica. • Regeneración de barrios para introducir criterios de movilidad sostenible (peatonalización, uso de la bicicleta…). Propuestas como la de Barcelona con las “supermanzanas”o la estructuración de Vitoria, son garantía de que las ciudades avanzan gestionando los recursos y manteniendo tanto la cobertura de las necesidades de los ciudadanos como el acervo cultural. • Remunicipalización de la gestión de contratos de suministros básicos. La consideración de que la gestión de los servicios públicos debe ser privatizada para ser efectiva está siendo más que cuestionada, anteponiendo la necesidad de cobertura de servicios frente a su concepción economicista de rentabilidad. • Introducción del vehículo eléctrico. Las facilidades ofertadas, tanto de accesibilidad como de aparcamiento para vehículos no contaminantes, están siendo determinantes para el crecimiento de un parque automovilismo limpio. • La consideración de la energía como un bien básico. La realidad de la lucha para paliar los efectos de la pobreza energética está siendo llevada a cabo por los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, paliando en muchas ocasiones la desidia de las Administraciones Central y Autonómica, que prefieren mirar a otro lado antes de asumir la existencia de focos de pobreza. En España, el compromiso urbano, a pesar de la inacción del gobierno central y de la mayoría de los gobiernos autonómicos, si está asumiendo una consideración de la energía como un bien básico de acceso universal y no exclusivamente como una línea de negocio o de crecimiento económico. Después de un año con un gobierno en funciones, la existencia de una composición parlamentaria favorable a la puesta en marcha de políticas energéticas más sostenibles o cercanas a resolver los problemas de la ciudadanía, abrió una puerta a la esperanza. Pensábamos que con una nueva mayoría se resolverían algunos de los temas pendientes en materia energética como son: la pobreza energética; una regulación equilibrada para el autoconsumo; la incorporación de las renovables aprovechando su competitividad; el pacto político para resolver la pérdida de la seguridad jurídica de los recortes de la retribución de las inversiones renovables; el cierre de la minería del carbón exigido por la Comisión Europea; la definición del futuro de la energía nuclear y de la gestión de sus residuos; o, por qué no, la implementación de una política fiscal que permita ir reduciendo la dependencia de los combustibles importados. Pues bien, ninguna de estas reclamaciones, transcurrido mas de un año de legislatura, han visto la luz, lo que debería hacer reflexionar a los grupos políticos sobre si su estrategia política merece la pena. Desde la Fundación Renovables seguimos trabajando en aunar mayorías, tanto políticas como sociales y empresariales, para que la realidad energética de España esté en línea con lo que el progreso tecnológico permite y con la enseñanza que las ciudades nos están mostrando. Por esta razón, ya en 2014, elaboramos el documento “Ciudades con futuro” y venimos trabajando en una realidad energética cercana al entorno urbano, que permita alcanzar un modelo energético en el que la demanda de energía de la ciudadanía, según sus necesidades, marque las pautas de la oferta. by the urban environment. Cities are taking on a leading role as regards the commitment to energy, with more prominent actions than those being led by the governments of different countries. This commitment, that stems from the 2008 Covenant of Mayors, paves the way for a framework of activity from the demand side, that is not only more effective but also and most importantly, is more participative. Some such initiatives include: • Proposals to abandon fossil fuels, starting by banning vehicle traffic that uses fuels such as diesel, one of the main causes of pollution and cardiovascular diseases suffered by citizens. • Commitment to increased levels of energy independence, by promoting distributed generation in public buildings and by enacting regulations that aim to support this practice. • Neighbourhood regeneration to introduce sustainable mobility criteria (pedestrian areas, use of bicycles…). Proposals including “mega blocks” in Barcelona and the restructuring of Vitoria demonstrate that cities are making progress towards managing their resources, guaranteeing that their residents’ needs are covered while maintaining their cultural heritage. • Bringing the management of basic supply contracts back into the municipalities. The idea that the management of public services must be privatised to be effective is being more than questioned, prioritising the need to cover services over economic feasibility. • Introducing the electric vehicle. The facilities offered in terms of both accessibility and parking for non-pollutant vehicles are becoming a decisive factor for the growth of a clean automotive stock. • Seeing energy as a basic asset. The fight to mitigate the effects of energy poverty is in reality being undertaken by city halls through their social services, frequently offsetting the apathy of the Central and Regional Administrations that would rather look the other way before accepting that sources of poverty actually exist. In Spain, despite inaction from the central government and most regional governments, urban commitment views energy as a basic asset of universal access and not exclusively as a line of business or of economic growth. After a year with an acting government, the existence of a parliamentary composition that favours the implementation of more sustainable energy policies or ones that are closer to resolving the problems of its citizens, has opened up an avenue of hope.We believe that with a new majority, some of the pending energy issues will be resolved. These include: energy poverty; fair regulation for self-consumption; the incorporation of renewables to take advantage of their competitiveness; political consensus to resolve the loss of legal certainty surrounding the cuts in compensation for renewable investments; the closure of coal mining required by the European Commission; the definition of the future of nuclear energy and its waste management; and, why not, the implementation of a fiscal policy that reduces dependency on imported fuel. However, after one term of office, none of these demands has been implemented, which should make political groups consider the merit of their political strategy. The Fundación Renovables continues to work to bring together both political, social and business groups to ensure that the energy reality in Spain keeps pace with technological progress and follows the example set by our cities. For this reason, as far back as 2014, we drew up a paper entitled “Cities with future” and have been working on an energy reality that focuses on the urban environment that will be able to achieve a model in which the energy demand of the citizen, depending on their needs, shapes the way in which it is offered.
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