EN PORTADA 17 Desde hace años lleva siendo necesario que la tarifa refleje y se actualice de forma automática con los costes reales gestión del servicio, incluidas las amortizaciones. Las nuevas directivas europeas, alguna de ellas ya traspuesta al ordenamiento jurídico nacional, obligan a mejorar los procesos de tratamiento y controles a lo largo del ciclo urbano, lo que pasa, sin duda, por un aumento de costes de todos los trabajos que se realizan. Va a ser necesario aumentar la tarifa para cubrir los costes que vienen y los que no se han cubierto años atrás y, por ello, es necesario concienciar a la ciudadanía y a la clase política para que dejemos atrás la tan temida frase en el sector que dice “no podemos tocar la tarifa porque es año de elecciones” o “ya subirá la tarifa el siguiente”. ¿Cree que, a pesar de las lluvias que se están produciendo en los últimos días de mayo y primeros de junio, la sequía ha pasado a formar parte de la agenda pública y del debate ciudadano? ¿Cómo pueden las empresas y asociaciones relacionadas con el ciclo integral del agua hacer llegar de forma más directa las necesidades hídricas del país a las instituciones y administraciones públicas? Ese sería nuestro deseo. Es necesario que el agua esté en la agenda pública, pero nuestra experiencia nos dice que únicamente está cuando hay sequía o conflictos con los trasvases. No tenemos tiempo: España es uno de los países más afectados por el cambio climático y el último informe del IPCC pone de manifiesto los posibles conflictos que pueden derivarse de la escasez de agua. Debemos cuidar nuestro bien más preciado, el agua, porque sin agua no hay población, no hay actividad económica, no hay vida. Las asociaciones estamos en contacto continuo con la Administración. La mesa del ciclo urbano del agua es uno de los grandes ejemplos, donde desde hace algo más de dos años el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se reúne con los actores implicados más relevantes para hablar sobre el agua. Si esa labor ya se está haciendo, ¿qué demandas plantea AEAS a las administraciones públicas con competencias en recursos hídricos para intentar asegurar la disponibilidad de agua a la población y a los sectores económicos que más dependen de este recurso? Fundamentalmente, planteamos las demandas que ya he ido describiendo a lo largo de esta entrevista, a las que podríamos añadir las siguientes, bien conocidas, que vienen siendo reclamadas desde hace tiempo por el sector: • Realización de un mayor esfuerzo inversor sostenido en renovación de infraestructuras. • Avance en la recuperación de costes, conforme a los preceptos establecidos por la Directiva Marco del Agua. • Armonización regulatoria. • Un mayor impulso a la innovación, actualmente realizando un gran esfuerzo en la transformación digital. • Sostenibilidad de políticas. • Consecución de un acuerdo o consenso estatal sobre el agua. n UNA DILATADA CARRERA PROFESIONAL Pascual Fernández, presidente de AEAS tras tomar el relevo de Fernando Morcillo, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de empresas públicas y privadas. Entre otros cargos, fue director ejecutivo del Canal de Isabel II. Asimismo, ha ocupado el cargo de consejero en diversas sociedades públicas y privadas. Fue secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, así como director general de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda. Además, fue director general de Tributos en la Junta de Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. El actual presidente de AEAS también fue decano del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidente primero del Consejo General de Economistas de España. En la actualidad es profesor de Economía Aplicada y codirector de la Cátedra Unesco-URJCUned para el Agua y la Paz. En la actualidad AEAS cuenta con cerca de 300 asociados. Las entidades operadoras integradas en la asociación prestan servicio a más de 35 millones de habitantes en alrededor de 1.700 municipios españoles. “El consumo doméstico se ha reducido en aproximadamente un 13% en los últimos diez años, así como el agua no registrada, que ha disminuido en diez puntos porcentuales” en el mismo periodo
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