29 ha buscado obtener el mejor resultado al mejor precio posible, de ahí que subastara las actuaciones. Con el tiempo la subasta se ha ido matizando y han surgido nuevas formas de contratación y de figuras jurídicas que han venido a dulcificar el principio del riesgo y ventura evitando que el contratista, por el hecho de serlo, tuviera que afrontar situaciones surgidas de acontecimientos ajenos a su voluntad en las que las condiciones del contrato suponían una carga excesiva para él. Hoy se busca conseguir la mejor relación calidad-precio a tenor de criterios objetivos y subjetivos, entre los cuales está la memoria técnica, que dice cómo el oferente va a hacer la obra. De todos es el más importante, sin embargo, no es el mejor valorado, aunque no debiera de ser así. En el fondo de la situación subyace la idea del error humano, cuando no la de la corrupción. La situación ante estos prejuicios se puede solventar con un comité de expertos. Lo que está claro es que la mejor oferta no es la más barata, sino la que cumple la mejor relación calidad precio; idea cuya aceptación sin reservas supondría un paso hacia adelante y evitaría las rescisiones de contratos tan dañinas para el interés público. 2023 está llamado a ser el año en que las administraciones públicas tomen medidas para solucionar la crisis de los precios, una de las cuales, a lo mejor la más inmediata y sin perjuicio de otras, es volver a la revisión de precios de toda la vida, incorporando a las fórmulas el término energía, cuyo precio se ha desbocado a partir de mediados de 2021 y aplicarla a todos los contratos, no solo a los de obras. No es justo que los operadores hayan tomado medidas excepcionales para garantizar el servicio durante la época dura del Covid-19 y que ahora tengan que soportar en solitario unas pérdidas ajenas a su actuación, mientras los poderes públicos se cruzan de brazos y aceptan el lucro que para ellos conlleva esta situación. El año en curso debe ser el año de los desatascos —dicho en términos hidráulicos—, la época en la que al amparo de las inversiones prometidas florezca el sector para evitar el frenazo sufrido en los años pasados en la rehabilitación e incremento del stock de capital público hidráulico, tan necesario para el bienestar social, lo cual le permitirá recuperar su capacidad intelectual y apuntalar su prestigio a nivel internacional. “El agua ha de pagarla el usuario para conseguir que su uso racional y honesto la haga sostenible”, remarca el presidente de Asagua. "La mejor oferta no es la más barata, sino la que cumple la mejor relación calidad precio; idea cuya aceptación sin reservas supondría un paso hacia adelante y evitaría las rescisiones de contratos tan dañinas para el interés público"
RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx