27 Previsiones para el año 2023 en materia de agua El año comienza con el sector en pie de guerra por causa del trasvase Tajo-Segura. Los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027 debieron ser aprobados a finales del pasado año, pero no lo fueron y en lo que respecta al Plan Hidrológico del Tajo está siendo muy contestado, hasta el punto de que la oposición al mismo es, y será, fuente de manifestaciones en las que se pide que no se recorten las aportaciones al trasvase por suponer la pérdida de 27.000 hectáreas de regadío y 15.000 empleos directos. Javier Romero de Córdoba, presidente de Asagua, Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua En verdad se enfrentan la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cedente, y las de Andalucía, Murcia y Valencia que son las cesionarias; la una porque no quiere ceder tanta agua y las otras porque no quieren perderla y todo porque el Plan Hidrológico del Tajo impone unos caudales ecológicos que según el criterio de los partidarios del trasvase son innecesarios. Los motivos de la oposición son muchos, tanto como las alegaciones que se han presentado ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo, entre las que figura el incumplimiento del acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua. Finalmente, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en su dictamen de 19 de enero de 2023, declara que está sujeto a derecho el Plan Hidrológico del Tajo. Las noticias sobre esta pelea se desenvuelven en el ámbito puramente social, muy importante, pero no se cuenta con los aspectos técnicos, lo que trae a colación esta pregunta ¿Quién debe predominar a la hora de planificar, lo científico y técnico o lo político? Parece indudable que los aspectos técnicos han de primar para establecer los recursos y solventar las necesidades, y los políticos en el momento de dar cumplimiento a lo planificado. En el fondo de la cuestión se enfrentan dos opciones: trasvasar o desalar; lo segundo es más caro. Hasta aquí un resumen de la situación del conflicto que en el extremo llegará a los tribunales de Justicia, sobre la cual decimos que es una pena que no haya un mayor y mejor entendimiento para solventar los problemas que, como a cualquier actividad, acechan al agua. La raíz de estas desavenencias es el valor comercial del agua. El agua es un bien imprescindible para la vida; tanto, que sin agua no hay vida, pero tiene un valor que se puede cuantificar. La Directiva Marco del Agua lo ha hecho sentando que es el coste de llevarla a los hogares en óptimas condiciones y de devolverla a la naturaleza bien depurada, incluidos los gastos de primera instalación. Es decir, el agua ha de pagarla el usuario para conseguir que su uso racional y honesto la haga sostenible. Cuestión distinta es la ayuda social a los usuarios que no tienen recursos para pagarla, que una sociedad solidaria debe tener en cuenta. Allá por el año 2015 se produjo un intento de alcanzar un Pacto Nacional por el Agua que, súbitamente, quedó interrumpido. Ese intento obedecía y "Es una pena que no haya un mayor y mejor entendimiento para solventar los problemas que, como a cualquier actividad, acechan al agua"
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