www.futurenviro.es | Febrero-Marzo February-March 2022 39 A fondo: Análisis 2021 | In depth: 2021 Analysis En el año ya vencido, el sector del agua se ha seguido desarrollando bajo el manto de la penuria de los últimos años. La sequía de inversiones y su corolario, los incumplimientos de la Directiva Marco del Agua, han continuado y por tanto seguimos teniendo cuentas pendientes con Europa y pagando multas, sin que aparentemente a nadie le importe ¡He aquí un gran contrasentido! El dinero de las sanciones se podría emplear en ejecutar las actuaciones precisas para evitar los incumplimientos, pero no se hace, así que seguimos pagando. Ahora la pregunta: ¿por qué no se hace? Quizás alguien conozca la respuesta cabal; si es así agradeceremos que se haga pública, mientras tanto seguiremos pensando que a los responsables de la situación lo único que les preocupa es que las cosas sigan funcionando, olvidando de forma consciente, o no, que por mucho esfuerzo que hagan los agentes sociales puede llegar el momento en que el deterioro del patrimonio hidráulico sea tal que todo se venga abajo y con ello el estado de bienestar social; en ese momento se descubrirá que el soberano estaba desnudo y no lo hará un niño inocente, si no la tozuda realidad. Necesidad de la revisión de precios en los pliegos Por si fuera poco, la pandemia ha venido a propiciar subidas excepcionales de los precios de las materias primas, que a su vez se han transmitido a “la bolsa de la compra”, a perturbar el transporte y el marítimo en particular, hasta el punto de que la garantía del suministro en tiempo y plazo es algo que por ahora no se alcanza, pero sí el aumento del precio de los fletes. La subida de precios habida entre los meses de abril de 2020 y diciembre de 2021 ha sido espectacular, así nos lo vienen recordando los medios de comunicación en voz de las distintas asociaciones del gremio de la construcción. En ese periodo el acero subió hasta el 115%, el aluminio el 90%, el cobre el 85, la madera más del 250%, el petróleo llegó al 200% y qué decir de la energía eléctrica que supone en torno al 30% de los gastos de explotación de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Las consecuencias para el sector del agua no se han hecho esperar, las obras se han encarecido alrededor del 30% lo que significa que las empresas están perdiendo dinero y no solo en los contratos adjudicados en 2020 y posteriores, sino también por los contratos anteriores todavía en ejecución. Además, ante la imposibilidad de cumplir los plazos por causa del retraso en los suministros las obras se están paralizando. La situación actual es insostenible y debe remediarse devolviendo a las cláusulas de estabilización, la conocida revisión de precios prácticamente desparecida en la vigente Ley de Contratos del Sector Público, todo su esplendor. Mientras se hace la reforma legal para incluir la revisión de precios en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los poderes públicos deben aprobar una norma que la posibilite en la actualidad; esta es la petición unánime de las asociaciones y organizaciones empresariales. La paralización de las obras conlleva la imposición de sanciones. El conjunto de las subidas de precios y de las suspensiones pueden hacer desaparecer empresas, de hecho, ya está ocurriendo, y en todo caso les obligarán a buscar el amparo de los tribunales para pedir los derechos que les otorga la ley en el caso de modificaciones contractuales, invocando la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus que permite el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por circunstancias sobrevenidas fuera del alcance de las partes, de modo que a una de ellas le resulte imposible o gravoso el cumplimiento del contrato; intervención judicial también necesaria para solicitar la anulación de las penalidades impuestas por el incumplimiento de los plazos. efforts of the companies involved, the time may come when the deterioration of our water assets is such that everything comes asunder, and with it the welfare state. Only then will it become apparent that the king was naked and stubborn reality rather than an innocent child will drive this message home. Need to review tender pricing And if the foregoing was not enough, the pandemic has led to exceptional increases in rawmaterial prices (which in turn have been reflected in the “shopping basket”) and a disruption to transport, and maritime shipping in particular. Guaranteed delivery of supplies on schedule has not yet been restored, while the increase in freight rates remains. Rawmaterial prices soared between April 2020 and December 2021, as a number of construction trade associations have been reminding us through the media. In that period, steel rose by 115%, aluminium by 90%, copper by 85%, wood by more than 250% and oil by 200%. And what can be said about electricity, which accounts for around 30% of the operating costs of a wastewater treatment plant (WWTP). The consequences for the water sector have been felt very quickly. The costs associated with construction projects have increased by around 30%, which means that companies are losing money, not only on contracts awarded in 2020 and beyond, but also on earlier contracts currently still being executed. Moreover, due to the impossibility of meeting the deadlines because of supply delays, works are coming to a standstill. The current situation is unsustainable and must be remedied by restoring the stabilisation clauses (i.e., the contract price reviews that have practically disappeared with the current Public Procurement Act) to their previous status. While the legal reform is being carried out to include price reviews in specific administrative terms and conditions, the public authorities must pass a regulation to make this possible now. This is the unanimous request of trade associations and organisations. When construction works grind to a halt, the result is the imposition of penalties. The combination of rising prices and disruptions to construction work could lead to companies going bankrupt, something that is already happening. In any case, this situation will force companies to seek the protection of the courts to defend the rights granted to them by law in terms of contractual modifications and call for the application of the rebus sic stantibus clause. This allows for the re-establishment of the economic equilibrium of the contract when circumstances outside the control of the parties make it impossible or extremely damaging for one of them to fulfil the contract.
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