www.futurenviro.es | Noviembre-Diciembre November-December 2021 86 Desalación | Desalination primero una Resolución de Calificación Ambiental favorable (RCA), la cual puede demorar en promedio de uno a un año y medio, pero en algunos casos ha demorado tres años o más. Debe considerarse que la RCA favorable tiene una vigencia de cinco años para dar inicio a las obras, por lo que si se vence el plazo de vigencia por impugnaciones comunitarias, modificaciones al proyecto o no obtención de los permisos sectoriales, entonces debe volver a tramitarse. Las impugnaciones de terceros, que pueden ser comunidades no consultadas pero que se perciben a sí mismas como afectadas, abren un abanico de posibilidades en dilaciones que pueden resolverse mediante reclamaciones o invalidaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental y Tribunales Ambientales, o mediante recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema de Justicia. En estas circunstancias, resolver los recursos presentados contra la RCA podría demorarse 3 o 4 años. “La RCA es el principal permiso pero no es el único” agrega Zegers, puesto que también se requieren tramitar concesiones marítimas y permisos ambientales sectoriales, entre los que son más comunes el de pesca de investigación, el de descargar o introducir materias o sustancias peligrosas al agua y el de construcciones de obras hidráulicas. Recién entonces, luego de todo este periplo burocrático, es que puede iniciarse la construcción de la planta desaladora. No obstante, las incertidumbres normativas no acaban con la tramitación de los permisos, sino que se extienden a otros aspectos como la ubicación de la planta. La normativa exige que el sitio conjugue la menor afectación al medio marino, la seguridad del funcionamiento ante eventos como tsunamis o sismos y la compatibilidad con la planificación territorial en consideración a las otras actividades de la zona. Entonces, a falta de este ordenamiento territorial, muchas veces las construcciones de las plantas terminan haciéndose lejos de la demanda del recurso, lo que incrementa las áreas de afectación por servidumbres que requiere el paso de las tuberías. “No existe un uso específico para las plantas desaladoras - contemplados por los instrumentos de planificación territorial – y terminan instalándose en zonas rurales lejanas a los centros de consumo”. Además, el titular debe considerar el tiempo y recursos necesarios para la negociación por servidumbre (que es el título que le autoriza a usar el predio de un tercero) por donde pase dicha tubería. Esto por si se trata de predios de terceros privados, o los permisos de paralelismos y atravieso de bienes nacionales de uso público, puesto que la desalación, a diferencia de los servicios eléctricos o sanitarios, no tiene el derecho de imponer la servidumbre. Relación con las comunidades Las consultas ciudadanas son obligatorias en los casos de Estudios de Impacto Ambiental y voluntarias para los casos de Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, un proceso de socialización escueto como el que existe actualmente trae consigo el peligro de impugnación posterior de la RCA, por lo que la abogada recomienda que este acercamiento entre los titulares del proyecto y las comunidades not consulted but perceive themselves as affected, open up a range of possibilities for delays that can be resolved through claims or over-rulings by the SEIA and Environmental Courts, or through appeals for legal protection before the Court of Appeals and then the Supreme Court of Justice. In these circumstances, resolving appeals filed against the RCA could take 3-4 years. “The RCA is the main permit but it is not the only one,” adds Zegers. Maritime concessions and sectoral environmental permits are also required. The most common such permits are fisheries research permits, permits to discharge or introduce hazardous materials or substances into the water, and permits for the construction of water infrastructures. It is only after all this bureaucracy, that construction of the desalination plant can begin. However, regulatory uncertainties do not end with the processing of permits. The uncertainties extend into other areas such as plant location. The regulations require the site to combine the least impact on the marine environment, safe operation in the case of events such as tsunamis or earthquakes, and compatibility with spaces planned for other activities in the area. Therefore, in the absence of territorial planning permission, plants often end up being built far from where the resource is in demand, meaning that more areas are affected by easements required for the passage of pipelines. “Territorial planning instruments do not have a specific classification for desalination plants and they end up being built in rural areas far from the centres of consumption”. In addition, the owner must bear in mind the time and resources necessary for the negotiation of the easement (which authorises the use of a third party’s property) for the property through which the pipeline passes. This is true in the case of private third party properties, or permits for installing pipelines that run alongside or go through national public property, since, unlike electricity or sanitation services, easements cannot be imposed for desalination applications. Community relations Public consultations are mandatory in the case of Environmental Impact Assesments and voluntary in the case of Environmental Impact Statements. However, the brevity of
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